Tribunales
Crónica de un carpetazo judicial anunciado: ni imputación, ni querella contra Don Juan Carlos
Las presuntas comisiones del AVE a La Meca, las donaciones dinerarias o en especie y la denuncia por acoso interpuesta en Reino Unido: éste es el horizonte legal al que se enfrenta el Rey emérito
Las investigaciones abiertas en 2018 por la Fiscalía Anticorrupción española sobre Don Juan Carlos se precipitan hacia un desenlace anunciado: el archivo de las actuaciones judiciales con un resultado favorable para el Rey emérito. Las tres líneas de pesquisas articuladas bajo la dirección de la Fiscalía del Supremo, que aglutinó todos los frentes por decisión de la fiscal general Dolores Delgado, han quedado cada vez más diluidas. El reciente cierre del Ministerio Público suizo sobre la donación de 65 millones de euros del monarca a su amiga Corinna Larsen, en la que se ha exonerando a la princesa alemana de las sospechas de blanqueo de capitales que pesaban sobre ella y sobre sus testaferros, Dante Canónica y Arturo Fasana, han clarificado todavía más el horizonte legal de Don Juan Carlos. No en vano, a comienzos del próximo año y, una vez recibida la información bancaria de la última comisión rogatoria solicitada por la Justicia española a la helvética, el carpetazo se producirá de manera definitiva.
Delito fiscal y blanqueo
La donación efectuada a Don Juan Carlos tras su abdicación en 2014 por el empresario mejicano Allen Sanginés-Krause, que no fue declarada a Hacienda y que, durante tres ejercicios fiscales, se computó en concepto de pago de los gastos realizados a favor del coronel del Ejército del Aire y su antiguo ayudante de campo, Nicolás Murga, que presuntamente actuó como testaferro, fue inicialmente una de las más complejas para el monarca y la que dirigió contra él sendas acusaciones de delito fiscal y de blanqueo.
Sin embargo, las dos regularizaciones efectuadas por Don Juan Carlos, antes de que la Agencia Tributaria le requiriese por vía ejecutiva y sin que se hubiese presentado querella contra él ni por parte de la Fiscalía ni de la Abogacía del Estado, pese a que ya estaba siendo investigado, extinguieron la responsabilidad penal despejando la tormenta judicial. La primera, en diciembre de 2020, por el dinero no declarado que le donó el empresario mexicano, ascendió a 678.393 euros. La segunda, en febrero de 2021 y contra los regalos recibidos de su primo Álvaro de Orleans en forma de viajes en vuelos privados a través de la Fundación Zagatka, sumó un total de 4,4 millones de euros.
Las comisiones ilegales del AVE
El segundo gran aspecto que pesa sobre Don Juan Carlos son las presuntas comisiones ilegales, destapadas por los audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo, recibidas por el monarca en la adjudicación del AVE a la Meca. Las diligencias practicadas por la Fiscalía apuntaron al papel de Don Juan Carlos en una fundación ad hoc creada en 2012 en Panamá, domiciliada bancariamente en Suiza, y bajo la lupa del fiscal de Ginebra, Yves Bertossa.
Ahora, el cierre de la investigación por blanqueo de capitales que la Justicia helvética mantenía sobre Corinna Larsen a partir de la donación de 65 millones de euros que el Rey emérito hizo a su amiga y que, a su vez, era parte de los 100 millones en concepto de gratificaciones ilegales que Juan Carlos I había recibido, presuntamente, de la monarquía Saudí. Pese a que las pesquisas en Suiza se dirigían de manera directa contra Larsen y los gestores de sus finanzas, Arturo Fasana y Dante Canónica, el monarca español se encontraba vinculado a ellas de manera colateral.
Con esta nueva decisión, que según confirman fuentes de la Fiscalía española podría «precipitar» el archivado de la instrucción todavía activa contra él en nuestro país. Unas diligencias en las que consta que los pagos recibidos se produjeron antes de que el rey abdicase y, por tanto, en un período en el que gozaba de inviolabilidad.
Las versiones coincidentes de Don Juan Carlos y Corinna y las dificultades para recibir información de Arabia Saudí, han sido determinantes para el fiscal suizo Yves Bertossa, caracterizado por la minuciosidad y el rigor de sus investigaciones. «Si Bertossa no ha logrado acreditar nada es que no había nada», han apuntado a El Debate fuentes próximas al caso helvético.
El fleco británico: demanda por acoso
Sin embargo, frente a las buenas noticias que Don Juan Carlos acumula en el plano judicial en los distintos frentes, sobre el rey emérito todavía pesa un fleco, el británico: donde Corinna Larsen presentó, en diciembre de 2020, una demanda contra el Rey emérito por acoso. En el texto interpuesto por la alemana ante la jurisdicción civil del Alto Tribunal de Justicia británico, su examiga lo responsabilizó de estar involucrado en espionaje al que, siempre según su versión, la habrían estado sometiendo los Servicios de Inteligencia españoles, en el Reino Unido.
La demanda, que continúa su curso, se centró en los episodios posteriores al pago de los 65 millones que según Corinna Don Juan Carlos le hizo en 2012, antes de abdicar, para asegurar su bienestar y el de sus hijos y que ahora, la Fiscalía suiza ha dejado libre de sospechas. Larsen aseguró que el Rey emérito le pidió tiempo después la devolución de la cantidad o acceso a la misma y cuando ella se negó, el monarca le habría advertido, presuntamente, de las consecuencias. Lo que propició que el Rey la acusase «en falso», aseguró Corinna, de sustraer esos fondos difamándola en su entorno.
Por esto, la alemana solicitó una orden judicial de alejamiento de 150 metros de sus residencias aplicable a Don Juan Carlos y a los agentes del CNI entre los que se hizo una mención expresa al entonces director de los Servicios, Félix Sanz Roldán. Precisamente Sanz Roldán coincidió con Corinna en enero de 2021, durante el juicio que el exjefe del CNI mantiene contra el excomisario Villarejo, y en el que Larsen compareció como testigo por videollamada.
Su testimonio, determinante para la absolución del policía jubilado en la Audiencia de Madrid, fue un alegato contra Don Juan Carlos y Sanz Roldán. La Justicia británica tendrá que determinar la veracidad de los hechos denunciados y las futuras y eventuales responsabilidades de Do Juan Carlos, si la acusación llega a prosperar.
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