Dolores Delgado tomando posesión de su cargo, en febrero de 2020
Fiscalía
Delgado no activó la Sección de Nombramientos pese a la polémica en sus designaciones
La fiscal general del Estado se enfrenta, este mes, al filtro del Supremo sobre la idoneidad de sus elecciones para los cargos más relevantes de la Carrera Fiscal
En 2009, se reformó el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para crear, en la Inspección Fiscal, un área llamada Sección Permanente de Valoración. La finalidad con la que nació esta especialidad era la de valorar los méritos de los aspirantes a los puestos vacantes en el seno de la Carrera Fiscal, para que el Consejo Fiscal –máximo órgano colegiado de la Fiscalía– pudiera tener un criterio, más o menos, independiente sobre los perfiles de los candidatos. Hasta la fecha, Dolores Delgado no ha activado dicha sección para valorar objetivamente los méritos de los candidatos a cada una de las plazas convocadas. Y ello, pese a que sus nombramientos han estado, desde su llegada, sujetos a la polémica constante.
Tal es así que la Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo se prepara para resolver, a finales de este mismo mes, los dos recursos planteados ante el Alto Tribunal contra el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón, como fiscal de Sala jefe de la Unidad Coordinadora de Menores. La elección de la fiscal general –cuestionada tanto por la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) como por otro de los candidatos que optaba al cargo, José Miguel de la Rosa Cortina– ha puesto, nuevamente, bajo la lupa de la «idoneidad» los criterios de Delgado para la selección de los perfiles que han de ocupar las plazas de mayor relevancia en el organigrama del Ministerio Público.
Delgado defendió, en su día, la elección de Esteban Rincón exfiscal Jefe de Madrid, por su capacidad para dirigir la circunscripción más numerosa y compleja de todo el país «con gran éxito demostrando su capacidad para generar sinergias positivas y para coordinar, gestionar y motivar grandes equipos». Sin embargo, a juicio de la AF, de la Rosa Cortina, que también se postuló para el mismo cargo, atesoraba una mayor experiencia práctica y mejores conocimientos jurídicos en la materia y, además, ostentaba la categoría de fiscal de Sala, un escalafón superior al del elegido.
No era la primera vez que ocurría. El pasado mes de noviembre, El Debate revelaba en exclusiva cómo, la titular del Ministerio Público llamaba a una fiscal barcelonesa, Olalla Vázquez Moraga, para cubrir una vacante en el seno de la Inspección pese a que, según apuntaron a El Debate fuentes próximas al Departamento, «lo habían pedido compañeros 1.000 puestos por encima en el escalafón, en una carrera de 2.500 números».
La cúpula de la Fiscalía, con afines
El criterio de Dolores Delgado, desde su llegada al cargo, ha sido consolidar el monopolio de sus afines, procedentes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en la cúpula del Consejo Fiscal. La inspectora jefe, María Antonia Sanz Gaite, y la teniente fiscal del Alto Tribunal, Angeles Sánchez Conde, ambas miembros natos del órgano colegiado, son dos mujeres de la absoluta confianza de la socialista. Fuentes próximas al Ministerio Público apuntaron, además, a que la segunda de Delgado, recién llegada a su cargo tras el repentino fallecimiento de Juan Ignacio Campos, el pasado mes de diciembre, fue elegida por su perfil concreto, el más adecuado para frenar las cada vez más habituales críticas contra la titular de la Fiscalía desde el seno de la Carrera.
No en vano, los recursos judiciales que han llevado, por segunda vez, a la fiscal general han coincidido en varios de los argumentos que motivaron el inicio de la acción civil: el principal, el hecho de que los aspirantes a las plazas no contaban, presuntamente, con los requisitos de idoneidad para el cargo que serían exigibles en estos puestos clave. El segundo, como la costumbre que impone que los nombramientos de la fiscal general atiendan a un equilibrio en las designaciones, desde la llegada de Dolores Delgado al Ministerio Público, no se están produciendo.
El 'caso Stampa'
Hasta tal nivel parece haber llegado el sesgo de Delgado que, una de las polémicas que sobrevuela su credibilidad en el ámbito de los nombramientos, el llamado 'caso Stampa', no ha dejado de salpicar su mandato. Los fiscales han pedido en numerosas ocasiones que la titular del Ministerio Público dé explicaciones sobre las presuntas maniobras desplegadas por la institución que dirige «en la reclamación de responsabilidad patrimonial» que presentó el fiscal Ignacio Stampa en el marco de un funcionamiento anormal de la Administración de Justica, supuestamente instado por la propia Delgado –que «determinaron finalmente el apartamiento» de Stampa de la instrucción de una causa judicial abierta por graves delitos de corrupción– en la que el despacho profesional del que es titular la pareja sentimental de la fiscal general, el exjuez Baltasar Garzón, ejercía la defensa de varios implicados.
Hasta tal punto ha sido así que los miembros de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) en una comunicación remitida al Consejo Fiscal sostuvieron que «el asunto está presuntamente plagado de irregularidades y que causa un daño muy grave a la institución», y en la que solicitaron al órgano que respondiese a varias de las cuestiones más sangrantes sobre el papel de Delgado en el expediente.
Pese a que la propia fiscal general convocó un pleno extraordinario para dar cuenta de la cuestión, ninguna de las explicaciones convenció a los fiscales. Ni un sólo documento respaldó la versión de Delgado que, sin embargo, ha sido cuestionada por varios frentes y desacreditada con diferentes informaciones de distinta naturaleza. Por ello, ha judicializado la falta de información.
Reproches de los fiscales
Los vocales electivos de la lista de la Asociación de Fiscales (AF) han reprochado a Delgado la creación de 60 plazas al considerar que es un número «exiguo» y «muy por debajo de las previsiones» que se les informó que habían sido demandadas desde la Fiscalía General para poder atender las necesidades de las fiscalías territoriales.
En un comunicado emitido este lunes, los vocales también han lamentado que desde el Ministerio Público «no se hayan tenido en cuenta los informes que fueron solicitados a los fiscales jefes sobre las necesidades de aumento de plantilla en las fiscalías respectivas». Al hilo, han criticado que el Ministerio de Justicia continúe con la creación de plazas de tercera categoría, «vista de la desproporción existente con idénticas plazas en la Carrera Judicial y fundamentalmente si se tiene en cuenta que la creación se produce en partidos judiciales cuyas plantillas están compuestas íntegramente por magistrados».
Los vocales se han pronunciado así después de que el pleno del Consejo Fiscal –el órgano consultivo de Delgado– del pasado 4 de marzo aprobara el informe al proyecto del Real Decreto de ampliación de la plantilla del Ministerio Fiscal. Según recoge el comunicado, la fiscal general anunció la previsión de crear otras 70 plazas a finales de año, la mayoría de ellas de la segunda categoría.
«Plenos sin turno de ruegos y preguntas y de carácter exclusivamente virtual», han afeado los fiscales a Delgado
En aquel pleno también se aprobó el informe al anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica una parte del Código Penal, para la transposición de directivas en materia de lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo, y una parte de la Ley Orgánica sobre el intercambio de información de antecedentes penales de la Unión Europea.
Los vocales electivos de la AF han subrayado que «este pleno ha sido diferente a los demás, sin aprobación del acta de la sesión anterior, ni apartado de ruegos y preguntas y de carácter exclusivamente virtual». Según ha precisado, ello debido a «razones de urgencia» manifestadas por Delgado.
«Los vocales de la lista de la Asociación de Fiscales no compartimos este modo de proceder, máxime cuando la propia fiscal general nos comunicó expresamente en el pleno pasado, de 11 de enero, no convocar ningún otro pleno ordinario hasta el mes de marzo y ello a pesar de que existían ya entonces varios informes de proyectos legislativos –además de los aprobados en esta reunión– que no admitían demora pues su plazo de realización habría necesariamente de concluir antes del mes de marzo», han indicado.
Según han indicado, está previsto que el próximo pleno del Consejo Fiscal se celebre los días 23 y 24 de marzo para realizar los informes a varios proyectos legislativos y a las propuestas de nombramiento discrecional de la convocatoria para destinos vacantes en la Carrera Fiscal.
Comentarios
