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23 de abril de 2024

Dolores Delgado

Tribunales

Cinco vocales del Consejo Fiscal recurren al TSJM que Delgado les ocultase datos del caso Stampa

El abogado de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en el seno del órgano de representación, prepara la demanda con el fondo del recurso que se presentará en los próximos días

A punto de conocerse la decisión de la Justicia sobre la demanda interpuesta por el fiscal Stampa contra la actual fiscal general, Dolores Delgado -por presuntamente prolongar de forma innecesaria una investigación interna sobre el que era acusación en el «caso Tándem» para que llegase abierta al concurso de ocho plazas en Anticorrupción a las que el fiscal optaba- se abre un nuevo frente para la titular del Ministerio Público. Cinco vocales del Consejo Fiscal han recurrido ante la Justicia la decisiín de Delgado de denegarles el acceso a parte de la información del expediente instruido contra Stampa que, finalmente, no llegó a nada.
Los miembros que representan a la Asociación de Fiscales han decidido llevar a los tribunales la negativa de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a darles información que habían pedido del caso Stampa. Y, para ello, el abogado de la entidad profesional mayoritaría prepara el contenido de la demanda del recurso contencioso-administrativo que esta misma mañana se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
En los próximos días se conocerán los motivos jurídicos que fundamentan la misma. Aunque fuentes de la carrera fiscal consultadas por El Debate han subrayado que la esencia es que «a los vocales del Consejo Fiscal se les ha denegado una información» que tenían derecho a solicitar y a conocer «en el ejercicio de sus funciones».
El órgano judicial elegido es el TSJM porque «no hay una previsión legal concreta sobre qué tribunal es el competente para conocer los recursos contencioso-administrativos contra las decisiones del fiscal general del Estado», apuntan a El Debate desde la AF. Por tanto, «residualmente» le corresponde al «Tribunal Superior» en este caso de Madrid.

Llegar hasta el final

Desde que saltase a la opinión pública el escándalo del conocido como «caso Stampa», los fiscales han exigido que la titular del Ministerio Público, Dolores Delgado, dé explicaciones sobre las presuntas maniobras desplegadas por la institución que dirige «en la reclamación de responsabilidad patrimonial» que presentó el fiscal Ignacio Stampa por un funcionamiento anormal de la Administración de Justica, supuestamente instado por la propia Delgado -que «determinaron finalmente el apartamiento» de Stampa de la instrucción de una causa judicial abierta por graves delitos de corrupción. Un procedimiento en el que, además, el despacho profesional del que es titular la pareja sentimental de la fiscal general, el exjuez Baltasar Garzón, ejercía la defensa de varios implicados.
Así lo han exponían, en un principio, los miembros de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) en una comunicación remitida al Consejo Fiscal donde sostenían que «el asunto está presuntamente plagado de irregularidades y que causa un daño muy grave a la institución», y en la que solicitaban al órgano que respondiese a varias de las cuestiones más sangrantes del asunto.
Una posición a la que se sumaban los vocales de la AF en el Consejo Fiscal, y la propia asociación como tal, después de que Delgado convocase un Pleno extraordinario para hablar de la cuestión sin que se permitiese, en ningún momento, a los miembros acceder a la documentación que refrendaba la versión de la fiscal general, a la que no se creen.
A partir de entonces, los vocales de la asociación mayoritaria, con cinco miembros en el seno del órgano de representación de la carrera -que hasta ese momento habían mantenido un perfil bajo- manifestaron su disconformidad con las escasas explicaciones aportadas por Delgado. Lejos de convencer a sus compaleros, éstos confirmaban«su falta de credibilidad ante la opinión pública».
«Somos conscientes de la preocupación generalizada de toda la Carrera por los últimos acontecimientos que están dañando su imagen y a la propia Institución. Su exposición continua ante la ciudadanía derivada de su forma y manera de proceder y entender la Institución son la raíz del problema», denunciaban en un avance de lo que será el pleito jurídico que hoy han iniciado.
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