Sánchez, contra la libertad, el periodismo y la crítica

El Consejo de Ministros ha aprobado una reforma de la legislación sobre el derecho a la rectificación que, pendiente aún de su incierta validación en el Congreso de los Diputados, es un ataque a la libertad de información y una burda manipulación del objetivo saludable de esa herramienta para, en realidad, calificar de falso todo aquello que le perjudica.

Ya de entrada, es inaceptable que un Gobierno caracterizado por la difusión de mentiras contumaces y la amplificación de todas ellas a través de un ente público sumido en el descrédito y la propaganda como RTVE se pretenda erigir, a la vez, en reserva moral de la decencia, la transparencia y la verdad informativa.

Sánchez, en persona, ha mentido reiteradamente a la ciudadanía sobre todo y sobre todos; encabeza el Gobierno menos transparente de la historia; acumula varapalos legales y judiciales sin precedentes, se ha convertido en una auténtica factoría de bulos y, lejos de asumir las consecuencias de todo ello, ha pretendido legislar para acallar a la prensa crítica y para maniatar a la justicia.

En ese contexto, es simplemente intolerable que se erija en guardián de nada, y mucho menos de la pulcritud informativa, suficientemente regulada ya por el sinfín de normativas penales y civiles que acotan el espacio de la información y la opinión libres y castigan ya el abuso, la manipulación y la mentira.

Ahora se pretende generar el ecosistema necesario para que todo aquello que moleste deba ser rectificado casi mecánicamente, como si la mera invocación de ese «derecho» fuera ya suficiente para dar credibilidad al aludido y para desmontar a la vez a quien incluso documente sus revelaciones.

Se trata de señalar así a medios como El Debate, cuyas investigaciones son impecables y comportan una prueba documental incontestable, para esparcir la peligrosa idea de que todo aquello que a Sánchez le moleste es, necesariamente, un bulo: pincha en hueso este Gobierno en plena deriva autoritaria, pues el periódico mantendrá su línea y se defenderá cuándo y dónde haga falta, pero el mero intento de amedrentar ya desvela la catadura intelectual y los perversos objetivos del lamentable presidente y de sus colaboradores.

Extender esa campaña a las redes sociales para que todo aquel usuario de relevancia también deba rectificar lo que le moleste a cualquiera, por cierto que sea, termina de destapar las verdaderas intenciones de Sánchez: transforman los escándalos que le acorralan en meras fabulaciones de quienes las publican y, si es factible, lanzar un mensaje a los tribunales para que se sometan también a los designios mentirosos de un manipulador compulsivo.

Es de desear que el Parlamento no avale el delirio autoritario de un presidente que, además de no rendir cuentas, se las exige al resto. Pero si lo hace, el periodismo y la libertad de información y de expresión sabrán defenderse de este totalitario con ínfulas que solo intenta, sin éxito, tapar sus infinitas vergüenzas.