Así no se gestiona la inmigración, solo se aumenta el problema
Pedro Sánchez vuelve a convertir un asunto muy delicado en una mercancía barata para sus cambalaches políticos
El Gobierno ha decidido imponer, por cauces poco democráticos y por una imposición de uno de los partidos a los que Pedro Sánchez le adeuda la Presidencia, la regularización insensata y precipitada de 500.000 inmigrantes residentes en España de manera irregular.
El procedimiento seguido ya es, de entrada, inaceptable: asumir la exigencia de Podemos para intentar mantener su respaldo y, ante la falta de mayorías parlamentarias necesarias para aprobar la medida por los cauces establecidos, dar luz verde mediante un Real Decreto reservado para medidas excepcionales y no para compensar la falta de fuerza de un Ejecutivo.
Pero el fondo tampoco mejora. Porque todas las regularizaciones previas, impulsadas tanto por el PSOE cuanto por el PP, se aprobaron en el Congreso, con unos límites, unas condiciones y un contexto que ahora no existen: se vincularon a una integración consolidada y a una relación laboral que ahora, simplemente, desaparecen.
En este caso, se naturaliza a medio millón de personas sin tener en cuenta su realidad laboral y su asentamiento en España, dos causas que sin duda lo harían legítimo, pero aquí se desvanecen: con que presenten un recibo, demuestren cinco meses de presencia y hagan una declaración de ausencia de antecedentes penales, será suficiente.
Y eso es irresponsable, pues no tiene en cuenta el origen ilegal del fenómeno, la entrada irregular en un país, ni la capacidad de absorción por el sistema público de una ingente cantidad de ciudadanos con derechos de repente reconocidos, pero sin obligaciones claras asumidas.
¿Alguien se ha preocupado por estudiar cómo impactará en la educación o sanidad públicas este inmenso crecimiento de usuarios? ¿Se han tomado la molestia de valorar el coste? ¿Cómo se piensa incorporar al mundo del trabajo a personas que, por muy regularizadas que estén de repente, quizá no tengan recursos para vivir con normalidad y se conviertan en usuarios de servicios asistenciales ya casi colapsados?
Son demasiadas las preguntas y no pocos los riesgos como para que algo tan importante se haga, una vez más, hurtándole al Parlamento un debate serio y, al asunto, un estudio riguroso que calibre los efectos de ahondar en una línea ya muy preocupante: la de redoblar el efecto llamada, un desastre ya vigente que solo sirve para alimentar a las redes mafiosas, promover el traslado de seres humanos, aumentar la marginalidad y empeorar las tasas de delincuencia.
La humanidad no consiste en recibir a todo aquel que quiera venir, sino en hacerlo con aquellos que pueden integrarse de verdad en un ecosistema económico, social, cultural e histórico sustentado en valores como la igualdad, la libertad y la ley, para que consoliden ese modelo de Estado y ayuden a mantenerlo.
Las políticas migratorias no pueden ser otra moneda de cambio de las que acostumbra a usar Sánchez para ganarse el respaldo efímero de nadie. Y tampoco pueden encerrar ningún tipo de cálculo político mediocre, sea alimentar a futuro un censo electoral más benévolo o alentar la protesta ciudadana para movilizar a los propios con ese mantra absurdo de que hay que frenar a la «ultraderecha xenófoba». Qué poca seriedad, una vez más.
