13 de agosto de 2022

Editorial

Un derecho constitucional intocable

Lo menos que cabe pedir ahora es que los partidos opuestos a esta cultura de muerte que prima en el actual Gobierno de la nación se manifiesten sin ambajes contra la iniciativa de Irene Montero

El sectarismo con el que el socio minoritario del Gobierno está marcando está legislatura ha llegado ahora de forma grave a afectar a los profesionales de la medicina. La última iniciativa inaceptable de la ministra Irene Montero es la de limitar la capacidad de objeción de conciencia de los médicos en la práctica del aborto. Es decir, se quiere obligar a los médicos –que necesariamente han practicado el juramento hipocrático– a acabar con la vida de seres vivos en gestación. Se quiere obligar a matar. Y se hace por una vía indirecta: se quiere publicar un listado de los médicos que hacen objeción de conciencia a la práctica del aborto.
La libertad de conciencia no consiste en proclamar a los cuatro vientos tus ideas, sino en no ser señalado por tenerlas. Y eso es exactamente lo que pretende la ministra Montero: poner en el punto de mira a todos los médicos contrarios a la práctica del aborto para que puedan ser identificados por quienes discrepen con esa persona y coincidan con Irene Montero.
La realidad a día de hoy es que en España el aborto libre y gratuito es una realidad indiscutible. En las pocas provincias españolas en las que no hay médicos dispuestos a ejecutar un aborto -en su pleno derecho en función de su conciencia- la sanidad pública garantiza el traslado de las mujeres que lo reclaman a provincias limítrofes para practicar la extracción del bebé gestante que va a morir. Todo con cargo a los impuestos que pagamos todos los españoles. También los que sienten su conciencia violentada por la pérdida de esas vidas.
El problema con esta cuestión de conciencia es que llueve sobre mojado. Ya el pasado mes de marzo se hizo listados similares con los médicos que se niegan a practicar la eutanasia. Y no hubo suficiente manifestación de oposición por parte de las fuerzas políticas que dicen no estar en sintonía con el Gobierno. Lo menos que cabe pedir ahora es que los partidos opuestos a esta cultura de muerte que prima en el actual Gobierno de la nación se manifiesten sin ambajes contra la iniciativa de Irene Montero. La inmensa mayoría del colectivo médico sin duda premiará a quien lo haga. Nadie quiere perder la libertad de conciencia que es un derecho constitucional intocable.
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