25 de septiembre de 2022

Irene Montero

Irene Montero

Señalamiento en hospitales públicos

Temor en los médicos a las listas negras de Podemos contra objetores al aborto

«Regular la objeción de conciencia», un Derecho Constitucional básico, está en la mente de la ministra Irene Montero

‘Listas negras’ rellenadas con los nombres y apellidos de los médicos que no practican abortos en los hospitales públicos. Este es uno de los puntos más conflictivos de la reforma de la Ley del Aborto que quiere impulsar el Ministerio de Igualdad. Irene Montero, política de Unidas Podemos, ha planteado incluso de forma explícita «regular la objeción de conciencia»; un Derecho Constitucional básico que, ahora, podría verse recortado. La reacción a esta reforma entre el colectivo médico es de «preocupación», incluso «temor». Así lo sostiene Manuel Martínez Sellés, excelente conocedor del sentir de la profesión médica desde su condición de cardiólogo, catedrático universitario y presidente del Colegio de Médicos de Madrid.
«La objeción de conciencia es un Derecho Fundamental, y hay que escribirlo con mayúsculas, porque no solo está recogido en la Constitución Española, sino también en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Además, el Tribunal Constitucional ya ha dictado que la objeción de conciencia, precisamente por ser un Derecho Fundamental, no admite legislación alguna que venga a acotarlo o restringirlo», señala el doctor Martínez Sellés en declaraciones para El Debate.
El presidente de este colegio profesional, el mayor de toda España en su ramo, dado que representa a sus más de 42.000 doctores colegiados, recuerda que el código deontológico médico vigente garantiza la objeción de conciencia para que los médicos puedan ejercer su profesión con plena libertad. «Conviene también acordarse de que el Comité de Bioética, en un informe publicado el pasado junio, ha declarado la fundamental inviolabilidad de este Derecho», remarca el presidente de los médicos madrileños.
El 87% de los abortos en España se realizan fuera de los hospitales públicos, dado que la práctica totalidad de los médicos que allí trabajan objetan motivos de conciencia para no realizarlos. Montero pretende regular la objeción de conciencia de estos doctores para que «no esté por encima del derecho a decidir sobre su cuerpo» de las mujeres y que estas puedan realizar un aborto en «un hospital público, cercano a su domicilio, eligiendo el método y con todas las garantías para sus derechos». Sin embargo, el llamado 'derecho al aborto' en la práctica no está siendo limitado, ya que todas las mujeres que quieren abortar son derivadas, sin coste alguno, a clínicas privadas cercanas donde se les practica la interrupción voluntaria del embarazo.

Cada vez menos médicos dispuestos

«Esta propuesta de reforma de ley hay que entenderla en este contexto previo de alta objeción médica. Muchos creen que la reforma es un globo-sonda que busca molestar a la profesión», reflexiona Martínez Sellés, al tiempo que señala a los propios pacientes como personas que también resultan dañadas con este proyecto de reforma. «Una persona enferma siempre querrá que el médico que la atienda actúe con plena libertad, en conciencia, sin coacciones implícitas o explícitas. Así queda garantizado que el doctor siempre hará lo que piense que es mejor para su paciente», precisa el presidente de colegio médico madrileño.
El impacto de unas ‘listas negras’ que podrían dañar carreras profesionales también afectaría, por tanto, a la relación de confianza entre doctor y enfermo. «Aquí entramos ya en el terreno de las discriminaciones objetivas. Los listados tienen carácter intimidatorio. Por ejemplo, podrían llegar a sacarse plazas en hospitales públicos para médicos que no estén en listas de objetores. Y por mucho que se asegure que la confidencialidad está garantizada, bastaría un cambio en el gobierno autonómico de turno para que la lista guardada en una consejería pase a manos de otro partido político, o de quien sea», apunta el doctor Sellés.
El análisis de Nicolás Jouve de la Barreda, catedrático emérito de Genética de la Universidad de Alcalá de Henares, apunta en similar dirección. «Este proyecto de reforma de ley es lo contrario a lo que señala la deontología médica, que desde el primer artículo al último es una defensa de los derechos de la vida y de la praxis médica, que consiste en curar, prevenir y sacar a delante. Ahora pretenden obligar a los médicos a que se registren, aunque no quieran hacerlo. Lo lógico sería hacer justo lo contrario, es decir; que se registren aquellos que quieren hacerlo», señala el científico y docente. El catedrático Jouve ve esta reforma como una «nueva vuelta de tuerca» que avanza hacia «una especie de dictadura» que va «en contra» de la conciencia de los médicos.
Fuera de Madrid también se ha extendido la preocupación ante la reforma anunciada por la ministra Montero. Chano Vidán, presidente del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña, señala para El Debate que «modificar algo que tiene que ver con la conciencia de una persona y un profesional, lógicamente, no nos parece buena idea». Vidán apunta que «una cosa es que ciertos supuestos de regularicen, pero otra es la objeción de cualquier profesional a hacer una actividad o práctica que vaya en contra de la conciencia; esto es sagrado y, por tanto, intocable». Querer limitar la objeción de conciencia, «sea por parte de quien sea», con la normativa actual no es «ni correcto ni legal», reflexiona el médico gallego.

Críticas de Vox, recuso del PP

Lourdes Méndez Monasterio es la portavoz en temas de igualdad de Vox en el Congreso de los Diputados. En su análisis de la propuesta de la ministra Montero, señala que «en los hospitales públicos son pocos los que se dedican a realizar abortos. No nos parece la solución más lógica presionar a los médicos con listas de objetores de conciencia, con las que luego podrán verse penalizados. En la profesión médica, los actos propios son el cuidado de la salud y salvar vidas. En todo caso, deberían hacerse listas con aquellos que sí quieren realizar abortos», declara Méndez Monasterio para El Debate.

La iniciativa de listas negras de objetores al aborto está siendo impulsada gracias a un precedente: la Ley Orgánica de Regulación de Eutanasia, aprobada el pasado mes de marzo por el Gobierno de Pedro Sánchez, que incluye en su mismo texto la posibilidad de objeción de conciencia para los médicos. Eso sí, encargándoles a las Administraciones sanitarias que elaboren un registro autonómico para los profesionales que quieran objetar. La ley de eutanasia socialista 3/2021 pide que haya un registro de médicos para que Sanidad «conozca los recursos que tiene a su disposición con el objeto de poder dar la prestación».

50 diputados del Grupo Parlamentario Popular han tramitado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de la Eutanasia. El Tribunal Constitucional ha emitido un dictamen señalando que se ajusta al derecho. Su único apunte es que la consulta de las listas tiene que ser proporcionada, es decir, «que no se pueden curiosear, son totalmente íntimas y sirven para la organización», precisa Felipe Trillo Taboada, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, en declaraciones para este periódico.
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