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La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes Milagros TolónEFE

El Consejo Escolar del Estado pide endurecer más el nuevo decreto que frena la FP online

Según el CEE, el texto del decreto debería aplicarse a la FP concertada y contemplar auditorías anuales y la obligación de reinvertir al menos un 20 % de los beneficios en equipamiento, instalaciones y formación docente

El Consejo Escolar del Estado (CEE) aboga por endurecer más el nuevo decreto que está a punto de aprobar el Gobierno para frenar la Formación Profesional online y pide elevar el porcentaje de horas presenciales obligatorias en la modalidad virtual y ampliar a tres las familias profesionales completas para evitar que la red privada seleccione solo los ciclos más rentables.

Según las enmiendas aprobadas por la Comisión Permanente del CEE a las que ha tenido acceso Efe, el texto del decreto –que ya requiere de hasta un 39 % de presencialidad en títulos online– debería aplicarse también a la FP concertada y contemplar auditorías anuales y la obligación de reinvertir al menos un 20 % de los beneficios netos en equipamiento, instalaciones y formación docente.

Son propuestas sindicales que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha recibido y está analizando. Algunas fuentes presentes en el Consejo Escolar no descartan a Efe que puedan incluirse en el último texto que se llevará al Consejo de Ministros antes de las elecciones generales, una vez que el decreto haya pasado ya por la Conferencia Sectorial de Educación con la ausencia de las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

Y es que el Consejo Escolar del Estado elaboró una ponencia favorable al decreto, que estima «muy positivamente» tanto el establecimiento de una actividad lectiva presencial obligatoria, como el ratio de alumnos por docente y los criterios de autorización: «garantiza el cumplimiento de unos estándares de calidad y una homogeneización básica en todo el Estado», señala ese dictamen.

No obstante, la mayoría del CEE donde está representada toda la comunidad educativa (pública, privada y concertada) pide ampliar la oferta presencial, prohibir explícitamente la subcontratación docente para que el 100 % de la plantilla esté bajo el Régimen General de la Seguridad Social y eliminar las prácticas formativas en empresas vinculadas societariamente al centro privado.

Asimismo, en las enmiendas al texto se propone reservar al menos un 5 % de las plazas autorizadas en centros privados para alumnado con discapacidad o en situación de vulnerabilidad e incluir explícitamente con garantías el acceso al alumnado de zonas rurales, especialmente a través de modalidades virtuales y semipresenciales.

En cuanto a la duración y vigencia de las autorizaciones el CEE propone fijar un periodo de vigencia mínimo de 4 años para las autorizaciones administrativas y la obligación de presentar memorias bianuales para evaluar la viabilidad y el cumplimiento de los requisitos.

También que los centros privados de Segunda Oportunidad sean obligatoriamente sin ánimo de lucro. «La expansión del Sistema de Formación Profesional y la pluralidad de centros, ofertas y modalidades que lo integran hacen necesario reforzar las garantías comunes de calidad, de forma que su crecimiento tenga lugar bajo criterios homogéneos suficientes en todo el territorio y con pleno respeto al ámbito competencial de las administraciones correspondientes», señala el Consejo Escolar.

Por otra parte, la CEE rechazó las enmiendas a la totalidad que presentaron las patronales CEOE, CEPYME y ACADE y que alegaban imposición de cargas organizativas, económicas y de dimensión «excesivas» y que «restringían la libertad de creación de centros y la libertad de empresa».

Necesidad de recursos para bajar ratios

El otro decreto pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros y que también ha pasado ya por el Consejo Escolar del Estado es el que bajará las ratios en las aulas de 0 a 3 años (4 bebés en aulas de menos de 1 años, 6 entre uno y dos años y 8 en aulas de dos a tres años). También contempla bajar ratios en segundo ciclo de infantil (20 alumnos por aula) y Bachillerato (30 alumnos por clase).

El Consejo Escolar ha emitido un dictamen favorable pero lanza una advertencia: «precisará de un incremento de recursos humanos y materiales». La norma establece un calendario progresivo de implantación de la reducción de ratios que en caso del primer año del primer y segundo ciclo de Infantil y del alumnado con necesidades educativas especiales que contará doble, empezaría a aplicarse el curso que viene.

El CEE «insta a las administraciones educativas a aumentar, en su ámbito de competencia, el presupuesto destinado a educación, para que haga posible la aplicación de estas medidas» y en su ponencia también propone que la reducción de ratios se extienda progresivamente a todas las enseñanzas obligatorias (Primaria y ESO).