La ministra portavoz y la de Sanidad
Por la puerta de atrás
Sánchez cuela una treta en el decreto de las mascarillas para evadir el control del Congreso
El Gobierno pretende que de ahora en adelante la regulación del uso de las mascarillas quede por completo a la discrecionalidad del presidente, sin que el Parlamento tenga voz ni voto
Mal presagio para Pedro Sánchez. Ni a ERC ni a Bildu, sus dos socios parlamentarios preferentes, les gusta el real decreto ley aprobado este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario y que impone la obligatoriedad de las mascarillas en el exterior.
Se trata de una «modificación puntual» del que está en vigor desde junio, tal y como ha reconocido la ministra de Sanidad, pero que el presidente ha reciclado ante el avance de la sexta ola.
Sin restricciones en Navidad
Sánchez usa la mascarilla en exterior como placebo cuando lleva en vigor desde junio
El real decreto ley será publicado este mismo jueves en el BOE y entrará en vigor en la medianoche, horas antes de la Nochebuena. Pero en los 30 días siguientes el Gobierno deberá llevarlo al Congreso para su convalidación por el Pleno, y las críticas expresadas por sus socios parlamentarios auguran un camino tortuoso.
Tampoco podrá contar con Ciudadanos como plan B, puesto que su portavoz, Edmundo Bal, ya ha anunciado su voto en contra por la «total inutilidad» de la medida.
El Ejecutivo no quiere que le pase lo mismo en adelante. Para ello, este real decreto ley incorpora un cambio sustancial, del que Sánchez no habló este miércoles en su rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes: de ahora en adelante, el uso de la mascarilla será regulado por real decreto y no por real decreto ley.
Real decreto vs Real decreto ley
Tanto el real decreto como el real decreto ley son aprobados por el Consejo de Ministros, pero el primero no necesita su convalidación en el Congreso en los 30 días siguientes y el segundo, sí. Porque el primero es un reglamento que -por lo general- desarrolla una ley y el segundo tiene rango de ley, es una ley en sí misma.
La diferencia es abismal, puesto que supone dejar a las Cortes totalmente al margen, eliminar todo control parlamentario. Así pues, el Gobierno pretende reservarse en exclusiva cualquier decisión sobre las mascarillas y que ésta no tenga contestación en la Cámara Baja. Ni de la oposición ni, sobre todo, de sus socios.
La ministra Carolina Darias dejó caer este cambio durante la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, pasando de puntillas. Y lo justificó en una mayor agilidad para «intensificar» o no el uso de las mascarillas.
Pero la explicación de la titular de Sanidad cae por su propio pie, puesto que tanto el real decreto –la fórmula nueva– como el real decreto ley –la fórmula actual– entran en vigor en cuanto se publican en el BOE. Así que también ahora es inmediato.
La triquiñuela de Sánchez supone hurtar a las Cortes de su labor de control, y eso que ya estaba en mínimos (de hecho el Tribunal Constitucional tumbó el segundo estado de alarma por la cogobernanza pero también porque el Ejecutivo maniató al Legislativo). No obstante, solo saldrá adelante si consigue que el Pleno del Congreso convalide el decretazo aprobado este jueves.
En principio, según Darias esta modificación solo afectará a la regulación de las mascarillas, pero dados los precedentes de Sánchez los recelos de los grupos parlamentarios no tardarán en aparecer. En última instancia, ¿quiere el presidente regular todo lo relativo a la pandemia a través de real decreto, y por tanto al margen del Congreso?
De hecho, en el real decreto ley aprobado este jueves el Consejo de Ministros ha colado un asunto que nada tiene que ver con las mascarillas ni con el avance de la sexta ola en general: un «ajuste técnico» –así lo calificó la ministra portavoz– en pensiones para que éstas sean revalorizadas conforme al IPC.
Viene siendo habitual, no obstante. Así, moviendo la bolita, fue cómo en marzo de 2020 el presidente metió a Pablo Iglesias en el CNI: por la vía de un real decreto ley de medidas urgentes para paliar los efectos del coronavirus. El Tribunal Constitucional acabó anulando aquella decisión.
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