El sainete del medievalismo fiscal

En ocasiones la intervención militar de EE.UU. en Venezuela, su amenaza por anexionarse Groenlandia o la rebelión social en Irán, nos recuerdan que el mundo es muy grande y nuestros asuntos, un poco más pequeños. Pero esa percepción, como los espejismos, dura poco y de nuevo nos damos de bruces con quienes reivindican la vuelta de España al mundo feudal que se resumía en el orden mundial previo a la Paz de Westfalia. Los independentistas –apenas el 9 % del electorado– nos devuelven al medievo a veces por la división de lenguas, a veces, por la exigencia de privilegios.

Así, para facilitar una cuestión local como la aprobación de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, el presidente del Gobierno recibe a un condenado por la justicia para representar un sainete con el complicado argumento de garantizar que se aplicará el principio de ordinalidad a esta región.

La inmediata propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica vigente desde 2017, vuelve a situar en el centro del debate una cuestión esencial para cualquier Estado moderno, ese que se empeña en derribar el secesionismo. Se trata de cómo se reparte el esfuerzo fiscal entre los españoles y con qué criterios se redistribuyen los recursos públicos entre nuestros compatriotas con independencia de dónde estén empadronados. No es una discusión técnica, sino profundamente política, porque afecta al principio mismo de igualdad entre ciudadanos.

Una violación fáctica de ese principio ya fue la condonación de la deuda autonómica por el mismo gobierno que recibe con alfombra a los inhabilitados por la justicia. Efectivamente, la mutualización de 83.252 millones de euros de deuda autonómica fue un buen punto de partida para entender el alcance del cambio. A partir de ahora, un extremeño, un cántabro o un aragonés dejan de cargar con una deuda asociada a su comunidad y pasan a asumir una deuda mayor como españoles. Se socializa el pasivo, pero no se socializan por igual las reglas del reparto futuro.

La propuesta del gobierno para lograr que los co protagonistas del golpe de estado en la Cataluña de 2017 voten a favor de los presupuestos del presidente Illa consiste en el aumento de la cesión a las comunidades autónomas de los dos grandes impuestos del sistema tributario. El Estado transferiría a las comunidades un 55 % del IRPF y un 56,5 % del IVA, frente al 50 % actual, e incorporaría nuevos tributos a la cesta de financiación. En la práctica, esto supone que la mayor parte de los ingresos fiscales relevantes quedaría en manos de los gobiernos autonómicos, mientras el Estado mantendría la responsabilidad última de la cohesión territorial pero sin recursos para hacerla efectiva.

La ministra de Hacienda ha presentado el acuerdo como una lluvia de recursos: 20.975 millones de euros adicionales en 2027, hasta alcanzar 224.507 millones en transferencias solo ese año. Pero quien inauguró este modelo de cesión fiscal progresiva no fue ni el presidente Sánchez, ni el PSOE. Fue José María Aznar.

La primera cesión parcial del IRPF a las comunidades autónomas se produjo en 1996, con un 15 % del rendimiento, en el marco de la reforma del sistema de financiación aprobada tras la llegada al poder del Gobierno de Aznar. La cesión parcial del IVA se incorporó posteriormente, en la reforma de 2001–2002 (en vigor desde 2002), estableciéndose una cesión del 35 % y ampliándose de forma significativa la corresponsabilidad fiscal autonómica.

El principio de ordinalidad –según el cual una comunidad no debería aportar a la hacienda común más de lo que recibe– solo se aplicará a Cataluña según ha proclamado el golpista Junqueras desde la alfombra del Palacio de la Moncloa. El Ministerio de Hacienda lo confirma en su propuesta: la ordinalidad se respeta para una comunidad concreta, pero no para el resto.

No es una casualidad técnica; es una decisión política adoptada con el respaldo de fuerzas que, en conjunto, apenas representan el 9 % del electorado. Parece que es poco probable que salga adelante pues para modificar una ley orgánica como la de financiación autonómica no basta con mayoría simple: se requiere mayoría absoluta del Congreso, esto es, 176 votos afirmativos, umbral que se mantiene incluso en caso de abstenciones o ausencias.

La colisión entre ordinalidad y solidaridad no es nueva. Ocurre cuando la redistribución es tan intensa que las comunidades que más aportan descienden posiciones tras el reparto, mientras otras las superan en recursos efectivos. Desde la óptica de la ordinalidad, eso penaliza el esfuerzo fiscal y desincentiva la corresponsabilidad. Desde la solidaridad, se justifica como garantía de igualdad en el acceso a los servicios públicos. En el ordenamiento español, la solidaridad prevalece, y con razón, pues está constitucionalizada.

La solidaridad interterritorial es una consecuencia legítima para garantizar la igualdad sustantiva en el acceso a los servicios públicos fundamentales a todos los españoles. Cuando el sistema deja de tratar por igual a ciudadanos iguales, el problema ya no es financiero. Es, en última instancia, un problema de legitimidad del Estado.