El Rey Felipe VI, durante la entrega de los despachos de secretario de embajada a la 72ª promoción de la carrera diplomática
Poder Judicial
Felipe VI regresará a Barcelona para presidir la entrega de despachos de los nuevos jueces
Tras el veto sufrido en 2020 por el Gobierno, el Jefe del Estado encabezará el 29 de noviembre el acto de la última promoción. 134 mujeres y 54 hombres recibirán sus despachos de manos del Rey, el presidente del Supremo y el director de la Escuela Judicial, en Barcelona
Los 188 nuevos jueces que integran la septuagésima promoción de la Escuela Judicial recibirán sus despachos el próximo lunes en Barcelona, en un acto presidido por Su Majestad el Rey Felipe VI en el que también intervendrán el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez.
Fuentes de la Casa de S.M. el Rey han confirmado que se trata de una fecha fijada en coordinación con Moncloa para que Felipe VI pueda volver a presidir el acto solemne de esta 70 promoción de 188 nuevos jueces.
La invitación se ha retomado, como marca la costumbre, en contra de lo ocurrido en 2020, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez le dejó fuera a unos días para el aniversario del 1-0 y a punto de conocerse la sentencia del Alto Tribunal que inhabilitaría y condenaría por un delito de desobediencia al entonces presidente de la Generalidad, Quim Torra. Entonces, el Ejecutivo prefirió no explicar públicamente el sentido de su veto a Don Felipe.
En aquella ocasión y, por primera vez desde que fue coronado monarca en 2014, el Rey Felipe VI no asistía a uno de los dos actos más importantes de la judicatura, junto a la apertura del año judicial. La ausencia del Rey en 2020 levantó una agria polémica entre el Ejecutivo y los jueces, que criticaron abiertamente el desaire que suponía el 'veto' al Rey por parte de Moncloa. Hasta tal punto se tensó la situación que las principales asociaciones reclamaron conocer los motivos de la ausencia, aunque señalaban a motivaciones políticas.
Tradición Constitucional
La Carta Magna otorga al Rey una posición preferente cuando reza en su artículo 117 que «la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados». Así, el Rey ha venido siempre asistiendo al acto de nombramiento de los nuevos funcionarios de carrera judicial de forma tradicional. Una costumbre perpetrada por el Gobierno de Sánchez en 2020 y que provocó un profundo malestar en la judicatura el año de la pandemia.
Una profesión femenina y vocacional
Según los datos de una encuesta realizada a su ingreso en la Escuela Judicial, en 2019, el perfil de los nuevos jueces es mayoritariamente femenino. No en vano, las mujeres representan el 71,28 % del total de los miembros que ingresarán en la carrera este ejercicio, con una edad media de 28 años. El más joven de los incorporados tiene 23 años y el de mayor edad, 44.
El tiempo estándar empleado por los candidatos en preparar y aprobar su oposición es de cuatro años y, en contra de las teorías que defienden la endogamia en la carrera judicial, los datos las desmontan: el 76,46 % de los casos no procede de una familia de juristas. De hecho, cerca del 94,57 % contó con el apoyo económico de sus padres para poder asumir el coste de abordar la oposición. Sólo un tercio de los alumnos de la promoción han trabajado con anterioridad: el 22,34 % en un sector ajeno al ámbito jurídico y el 12,77 %, vinculado al ámbito jurídico. El 57,45 % no habían trabajado nunca antes.
La tradición familiar no es, por lo tanto, el elemento determinante que llevó a los nuevos jueces y juezas a elegir su profesión. Las tres cuartas partes de los integrantes de la promoción (74,46 %) ni ha tenido ni tiene familiares (hasta el segundo grado de consanguineidad) que ejerzan o hayan ejercido una profesión jurídica. De los que sí los tienen o han tenido, en el 4,89 % de los casos son jueces o magistrados y en el 20,65 % desempeñan otra profesión jurídica.
Los nuevos jueces y futuros magistrados eligieron la profesión, pensando en su pasión por el derecho, la función de los jueces como garantes de los derechos fundamentales, la independencia e imparcialidad de su función y la posibilidad de contribuir en la lucha contra la delincuencia. Un 30,98 % tomaron la decisión antes de empezar sus estudios universitarios y un 14, 13 %, al terminar la licenciatura.
La función del juez como garante de los derechos fundamentales es otro de los motivos que más han influido en los integrantes de la promoción a la hora de encaminar su vida profesional. Así, se muestra muy de acuerdo con esta idea el 70 % y bastante de acuerdo, el 26 %.
La independencia y la imparcialidad de la función judicial fue el principal atractivo de la profesión de juez para el 62 % de los encuestados. Bastante de acuerdo con esa afirmación se ha mostrado también otro 32 % de los alumnos. Finalmente, casi la mitad de los nuevos jueces y juezas (49 %) eligió la profesión para contribuir en la lucha contra la delincuencia. Un 37 % más se sienten bastante identificados con esta opción.
El elemento determinante para ser juez fue el hecho de encarnar un poder del Estado para el 36 % de los alumnos; para un 42 %, la estabilidad en el empleo y la contribución con un servicio público fue la principal razón para un 52 por ciento. Las condiciones económicas de la profesión fueron la opción más elegida por un 44 % de los encuestados.
Mientras que para el 29 % de los jueces el área Penal vuelve a ser la más atractiva para los nuevos jueces y juezas, por orden de preferencia, le siguen el Civil (17,54 %), Menores (12,53 %), Familia (11,69 %), Violencia sobre la Mujer (10,65 %), Vigilancia Penitenciaria (6,68 %), Social (4,59 %) y Contencioso-Administrativo (3,34 %).
Cataluña, primer destino
Cataluña es la Comunidad Autónoma a la que irán destinados más miembros de la promoción, pues contará con un total de 73 nuevos jueces. Las dificultades del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para cubrir los destinos en la Comunidad Autónoma hacen de los recién llegados a la carrera las opciones inmediatas para unas plazas que, más tarde, no consolidan.
Los demás se repartirán del siguiente modo: 45 ocuparán su primer destino en Andalucía, 4 en Aragón, 2 en Baleares, 15 en Canarias, 3 en Cantabria, 5 en Castilla-La Mancha, 3 en Castilla y León, 3 en la Comunidad Valenciana, 10 en Extremadura, 14 en Galicia, 1 en La Rioja, 6 en la Región de Murcia y 4 en el País Vasco.
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