10 de diciembre de 2022

Chus del barco

Entrevista a la juez decana de Madrid

Chus del Barco: «Defender la Constitución se ha convertido en un acto revolucionario»

La decana de los jueces de Madrid y primera presidenta de la Asociacióm Profesional de la Magistratura (APM) habla, sin tapujos, entre otras cuestiones, sobre la perspectiva de género en la Justicia y sus carencias

Si fuese deportista, Chus del Barco sería de esas atletas icónicas con un palmarés asombroso y varios recórds mundiales. Sin embargo, a una de las juristas más relevantes y aguerridas de nuestro país lo que se le «daba bien de verdad era estudiar», así que hincó codos y aprobó la oposición a juez con tan sólo veintisiete años.
Del Barco es, además de una mujer con determinación -de las que no se calla si se trata de defender la verdad con un envidiable sentido de la Justicia- una pionera en la Carrera Judicial, con más de 25 años de experiencia. Fue la segunda mujer elegida juez decana de Madrid, el 28 de junio de 2018, cuando era titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de la capital; y, ha sido la primera en presidir la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), puesto que ostenta en la actualidad. Antes pasó por el Juzgado Mixto 5 de Arganda, por el de lo Penal de Cuenca y por la Primera Instancia de Carrión de los Condes, su primer destino.
–Es obligado preguntarle por la delegada del Gobierno en violencia de género que acusó a los jueces de no investigar los abusos sexuales de la Iglesia...
–Nada de lo que dijo esta semana Victoria Rosell es cierto. Es una declaración más de todas las que venimos escuchando en esta línea desde el Gobierno pero que, cuando lo dice una juez, como en este caso, puede hasta parecer que es verdad. Los jueces no encubrimos delitos. Pero bueno, que si quiere insistir en la mentira, pues ella sabrá de qué chiringuito le gusta vivir... Si tú como juez alguna vez has sufrido algún tipo de presión, denúncialo. El resto es paternalismo rancio.
–¿Es machista y retrógada la Justicia?
–No es cierto que los jueces de este país seamos machistas, ni franquistas, cuando se están jubilando los que nacieron en el año 50. No se lo cree nadie. Es un discurso que forma parte de otra estrategia para desprestigiar al Poder Judicial, deslegitimar la función del juez, sus sentencias y, así, justificar su incumplimento. Unidas Podemos, en el Gobierno, quiere cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial porque según ellos, solamente acceden los conservadores y los ricos.
–¿Tampoco es, entonces, elitista la Carrera Judicial?
–Para opositar a juez no hay que tener un patrimonio como el de Amancio Ortega. Cualquier familia de clase media puede pagar las oposiciones de su hijo. La inmensa mayoría de los que estamos tenemos un origen medio, sólo hay que leerse las estadísticas del CGPJ. Tampoco pasa nada porque tu padre sea juez y tú quieras serlo. A ver si voy a condenar yo a mis hijos a que no puedan ser magistrados porque yo lo sea. El actual sistema de oposición libre es el único que garantiza que la Justicia y la ley sean iguales para todos.
–¿No hay desigualdades? ¿No cree que con las leyes Viogen muchos derechos de los hombres están siendo vulnerados o pisoteados? ¿Que se beneficia a madres sobre padres?
–La Ley de Protección Integral de Violencia de Género fue declarada constitucional en el incremento de la pena de los delitos de lesiones en los que la víctima es una mujer. Más allá del discurso propagandístico, la inmensa mayoría de los jueces de violencia sobre la mujer que conozco son independientes, aplican la ley y los principios constitucionales, uno de ellos, la presunción de inocencia.
–La reforma del Código Civil para la protección de la infancia, en caso de denuncia, retira la guardia y custodia preventiva a los padres, que no madres, denunciados...
–Es cierto. Con la última modificación parece invertirse la carga de la prueba porque de entrada el padre, progenitor varón, no es apto para la guarda y custodia. En realidad, lo que obliga es al juez a motivar por qué sigue manteniendo su ejercicio aunque exista una denuncia. Esto supone un cambio con respecto a la situación anterior en la que se mantenía el mismo régimen y sólo se producía esa privación, motivadamente. Yo confío en el criterio de los jueces de este país y en que siempre actúan conforme a Derecho. Es verdad que, a veces, las leyes se orientan en un sentido determinado, pero mientras el juez conserve un margen de apreciación podrá aplicar la norma general al caso concreto porque, obviamente, no todos los asuntos que se denuncian en violencia de género acaban justificados o probados.
–¿Se está avanzando, o retrocediendo, hacia el Derecho Penal de autor?
–A todos los que piensan que hay que condenar sí o sí desde el momento en el que existe una denuncia porque el acusado es hombre, les recordaría aquellos casos en los que ellos son condenados en los medios de comunicación donde se desvirtúa la presunción de inocencia antes, incluso, de acreditarlo con pruebas válidas ante el tribunal. O los casos en que tras un juicio justo en el que ha quedado probado, por ejemplo, que han atentado contra agentes de la autoridad, sostienen que son inocentes. O todo les parece bien cuando se les absuelve... Somos siempre los mismo jueces machistas, fascistas, franquistas y no sé cuántos 'istas' más y aplicamos siempre los mismos principios de presunción de inocencia, a todos. Eso es lo que nos convierte en un Estado de Derecho.
–¿Y cuando la Fiscalía recopila todos los expedientes, por ejemplo, de abusos sólo en el seno por la Iglesia?
–Yo quiero pensar que la Fiscalía, que tiene encomendada la protección de los menores, quiere investigar todos los delitos de abuso sexual infantil que, por desgracia, en la mayoría de las ocasiones se producen en el ámbito íntimo de la vida de los niños. Pese a la estructura jerárquica del Ministerio Público hay excelentes profesionales. Si hubo miembros de la Iglesia que han cometido delitos contra menores, obviamente, tendrán que responder como cuando lo hicieron alguno de los progenitores o alguien cercano al círculo familiar. Los tribunales se pronunciarán siempre con los mismos parámetros, con independencia de quién sea el acusado.
–¿Es el Poder Judicial uno de los últimos diques de contención del Estado de Derecho?
–En estos momentos y siempre. Nuestro Estado de Derecho se basa en la división de poderes, en el juego de pesos y de contrapesos. Los jueces no queremos controlar la labor del resto de poderes públicos sino que los poderes públicos -como los ciudadanos y, también, los jueces- están sujetos al cumplimiento de la ley y somos los jueces, los que por nuestra función, estamos obligados a velar por ese cumplimiento de la legalidad por parte de otros. Los jueces tenemos muy claro cuál es nuestro papel constitucional. Sería bueno que lo supieran el resto de poderes del Estado.

Sería bueno que todos los poderes del Estado tuviesen claro su papel constitucional como lo tenemos los jueces

–¿Cómo estáis los jueces? ¿Qué os falta o qué os sobra?
–Nos sobran vocación y ganas de trabajar. Pero los juzgados están hasta arriba de trabajo, saturados por completo por más que los discursos ministeriales hablen de que estamos en la era digital. No. La Justicia todavía va a pedales, por desgracia. Hay sobrecarga de trabajo con plantillas de funcionarios que no están siempre lo suficientemente preparados. Para mejorarlo, primero tendría que adecuarse la planta judicial a la realidad: tener los juzgados que son necesarios y donde son necesarios. El estudio ya está hecho por el CGPJ y el Ministerio lo sabe. Además, España sigue teniendo una de las tasas más bajas de jueces por habitante, no llegamos a 12 cuando la media es de 24. Hay que cambiar las leyes procesales porque no es normal que se saturen los juzgados con reclamaciones de 200 euros. Lo siento. Es mucho dinero público el que cuesta la Justicia para eso. Se necesitan más plazas de juez, políticas de conciliación reales para los jueces, fijar las cargas de trabajo a efectos de salud laboral porque no podemos seguir con este ritmo de trabajo de forma permanente... el ciudadanos merece una respuesta de calidad y en tiempo.
La persona que está pendiente de una pensión de la Seguridad Social o del ingreso mínimo vital necesita una respuesta ágil porque ese ingreso mínimo, efectivamente, es vital. O el señor que tiene un taller pequeño con dos empleados y está pendiente de que le paguen varios deudores, si no le resolvemos pues a lo mejor se ve abocado a cerrar o a despedir a uno de los trabajadores. Y quien no trabaja y no tiene ingresos, ni paga hipoteca, ni luz, ni el colegio de sus hijos.
–Todo eso cuesta dinero. Y el Ministerio dice que no hay presupuesto.
–Esto va de dinero. Y si vemos el Boletín Oficial del Estado se ve cada gasto que... yo no digo que no sea necesario pero hay cosas para las que sí hay dinero, y ¿para Justicia no?. Ya sé lo que hacen los ministros de turno. Lo hace Pilar Llop, lo hizo Juan Carlos Campo y lo hacía Rafael Catalá. Todos dicen que se gasta mucho y que se va a invertir más pero saben de sobra que hay que invertirlo bien, de manera eficiente. Somos un servicio público y yo como juez tengo esa vocación de servicio pero también nos cansamos de que hablen de nosotros sólo como un servicio público. Somos un Poder del Estado. No me quieran bajar el nivel relevante que nos ha dado la Constitución. No se hace más porque no se quiere. No hay un pacto de Estado porque no interesa a nadie. Justicia no es una competencia cómoda para ninguna Administración porque no da votos.

Justicia es una competencia incómoda para todos porque no da votos

–Hablando de votos, ¿cuándo cree que debería dimitir o apartarse un político? ¿Por la mera sospecha, imputado...?
–Es complicado porque a veces se usa el proceso penal, y esto es muy peligroso, como un instrumento para quitarte de enmedio al adversario político de otro partido como sea. A mí me parece un exceso que se dimita a la primera denuncia. Tendremos que esperar un poco a que, al menos, se inicie alguna investigación formal. Por otra parte, un político investigado mancha mucho la imagen de la clase dirigente y provoca desconfianza del ciudadano en las instituciones.
–¿Hasta qué punto somos responsables los medios de comunicación?
–Los medios de comunicación deberían ser imparciales, si es que creemos en una información veraz, que es un derecho que tienen los ciudadanos para formarse un criterio serio de las cosas y opinar con fundamento. Porque hoy te dirigen unos pero mañana pueden llegar otros y lo mejor es tener una línea propia.
–En materia de política penitenciaria, ¿se está favoreciendo a los presos de ETA por intereses políticos hacia Bildu?
–Lo que nos distingue de ETA, fundamentalmente, es que les aplicamos el Derecho. Nosotros no usamos la ley como venganza. Imponemos la pena que corresponde y velamos porque se cumpla. Eso es lo que distingue a un país democrático que cree en los derechos y en las libertades de los ciudadanos, incluso cuando hayan cometido los actos más repulsivos y repugnantes para la sociedad. No sé si se están aplicando privilegios, no conozco los procedimientos al detalle, pero existen juzgados de vigilancia penitenciaria, también en la Audiencia Nacional, para velar sobre cómo se están cumpliendo las condenas. De hecho a los etarras se les exige que pidan perdón y que se arrepientan para acceder a permisos. Hace unos días se revocó uno de ellos porque no se había cumplido el requisito. El sistema funciona.

Si el CGPJ tuviera autonomía presupuestaria y económica, si no dependiera del Ministerio, ni de las comunidades autónomas, otro gallo nos cantaría

–Sobre la renovación, pendiente del CGPJ, ¿es tan difícil modificar la ley para que los jueces elijan a sus vocales?
–Lo que no hay es voluntad. En octubre, el PSOE y Unidas Podemos querían reducir la mayoría de tres quintos, a absoluta, en Congreso y Senado para nombrar a los representantes de los jueces. Gracias a la Unión Europea ese intento quedó aparcado. Europa nos pide que en el CGPJ la mayoría de sus miembros sean jueces o magistrados elegidos por sus pares. Los socialistas nunca han querido esa reforma porque dicen que la elección actual es un sistema más democrático. Yo, disiento. Para empezar, de los 20 miembros, 8 ya los nombran Congreso y Senado. Lo legítimo es que el órgano de gobierno de los jueces lo elijan sus gobernados, que somos los jueces. Tampoco cambió nada el Partido Popular cuando tuvo la posibilidad de hacerlo con mayoría absoluta. No sé si quien liderará el PP, a partir de ahora, mantendrá las líneas rojas para la renovación del Consejo o va a aparcar la exigencias de Pablo Casado.
–El Tribunal Constitucional validó este método...
–Esa reforma del año 1985 fue recurrida por la entonces Alianza Popular. Y el Constitucional declaró la constitucionalidad con una serie de cautelas y avisando de una serie de peligros, pero nos hemos tirado al precipicio por completo y caído en todos ellos. Y no es cierto, como dice la ministra Llop continuamente, que los jueces ya hayamos elegido porque presentamos una lista de candidatos para que sean otros los que los seleccionen. Presentar una lista de candidatos no es elegir a a nadie. A ver si ahora resulta que presentar una candidatura de un partido a las elecciones generales de un partido es igual a que ya hayamos votado los ciudadanos. Yo estoy asociada a la APM y elijo a unos compañeros pero el que no pertenece a mi asociación, o no está asociado a ninguna, ni siquiera eso.
–¿La parálisis del Consejo está causando problemas?
–Hay más de 50 cargos por nombrar. Pero es que los jueces de a pie, los de la trinchera, están viendo que el Consejo no funciona y se está desmoronando como órgano de gobierno. Ha perdido la autoridad que tiene un órgano que está en el pleno ejercicio de sus funciones porque se las han cercenado y, además, lleva tres años y pico caducado su mandato. Esa situación interina hace que frente al Ministerio no tenga fuerza para exigir medidas o comisiones. El Consejo se reúne pero vuelve igual, con los jueces sin refuerzos y sin nadie que esté plantando cara ante quien pone el dinero. ¿Sabes cómo se solucionaría esto? Si el Consejo tuviera autonomía presupuestaria y económica para gestionar los medios materiales y personales de la administración de Justicia. Si no dependiera del Ministerio ni de las comunidades autónomas, otro gallo nos cantaría.
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