Alberto Garzón, en una rueda de prensa
España, la excepción
La «cuota Garzón» sale cara: ningún otro país de la UE tiene un ministro de Consumo
Cobra 72.443 euros anuales, cada vez que habla el sector primario español tiembla y, en dos años, el Congreso no ha aprobado una sola ley salida de su departamento
«Cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo», señaló este viernes Emiliano García-Page en alusión a Alberto Garzón y a sus polémicas declaraciones a The Guardian sobre la calidad de la carne que exporta España.
Hasta ahora ningún socialista había criticado tan abiertamente como lo ha hecho el presidente de Castilla-La Mancha la nula actividad del titular de Consumo, un Ministerio creado hace dos años por Pedro Sánchez para incrustar al líder de IU en el Gobierno de coalición como parte, a su vez, de la cuota de Unidas Podemos.
Las palabras de García-Page son abono para la campaña emprendida por el PP contra Garzón, que llevará al Congreso una proposición no de ley pidiendo al presidente del Gobierno la supresión del Ministerio de Consumo por «inútil» para la sociedad. Y lo que es más: por «dañino».
Lo cierto es que Alberto Garzón es una rara avis. En toda la Unión Europea no hay un solo ministro que tenga únicamente las competencias de consumo y nada más. Ninguna carga más sobre sus hombros.
De hecho, de entre los Veintisiete hay un solo país que tiene un Ministerio de Consumo como tal, sin más apellidos. Es Luxemburgo, un país con una población de apenas 632.000 habitantes, poco más que Málaga.
Allí gobierna una coalición de tres partidos, pero suman 16 ministros y no 22, como en el caso del mastodóntico gabinete de Sánchez. La ministra de Protección del Consumidor luxemburguesa se llama Paulette Lenert. Sin embargo, hay una diferencia sustancial: se da la circunstancia de que ésta también tiene asumidas las carteras de Sanidad y de Seguridad Social porque la de Consumo pesa poco.
Por el contrario, Garzón es él y sus circunstancias de Consumo. Ni más ni menos. Cobra 72.443 euros anuales (según el Portal de Transparencia), cada vez que habla el sector primario español tiembla y, en la práctica, el Congreso no ha aprobado una sola ley salida de su departamento en los dos años que lleva en el cargo.
Tiene pendiente la Ley de Servicio de Atención al Cliente y la de Regulación del Juego, a las que les queda por delante un largo trámite parlamentario. Y mientras, Garzón se entretiene llamando a los juguetes a una huelga general.
Así es en el resto de la UE
Lo habitual en la UE, como lo era en España hasta la llegada del Gobierno de coalición, es que las competencias en materia de consumo estén dentro del ministerio de Justicia, Economía o de Sanidad. Incluso en los Ejecutivos donde conviven, o cohabitan, dos o más partidos.
En Alemania, paradigma de la gran coalición, existe un Ministerio de Justicia y Protección del Consumidor.
En Portugal, Consumo es una secretaría de Estado enclavada en el Ministerio de Economía, Innovación y Desarrollo. Porque el socialista António Costa gobierna en solitario, a diferencia de Sánchez.
En Francia, ni eso: es una dirección general dentro del Ministerio de Economía, Finanzas y Recuperación.
En la Italia de Mario Draghi las competencias en materia de consumo las tiene el Ministerio de Desarrollo Económico. En Grecia, cuyo sector primario tiene un peso importante en el PIB nacional, consumo es menos que una secretaría general: es una dirección general dentro del Ministerio de Desarrollo e Inversiones.
Mario Draghi
En Irlanda existe un Ministerio de Empresa, Comercio e Innovación. En Holanda, las competencias de consumo están troceadas y repartidas entre cuatro ministerios: Economía por un lado, Seguridad y Justicia por otro, Salud, Bienestar y Deporte en tercer lugar y, por último, el Ministerio de Finanzas.
En Rumanía existe un Ministerio de Economía, Energía y Medio Ambiente. En Dinamarca se ocupa el Ministerio de Industria, Negocios y Asuntos Financieros.
En Polonia se da una particularidad. Existe una Oficina de Competencia y Protección del Consumidor de ámbito nacional que reporta directamente al primer ministro, no depende de ningún ministerio.
En Hungría las competencias están dentro del Ministerio de Innovación y Tecnología. En Suecia se ocupa el Ministerio de Integración e Igualdad, aunque también toca parte a los ministerios de Agricultura, Justicia y Finanzas.
En Chipre, el Servicio de Protección del Consumidor forma parte del Ministerio de Energía, Comercio e Industria. En el Gobierno de la República Checa, es el de Industria y Comercio. En Estonia, el grueso de las atribuciones recae sobre el Ministerio de Asuntos Económicos y Comunicaciones, aunque también se reservan algunas los ministros de Justicia, Agricultura y Asuntos Sociales.
En Eslovaquia la protección de los consumidores es materia del Ministerio de Economía y Construcción. En Eslovenia, el de Economía. En Finlandia, las competencias se reparten entre el Ministerio de Empleo y Economía y el de Justicia.
En Malta existe un ministro de Turismo y Protección del Consumidor, Clayton Bartolo. En Letonia se encarga, sobre todo, el Ministerio de Economía. Y en Lituania hay cuatro ministerios concernidos: Justicia, Agricultura, Economía y Educación y Ciencia.
En Austria, el Gobierno tiene la política de consumo como una materia horizontal y transversal que atañe, por tanto, a varios ministerios. Aunque fundamentalmente a la cartera de Asuntos Sociales, Salud y Protección del Consumidor.
En Bélgica se ocupa un Servicio Público Federal, al margen del Gobierno. Y lo mismo ocurre en Croacia. En Bulgaria, por último, las competencias están en el Ministerio de Economía.
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