Nueva oportunidad perdida para el profesorado

El pasado mes de abril, el Gobierno anunciaba la aprobación y posterior remisión al Congreso de un proyecto de ley destinado a reducir el número de alumnos por aula, así como las horas lectivas del profesorado en la enseñanza no universitaria. La justificación de esta medida queda avalada, según el propio Gobierno, por la necesidad de corregir las desigualdades existentes entre comunidades autónomas y lograr el «bienestar docente y la innovación educativa».

Resulta difícil, en teoría, oponerse a una medida que, sobre el papel, conducirá a una menor presencia de alumnos en cada clase y, por tanto, a una atención más personalizada por parte del profesorado. Además, permitirá impartir menos horas de docencia a la semana y dedicar más tiempo a la preparación de las clases y a otras tareas vinculadas a su permanencia en el centro.

La cuestión, además de exigir un análisis riguroso que acredite el impacto real que esta medida puede tener sobre el rendimiento de los alumnos y sobre la reducción del abandono educativo, reside también en el terreno sombrío que, como ocurre con gran parte de la normativa impulsada por el actual Gobierno, esconde un planteamiento ideológico al que el Partido Socialista parece incapaz de renunciar.

Si no es así, alguien deberá explicar, en primer lugar, por qué, si esta reforma es tan beneficiosa para los profesores y para el conjunto del sistema, desde su redacción inicial se establece una distinción entre profesores de primera y de segunda. Así es como se trata a los docentes que imparten clase en centros concertados, también sostenidos, aunque parcialmente, con fondos públicos. ¿Cuál es la razón para que estos profesores no puedan ver reducida también su carga lectiva y, por tanto, para que los alumnos que opten por acudir a un centro concertado no puedan beneficiarse de la enseñanza personalizada por la que sí apuesta el Gobierno en los centros públicos?

Haría bien el Ministerio de Educación en repasar la doctrina del Tribunal Constitucional, que en diversas sentencias de 2016 se pronunció sobre la jornada lectiva de los profesores en «centros públicos y sostenidos con fondos públicos».

En segundo lugar, observar a estas alturas de la legislatura la defensa que desde el Ministerio de Educación se hace del desarrollo de una normativa básica resulta, cuanto menos, llamativo. Si algo ha deteriorado la cohesión y vertebración del sistema educativo español han sido las políticas educativas socialistas. Desde los currículos hasta una EBAU en la que solo la firmeza y el sentido de Estado de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han comenzado a frenar la deriva rupturista del actual Gobierno.

Deberían saber los responsables ministeriales que el acceso a la profesión docente y el desarrollo de la misma constituyen normativa básica y, por tanto, competencia del Estado. No porque se haya decidido en este momento, sino porque garantiza el desarrollo de un derecho fundamental como es el derecho a la educación, situado por el constituyente en el Título I de la Constitución, «De los derechos y deberes fundamentales».

Sería bueno conocer también qué opinión merece este proyecto de ley a los socios independentistas y secesionistas del Gobierno. Quizá lo que representa esta iniciativa no sea más que una pequeña maniobra destinada a ocultar la inoperancia que el actual Ejecutivo ha demostrado en materia educativa.

Escuchar a la nueva ministra de Educación —ya van tres— afirmar que esta «iba a ser la legislatura del profesorado» produce un profundo sonrojo. La realidad es que los docentes deberían disponer hoy de una ley que recogiera, entre otras cuestiones, un estatuto capaz de abordar de manera integral sus demandas y necesidades.

La LOMLOE asumía el compromiso de que, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, los docentes dispondrían de una ley específica. Seis años después, la ley ni está ni se la espera.

La política educativa de este Gobierno está construida a base de retales. Pequeños remiendos que esconden la incompetencia de quien carece de un verdadero proyecto educativo para España. Las actuaciones gubernamentales relativas al profesorado no iban a ser una excepción. El proyecto de ley que presenta ahora el Gobierno responde más a una política de «fuegos de artificio» que a un análisis profundo de la situación real del profesorado y de la necesidad urgente de acometer reformas cuyo impacto revierta de manera inmediata en los alumnos.

A lo largo de los sucesivos artículos publicados en esta sección se ha abordado de forma directa y sin complejos la necesidad de que, en el marco de las transformaciones que requiere el conjunto del sistema educativo, el profesorado, como piedra angular del mismo, reciba un trato prioritario.

Desde que, en 2008, el añorado Eugenio Nasarre y el profesor López Rupérez plantearan la necesidad de reformar el acceso a la profesión docente, así como la formación inicial y el diseño de una verdadera carrera profesional, han sido numerosas las ocasiones en las que distintas instituciones y expertos han señalado esta cuestión como la gran asignatura pendiente para mejorar la calidad del sistema educativo. El Partido Socialista siempre se ha opuesto.

El sistema educativo español, y el profesorado de manera específica, merecen una auténtica «Ley reguladora de la profesión docente». Una ley que aborde de manera integral la formación inicial, el acceso posterior, la formación permanente y la carrera profesional. Una norma que reconozca la magnitud de la tarea que desempeña el profesorado, sin discriminaciones y pensando únicamente en que cada día miles de familias depositan, depositamos, en ellos la confianza para ofrecer la mejor formación a lo que más queremos: nuestros hijos.