La amenaza de la presa de Alcolea

En el Norte de África, la superficie cultivable es apenas el 5 % de la superficie total, mientras que en la Unión Europea el 38 % de la superficie es cultivable y además con unas condiciones climáticas extremadamente virtuosas.

En el caso concreto de la Cuenca Mediterránea, el agua y el regadío son de suma importancia y afectan de manera directa a España. La demanda de agua es creciente; para uso humano, agrícola e industrial. Atribuir el incremento de esa demanda al Cambio Climático carece del rigor suficiente. La explicación es más poliédrica. Lo que sí es cierto es que el uso de agua para los cultivos de regadío es un vector importante de crecimiento.

España tiene 3,8 millones de hectáreas de regadío. Turquía, actor geopolítico de primer orden por la guerra entre Rusia y Ucrania, dispone de más de 5 millones de hectáreas. Egipto tiene prácticamente 4 millones de regadíos y la situación va a cambiar con la construcción de la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD) que comparte con Sudán. El 97 % de los recursos hídricos de ambos países dependen del rio Nilo.

Andalucía es la primera Comunidad Autónoma en superficie irrigada con 1,1 millones de hectáreas aproximadamente. Pero sobre Andalucía y el resto de España, pesa, de facto, una losa que lastra gran parte de los desarrollos de infraestructuras hidráulicas que tan necesarios son. Un ejemplo sangrante es el de la Presa de Alcolea en la Provincia de Huelva.

La ejecución de la presa de Alcolea se aprobó en 2007 pero se suspendió sine die en 2016 cuando llevaba entre un 21 % y un 23 % de ejecución

En los últimos periodos de sequía en Huelva han predominado los estados de alerta y emergencia. La presa de Alcolea, ubicada sobre el río Odiel fue declarada de interés general del Estado en agosto de 1998. Sobre el papel, su ejecución tendría que haber concluido en 2012. De hecho, la ejecución de la presa de Alcolea –incluida en el Plan Hidrológico Nacional– se aprobó en 2007, pero se suspendió sine die en 2016, cuando llevaba entre un 21 % y un 23 % de ejecución.

El consorcio de empresas adjudicatarias de la obra se negó a continuar al descubrir que una serie de detalles no previstos en el proyecto, supondrían un incremento en el presupuesto inicial de un 20 % (unos 52 millones de euros). De los 51,2 millones de euros presupuestados se pasó a estimar un coste global de 170. La empresa estatal Acuaes (Aguas de las Cuencas de España), dependiente de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, resolvió el contrato por varios incumplimientos y desde entonces no se han vuelto a adjudicar las obras ni destinado partidas en los Presupuestos Generales del Estado.

Un aspecto extraordinariamente importante a destacar es que permanecer a medio construir implica un peligro en caso de temporal. Un grave peligro de magnitud similar al causado por la última dana en Valencia y otras provincias.

Solo en el mes de enero de 2025 la presa hubiera permitido almacenar el equivalente al consumo de casi toda la población conectada al sistema general

Mario Asensio, periodista e investigador, señaló tras el paso de la borrasca Garoé, que sólo en el mes de enero de 2025 la presa hubiera permitido almacenar 36,50 hectómetros cúbicos, el equivalente al consumo de casi toda la población conectada al sistema general.

El proyecto cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental aprobada desde 2012 y aún continúa vigente. De ejecutarse, esta presa garantizaría los acuíferos de Doñana, el trasvase del Tinto, Odiel y Piedras, el abastecimiento, el regadío y la protección contra las inundaciones del río Odiel en los municipios como Gibraleón y la capital onubense. La capacidad de regulación de la presa está previsto que sea de unos 135 hectómetros cúbicos anuales.

El gobierno regional de Andalucía ha propuesto tres vías al Gobierno de la Nación para desbloquear la construcción y así garantizar la gestión del agua y evitar una catástrofe como la de Valencia. De momento, sin éxito.

El sector agroalimentario onubense aporta en torno al 10 % del PIB, una cantidad no muy diferente a la que procede del turismo o el automóvil. Sin embargo, su acción de presión ante las autoridades no ha resultado suficiente como para desbloquear este proyecto tan importante. Desde luego, lo que sí es evidente es que la falta de alineamiento político entre administraciones es más importante que el peligro al que está expuesta la población onubense por el desastre que una riada puede provocar sobre una gran infraestructura a medio construir. Si la sociedad civil decide manifestarse contra la bajada de un club deportivo a categoría inferior antes que por su propia seguridad, luego no nos miremos a los espejos que quedaron sin romperse.