El cerco fiscal en España nos separa de los países del entorno

No mucho, muy por encima, esto habitualmente lo ignoramos y ¡anda, esto me preocupa! Estos son los cuatro resultados que obtengo cuando me piden que valore la presión fiscal española. Una presión fiscal que mido con arreglo al criterio de la oficina de estadística europea, Eurostat. Esto es tanto como medir los ingresos totales por impuestos y cotizaciones sociales (incluidas las cotizaciones sociales imputadas) después de restar las cantidades con baja probabilidad de recaudación. Los datos están medidos como porcentaje del PIB. Vamos paso a paso viendo cada comparativa.

No mucho

La presión fiscal española para 2024 se situó en el 37,4 % del PIB. No es mucho si se tiene en cuenta que está casi 3 puntos porcentuales por debajo de la media de la zona euro y también de la media conjunta de la Unión Europea. España está unos cinco puntos por debajo de los países con mayor presión fiscal; Bélgica, Dinamarca o Francia.

Nuestro nivel es similar al exigido a los contribuyentes chipriotas, portugueses, polacos o islandeses, pero muy superior –más de cinco puntos– a la presión fiscal que se afronta en Bulgaria, Rumanía o Irlanda. Así las cosas, ¿la calidad de nuestros servicios públicos y el pago de nuestra deuda se parece más a Bélgica, a Portugal o a Rumanía? Los primeros pagan más que nosotros, los segundos algo parecido y los terceros pagan menos impuestos.

Muy por encima

Entre 2015 y 2024, la presión fiscal en España creció un 8,4 %, muy por encima del crecimiento medio de los países europeos –un 2,5 %–. Sólo nos superaron las repúblicas bálticas, Luxemburgo, Eslovenia y Polonia. Para el mismo periodo de tiempo, Hungría redujo la presión sobre sus contribuyentes en un 9 % de su PIB y Francia en un 5 %.

Esto habitualmente lo ignoramos

Con una unidad de mercado interior muy cuestionada por las barreras administrativas autonómicas y locales, los contribuyentes españoles afrontamos la denominada presión fiscal indirecta. Esta presión fiscal, de difícil medida, está asociada a los costes adicionales que han de soportarse cuando, para operar en un determinado territorio, hay que sufragar impuestos locales o cargas para-fiscales como tasas, licencias o cánones. A pesar de que la liquidación telemática de estas cargas alivia notablemente la gestión administrativa, el manejo de las mismas añade costes de gestión a cualquier empresa o profesional.

Precisamente, esta sobrecarga indirecta es la que ha motivado la petición de creación del estado número 28 de la Unión Europea o la Comunidad número 18 en España. Efectivamente, el think tank CEPS acaba de publicar un pormenorizado estudio sobre el denominado 28º régimen de derecho de la Unión Europea. Se trata de un modelo que explica cómo podría ponerse en práctica un marco a nivel de la UE que sería opcional para las empresas, donde poder operar sin las barreras interiores que persisten en el mercado único, valga la paradoja.

La propuesta es esencialmente similar a la que postula la comunidad o región número 18 en España en la que se pudiera operar sin trabas administrativas o fiscales locales. Sería un espacio económico virtual que eliminaría en la práctica la carga fiscal indirecta. Mismas reglas, mismos impuestos, mismos estándares. Una propuesta de lógica aplastante que sólo tendría la oposición de quienes pastorean en los presupuestos locales.

¡Anda, esto me preocupa!

Esta es la reacción que se tiene cuando se conocen las denuncias que está promoviendo el bufete de abogados Amsterdam y Partners LLP, uno de cuyos fundadores ha coautorizado el libro «Hacienda contra el pueblo. España y la Ley Beckham». En esta obra se denuncian graves abusos presuntos de algunos funcionarios de la Agencia Tributaria contra contribuyentes específicos. Un libro que, de probarse sus acusaciones, ensombrecería la honrada labor de miles de servidores públicos.

En definitiva, la presión fiscal en España no es la más alta de nuestro entorno geoeconómico pero sí aumenta a una mayor velocidad. Los números no capturan la presión fiscal indirecta que cae sobre las espaldas de los contribuyentes cuando afrontan el pago de tributos regionales y locales y, por último, la presión fiscal puede llegar a ser extorsionante si se prueban algunas de las graves denuncias que hoy hay sobre la mesa.