El cáncer de mama ha sido el destinatario de las más importantes campañas de detección precoz de tumores en España. Sin duda es uno de los problemas de salud con mayor visibilidad social. El éxito de estas campañas de un lado, los avances de la Medicina de otro y las mayor cantidad de medios humanos y materiales dispuestos para su atención, explican el gran logro para el bienestar social que supone las elevadísimas tasas de superación.
En Andalucía, un retraso en la comunicación de los resultados dudosos del cribado ha provocado una crisis de gobierno que merece la pena estudiar desde diferentes ángulos, siendo, no cabe duda, el de su impacto en la salud de las mujeres, el más relevante.
El retraso tiene su origen en un protocolo para la comunicación de los resultados aprobado bajo el mandato de la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su etapa como Consejera de Salud en los gobiernos socialistas. La última revisión del Protocolo Asistencial Integrado es de 2011. El problema ha surgido ahora, en la segunda legislatura del PP, motivado por una grave demora en la comunicación definitiva de los resultados diagnosticados como no concluyentes. Cuando el resultado del cribado no era negativo o positivo, se realizaba una segunda ronda de pruebas y sólo al final de la misma se comunicaba el diagnóstico final.
En la zona bajo responsabilidad del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, hospital de referencia levantado con el nombre del aviador García Morato, se retrasó significativamente el tiempo de comunicación a las afectadas. No parece que hubiera retraso en la comunicación de los resultados por parte de los responsables de radiología al centro de coordinación del Programa de Detección Precoz del cáncer de mama, pero sí desde los responsables del Programa a las afectadas. Esto ha motivado la denuncia de la asociación AMAMA y una importante crisis en el gobierno regional de resultado final aún incierto.
El Gobierno del PP andaluz ha elegido una manera de gestión de la crisis muy diferente a la de su homólogo valenciano con la Dana de Octubre del pasado año. A diferencia de aquel, el presidente andaluz se puso desde el primer momento sobre el problema intentando dar una respuesta suficiente a la asociación AMAMA y, después de no lograrlo, optó por el cese de la Consejera de Sanidad anunciada en una comparecencia pública sincronizada con la apertura del telediario regional. La sincronización informativa es ahora tan marcada como en las décadas de gobiernos socialistas. La información opinada igual de sesgada. El marco de grandes ideas que sirven de bastidor para los debates sigue estando inspirando en los mismos parámetros de cancelación woke.
En menos de una semana, la noticia sobre el cáncer de mama saltó del debate regional al nacional. La primera victoria de la oposición fue etiquetar el problema con el nombre de la enfermedad. La segunda, lograr que se colase en los medios de comunicación nacionales.
Es de sumo interés desde la perspectiva de la comunicación política, ver que ante un problema con el que la sociedad se muestra tan sensible, el gestor político no logra transmitir tranquilidad ni cuando se asume públicamente el error, ni cuando se propicia además la dimisión de la ministra regional del ramo, ni cuando se recurre al manido instrumento de poner en marcha «un plan de choque». Tampoco ha frenado las críticas de la oposición y de parte de su electorado, el que la Sociedad Andaluza de Oncología Médica se mostrase colaborativa con el gobierno regional en la gestión del problema.
El presupuesto de gastos de la Junta de Andalucía crece a un ritmo superior al PIB regional. Ya se aproxima a los 49.000 millones de euros para 2025. Más del 30 % lo absorbe el Servicio Andaluz de Salud; el corazón de la salud pública regional.
El protocolo de comunicación de los resultados de las pruebas se aprobó ciertamente siendo Montero consejera de Sanidad. Detectar a tiempo lo inapropiado del mismo o el retraso en la comunicación de los resultados, es responsabilidad de los gobiernos posteriores. El tratamiento informativo de la crisis tiene, sin embargo, un punto sorpresivo.
En la primera legislatura del presidente Moreno Bonilla uno de los escasos compromisos arrancados por Vox –apoyo externo de ese gobierno– fue la puesta en marcha de un teléfono que informase a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, de la red de protección social pública y privada a la que podían recurrir si así lo deseaban. Nunca se publicitó ese teléfono. En este caso, no es que la información llegase tarde, sencillamente se enterraba.
Se han anunciado varias demandas por la vía penal contra la Junta de Andalucía por parte de las afectadas en el caso del cribado del cáncer de mamá. Los tribunales dictaminarán si hubo responsabilidad de la Junta de Andalucía a partir de que se pruebe o no la causalidad. En el caso de la mujeres que no siguieron adelante con su embarazo por desconocimiento de la red de apoyo que pudiera haberle acompañado paliando su vulnerabilidad, no habrá denuncia alguna. No abrirá telediarios. No habrá comparecencias públicas. No habrá consuelo.
José Manuel Cansino es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, profesor de San Telmo Business School y académico de la Universidad Autónoma de Chile
