Acosados por defender el español en la escuela
La familia amenazada de Canet pide amparo a la Justicia mientras el Gobierno catalán sale en apoyo de los pro-inmersión
El ministro del Interior, Grande-Marlaska, ha advertido este jueves de que se investigará el acoso que ha denunciado la familia
la familia de Canet que ha pedido más horas de castellano para su hijo en la escuela Turó del Drac de Canet ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obligue a la Generalitat a garantizar la seguridad del pequeño ante las amenazas e insultos que están recibiendo a raíz de conocerse la sentencia. Los padres piden que se obligue al departamento de Educación y a la dirección del centro a «preservar la identidad y la intimidad» del menor y de sus padres, así como su seguridad.
Los padres dicen que «a raíz de la reunión que la dirección del centro mantuvo con los padres y madres de la clase en la que está matriculado» el menor, se creó «un grupo público de Whatsapp que utiliza el logo del centro escolar y que tiene como finalidad dificultar la ejecución de las medidas cautelares» ordenadas por el TSJC. Y desde este grupo se pidió que se hiciera pública la identidad de la familia y el menor, e incluso, se llegó a pedir la expulsión del pequeño.
Pero ante esta situación, desde el gobierno catalán se ponen de perfil. Es más, el consejero de Educación, Josep González-Cambray se reúne con las familias que piden «blindar» la inmersión lingüística. Apoyo sin fisuras de la Generalitat a estos padres mientras se olvida de la familia del menor. Sin ir más lejos, la portavoz del ejecutivo catalán, Patricia Plaja, y después de insistir varias veces, se limitó a decir que desconocía este caso concreto y aseguró «que a nosotros siempre nos encontrarán en contra de las amenazas y de cualquier acto violento. No hay cabida en nuestra casa».
Por otra parte, el líder del PSC, Salvador Illa, en declaraciones en La 1, ha pedido dejar de «politizar» la lengua y la educación en Cataluña. «Hay que serenar los ánimos, aislar a las familias de este debate y dejar que los profesionales del ámbito educativo hagan su trabajo», ha señalado. Asimismo, ha asegurado que la sentencia del TSJC que ordena el 25% de las materias se impartan en castellano no constituye un «ataque» a la lengua catalana, ya que esta sigue siendo «el centro de gravedad» de la enseñanza en Cataluña.
Marlaska dice que se investigará
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha advertido este jueves de que cualquier tipo de amenaza es «grave para la convivencia», por lo que se investigará el acoso denunciado por la familia. «Toda amenaza o posible amenaza son un acontecimiento grave para la convivencia. Serán investigadas en su caso y tengamos confianza tanto en la investigación de las fuerzas de seguridad como del Poder Judicial», ha declarado a la prensa en Bruselas.
«Un caso escandaloso»
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha calificado de «caso escandaloso» el señalamiento de la familia del menor. Así lo ha expresado desde Uruguay y lo ha recogido en su cuenta de Twitter: «Es un escándalo que una lengua que hablan 500 millones de ciudadanos se intente prohibir en España y se ataque en Cataluña a familias por querer educar a sus hijos en español». Por ello, pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que exija que se cumpla la sentencia «con todos los instrumentos del Estado».
Por su parte, Vox ya anunció el martes que presentará una denuncia contra Albert Donaire, que forma parte de los Mossos d'Esquadra, y otra contra Jaume Fàbrega, por presunto delito de odio contra el niño de Canet, como también ha trasladado la formación de Abascal desde la cuenta de Twitter del partido en el Parlamento de Cataluña. «No vamos a permitir que el separatismo radical acose a menores y a sus familias por pedir clases en castellano», aseguran.
Ciudadanos ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por «la sistemática vulneración de nuestros derechos y libertades como ciudadanos de Cataluña». Así lo ha expresado el portavoz de la formación en el Parlamento de Cataluña, Nacho Martín Blanco. «Es absolutamente inconcebible, insólito en una democracia el hecho de que los poderes públicos se desentiendan del ejercicio de los derechos fundamentales», ha señalado.
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