El riesgo de gobernar con informes desfasados

Sólo la región de Madrid –a notable distancia– junto con Cataluña y el País Vasco, se sitúan por encima del nivel medio de competitividad del conjunto de regiones europeas. Una competitividad que lideran, como grupo más numeroso, el de las regiones holandesas. Es lo que se desprende de la última edición disponible del Índice de Competitividad Regional de la Unión Europea.

Competitividad, productividad y bienestar social son una triada de términos que van de la mano pero entre ellos cabe una amplia gama de matices. De mayor a menor amplitud conceptual tendíamos que hablar de bienestar, competitividad y productividad. Si, por ejemplo, usamos el brochazo del PIB per cápita para medir el bienestar, el mapa europeo de las regiones mejor posicionadas se ajusta casi como un guante al mapa de la competitividad. Resulta intuitivo que mejorar la competitividad favorecerá el bienestar de la sociedad.

Pero la medida de las tres magnitudes está sujeta a controversia. La cuestión se limitaría a ámbitos reducidos –por ejemplo, académicos– si no fuese porque recaban para sí una amplia panoplia de grandes planes y cientos de medidas orientados a mejorar sus valores. Planes y medidas que, si se diseñan sobre mediciones impropias, poco de bueno pueden traer.

El índice de competitividad al que nos referimos tiene como última edición la de 2022. Esto no es nada tranquilizador al tratarse de una variable de tanto interés que ha motivado un informe del calado del reciente premio Príncipe de Asturias, Mario Draghi. Más preocupante resulta que parte de la información sobre la que se construye se remonta a 2019.

Así es. La medición de la competitividad a la que nos referimos se calcula a partir de nueve tipos de indicadores; cada uno de ellos procedente de indicadores más desagregados. Para atribuir el nivel de competitividad a cada región se tiene en cuenta la calidad de sus instituciones (por ejemplo el nivel de corrupción percibido), las variables fundamentales macroeconómicas, la dotación de infraestructuras, la calidad de la salud de sus residentes, el acceso a la educación (secundaria y superior), el tamaño del mercado, el desempeño tecnológico y la sofisticación de los negocios (considerando entre otros datos, las patentes registradas). Salvo las tres regiones españolas mencionadas, todas las demás están por debajo de la media europea.

Tanto consenso levanta el interés de la competitividad que España ha creado un Consejo

Como parte de la medida de la competitividad, la productividad, tampoco está exenta ni de dificultad de estimación, ni de interés social, ni de medidas políticas que buscan mejorar su marca. Tanto consenso levanta el interés de esta variable que España –imitando el ejemplo de otros países– ha creado un Consejo para la productividad.

El análisis de los documentos que lleva publicados este Consejo, advierte de la controversia que existe sobre aspectos básicos de su métrica. De entrada, todos los esfuerzos en medir la productividad acaban limitándose a medir la productividad del trabajo; apenas nada de la productividad del stock de capital productivo y ni rastro de la productividad total de los factores, limitada al interés de los académicos especializados.

Las correcciones de los errores de medida de la EPA están aflorando un preocupante ascenso del absentismo laboral

A modo de ejemplo de estas limitaciones, cuando se mide la productividad de los empleados en España por hora efectiva trabajada, resulta que hasta 2019, las horas efectivamente trabajadas rebasaban el límite legal permitido y que ascendía a 1.826,45 horas. Las últimas modificaciones en la elaboración de la Encuesta de Población Activa parecen que están corrigiendo estos errores de medida al tiempo que aflora un preocupante ascenso del absentismo laboral.

Una última cuestión que refuerza la llamada a mejorar la calidad de las mediciones antes de tomar decisiones equivocadas, está en lo llamativo que resulta observar el desacople entre las mejoras de la productividad y las del salario real. Para el caso concreto de EE.UU., el servicio de estudios de la Reserva Federal de San Luis ofrece una interesante información. Desde la primera oleada de la robotización industrial, cuyo inicio fecha en 1995, el crecimiento de la productividad laboral no viene acompañado de una mejora en el poder adquisitivo de los salarios.

Todo lo anterior deja sobre la mesa dos importantes desafíos. El primero es el de la urgente necesidad de mejorar la precisión de los cálculos. El segundo el de repartir los dividendos de la mejora de la productividad una vez que su medición sea verdaderamente robusta.