Sánchez quitó los 310 millones de Educación para pagar a 499 'enchufados' que ahora intenta esconder

La educación es muy importante para Pedro Sánchez, al menos de palabra, pero no de hecho: desvió 310 millones de euros del Ministerio para pagar, entre otros, al cerca de medio millar de asesores elegidos a dedo por el Ministerio de Presidencia y, además, desafía ahora a la ley y se niega a atender la orden que le obliga a revelar a cuántos nombró directamente el propio presidente en persona, quiénes son, a qué se dedican y cuánto cobran.

El dispendio en «asesores» es, junto al Falcon y La Mareta, el estigma que más persigue a Sánchez, hasta el punto de priorizar el gasto en ellos sobre la propia educación pública, lastrada como todas las áreas de Gobierno por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado en toda la legislatura, un caso único entre las democracias occidentales.

Y a ese derroche se le añade una opacidad sin precedentes que El Debate desmonta hoy con resoluciones legales en contra de La Moncloa y en favor del derecho a saber. En concreto, imponen a Presidencia la obligación de dar todos los detalles de ese ejército de «colocados» que han convertido la Presidencia en un laboratorio de estrategias y decisiones al servicio exclusivo del líder socialista.

La historia es compleja, pero tiene un comienzo. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se ha convertido en uno de los principales portavoces del Gobierno contra los jueces. Además de criticar al juez Peinado por investigar a la esposa del presidente, Begoña Gómez, también se lanza contra el Supremo por la ley de amnistía para intentar mantener a Junts en su terreno y avanzar en una agenda legislativa que lleva muerta la mayor parte de la legislatura.

Dos ejemplos de cómo el ‘todopoderoso’ ministro ignora y cuestiona a las esferas judiciales; pero existen más muestras, como los documentos en poder de El Debate en los que constata cómo Bolaños reconoce tener en su ministerio al menos 12 altos asesores designados a dedo con el nivel 30, el máximo de la AGE.

Bolaños, forzado por una resolución firme ganada por este periódico en su defensa del derecho a informar, ha hecho finalmente entrega de sus nombres, pero esconde cuánto dinero ha pagado a cada uno desde que los contrató pese a su obligación legal de hacerlo. El Ministerio de Presidencia ha remitido un documento, firmado por el subsecretario de Presidencia, Alberto Herrera, el pasado 18 de octubre, en el que adjunta un anexo conformado por los nombres de todos los asesores contratados a dedo en el Ministerio de Presidencia desde 2018. Eso sí, excluyendo a todos los que dependen directamente de Moncloa.

En total, aparecen los nombres de 75 personas que, durante más o menos tiempo, han formado parte de la camarilla más cercana a los diferentes ministros que han ocupado el cargo desde 2018, de los que, según el listado remitido por Presidencia, 12 permanecen actualmente en activo o, al menos, no ha remitido fecha de cese.

Pero esta confesión de Bolaños no ha sido por iniciativa propia, sino que, tal y como desveló este periódico, fue el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el que le obligó a hacerlo público en su resolución 2025-0762, del 20 de junio de 2025, amparando la labor informativa de este periódico, pues la mano derecha de Sánchez lleva ocultando este listado desde que fuera cuestionado por ello en febrero del año pasado.

Sin embargo, tras este mandato legal, siguió sin cumplir e incluso, según los juristas consultados por este periódico, incurrió en «fraude de ley», pues, empeñado en que no trascendiera la lista de asesores de alto rango y de libre designación, que pueden alcanzar el nivel 30, el máximo en la Administración Pública, se sacó de la chistera una nueva maniobra legal: dar audiencia a los afectados para dilatar plazos, tal y como publicó este periódico.

No obstante, el Ministerio sigue sin cumplir de forma concreta una de las cuestiones planteadas por este periódico: la relacionada con los salarios percibidos por estos asesores desde que Sánchez llegó a Moncloa, pues, pese a que el CTBG le había obligado expresamente a explicar las «retribuciones anuales brutas de cada uno de ellos desde el inicio de su contratación», el escrito de Presidencia únicamente alude a que «las mismas se calculan en función del nivel de los puestos desempeñados. En el caso que nos ocupa, dado que no hay puestos de nivel 29, las retribuciones son las que corresponden a nivel 30».

Además, añade que en la citada RPT «contiene el complemento específico anual por el que se retribuye cada puesto de trabajo, incluyendo el del personal eventual con nivel 30 anteriormente señalado», pero esta cantidad es variable en función del año y de la persona contratada, por lo que resulta imposible hacer un cálculo real de cuánto ha desembolsado el ministerio en todos estos años.

Aun así, para intentar solventar el trámite explica que «el resto de los conceptos que componen las retribuciones anuales del personal eventual del departamento son también de acceso público y se contienen en la Leyes de Presupuestos Generales del Estado», aunque son datos globales anuales que impiden conocer este dato de forma precisa. Por ello, los servicios jurídicos que asesoran a este periódico en materia de transparencia adoptarán las medidas legales pertinentes para que el Gobierno cumpla con sus obligaciones y revele la cantidad real que destina a sus asesores.

Además, esta cuestión toma una mayor relevancia después de que el Consejo de Ministros diera luz verde este mes de julio a una nueva transferencia de crédito por importe de 309.840.377,20 euros, desde el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes «para financiar insuficiencias en el capítulo 1 de 'Gastos de personal'».

Bolaños reincidente: acumula una segunda resolución que le obliga explicar cuánto cobran sus asesores

Estas tretas para esconder quiénes son las personas de más absoluta confianza en el seno de Presidencia son habituales en el Gobierno y otra prueba de ello es que Bolaños acumula un segundo mandato al respecto: la resolución del Consejo de Transparencia 2026-0530 dictada por el organismo este 20 de mayo.

En ella, se obliga al Ministerio de Presidencia a facilitar el «nombre de los asesores contratados a su disposición con nivel superior a 28 (…) desde el año 2018 hasta la actualidad y retribuciones anuales brutas de cada uno de ellos desde el inicio de su contratación», una vez que ni siquiera se dignó a contestar a los requerimientos remitidos desde el CTBG.

Sin embargo, el Gobierno se resiste a cumplir, pese a que el organismo independiente encargado de velar por la transparencia de las instituciones públicas ya ha dejado claro que «lo solicitado tienen la naturaleza de información pública» y que, por tanto, tiene que cumplir con la ley. Es más, el propio CTBG ya ha recordado al ministro «la necesidad de dar cumplimiento a lo señalado en la parte dispositiva de la resolución», por lo que, de no hacerlo, los servicios jurídicos que asesoran a El Debate en esta materia tomarán las medidas legales oportunas para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, ya que el ministro ha vuelto a incurrir en desacato, puesto que ya ha excedido el plazo marcado para cumplir con sus obligaciones.

Pedro Sánchez: la corte del rey Faraón

Esta resolución se suma a otra desvelada por 'El Análisis: Diario de la Noche', en Telemadrid, por la que también se obligaba a Moncloa a hacer pública la «relación de asesores contratados por Presidencia de Gobierno a fecha actual (noviembre de 2025), con especificación del nivel de cada contratado», sin que, de momento, haya cumplido con sus obligaciones.

Es decir, de todos los contratados a dedo por el propio presidente «en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.»

Los perfiles y su retribución pueden ser muy variados: desde conductores, servicios limpieza y limpieza, hasta servicio de restauración, pasando por el de traducción e interpretación, imagen y sonido o, por poner un ejemplo, dirección de cocina, sin olvidar aquellos asesores con nivel 30 que están para atender las cuestiones presidenciales de la máxima confianza y discreción.

Su nombramiento y cese son libres; cesan automáticamente cuando cesa la autoridad que los nombró y su experiencia no cuenta como mérito para acceder a una plaza de funcionario de carrera.

No obstante, estas obligaciones en materia de transparencia no se circunscriben únicamente al ámbito de sus asesores, sino que también es aplicable a otros asuntos, como la cantidad de dinero en metálico procedente de las arcas públicas que ha manejado Sánchez en los últimos tiempos.

El presidente debería haber remitido a El Debate la «relación de pagos en metálico efectuados desde el año 2022 con especificación de la cuantía de cada pago, beneficiario (…) y motivo por el cual se efectúa cada pago», tal y como ordenaba la resolución 2026-0129, dictada el 6 de febrero. Sin embargo, meses después de que expirase el plazo para hacerlo, Sánchez sigue en silencio, por lo que según fuentes jurídicas consultadas «Moncloa será demandada ante su desobediencia pertinaz, habiendo sido requerida a tal fin según dispone la normativa reguladora».