Dolores Delgado, la actual fiscal general del Estado, en 2019
Caso Stampa
Los fiscales cargan contra Delgado y exigen su «inmediata dimisión» por maniobrar contra Stampa
El asunto es «gravísimo» y los miembros de la Carrera apuntan a un presunto «tráfico de influencias» de la fiscal general, a la que piden que abandone el cargo
la Fiscalía General «no está dirigida por la persona idónea», su Secretario Técnico «no debería permanecer ni un día más en el puesto» y es imprescindible «instaurar un sistema de contrapesos al absoluto control de la institución que ejerce el Fiscal General» del Estado, actualmente en manos de Dolores Delgado a quien sus compañeros de Carrera han exigido, una vez más, que dimita. La Fiscalía «en las condiciones actuales y salvo reformas estructurales muy importantes, no está en condiciones de asumir hoy día las investigaciones de los delitos, por el riesgo de que los derechos de los investigados se vean conculcados de la misma forma que lo han sido los del Sr. Stampa», han denunciado desde la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), en un durísimo comunicado que se ha hecho público este martes.
Sus actuaciones y decisiones erráticas y sectarias y su flagrante incumplimiento de los estándares éticos más elementales (...) son incompatibles con su permanencia en el cargo
Por su parte, la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) «ante el cúmulo de informaciones aparecidas en el día de hoy que acreditan con pruebas documentales que la FGE encubrió ante el Consejo Fiscal, órgano de representación democrática de todos los Fiscales, su intervención en un asunto en que debió abstenerse» han exigido, de nuevo, «la inmediata dimisión» de Dolores Delgado en el cargo.
«Sus actuaciones y decisiones erráticas y sectarias y su flagrante incumplimiento de los estándares éticos más elementales, sitúan permanentemente a su persona y a la institución que dirige en el punto de mira y reproche público permanentes con grave daño al prestigio del Ministerio Fiscal y enorme quebranto de la confianza que la ciudadanía puede depositar en ella. Su permanencia en el cargo es incompatible con la imparcialidad y los demás principios constitucionales que rigen el Ministerio Público», han añadido en el texto de la Comisión Ejecutiva de la AF.
«Tenemos que recordar que los Vocales electos por la lista de la AF recurrieron en vía contencioso-administrativa la decisión de la FGE de no facilitarles el expediente disciplinario abierto al compañero, por entender que la consideración como reservado y la negativa a comunicar esa documentación al Consejo Fiscal no ayuda a despejar las dudas creadas y afecta al artículo 23.2 de la Constitución Española que consagra el derecho a ejercer el cargo público sin perturbaciones ilegítimas», han apostillado.
Que actúe el Consejo Fiscal
Además, los fiscales han pedido al Consejo Fiscal que funcione «como garante de los derechos de los fiscales y no como órgano acrítico con el FGE hasta que la evidencia de los abusos se precipita sobre el mismo». «Debe instaurarse un tipo específico de tráfico de influencias en el Código Penal que permita incluir conductas como las perpetradas en el presente caso», han apuntado desde la APIF.
Los fiscales se han mostrado tajantes tras las informaciones publicadas en El Debate, y en otros medios de comunicación, que apuntan a cómo Delgado maniobró en contra del exfiscal Anticorrupción Ignacio Stampa -uno de los dos profesionales al frente de la macrocausa Tándem, en la Audiencia Nacional- para bloquear su acceso a una plaza definitiva en dicho Departamento, liderado por Alejandro Luzón.
La transparencia en el conjunto de actuaciones internas no debe ser «voluntaria» por parte la Fiscal General, «sino una obligación legal» y «la infracción del deber de abstención debe determinar de manera automática el cese de la Fiscal General», han afirmado los fiscales tras revelarse la intervención personal de Delgado en el conocido como 'caso Stampa', dando «recomendaciones» al instructor del expediente interno contra el fiscal para prolongarlo, supuestamente, de forma innecesaria.
«Ante la gravedad de las nuevas» informaciones sobre «la acreditada intervención de la Fiscal General del Estado en el llamado 'Caso Stampa', la APIF manifiesta lo siguiente» que la fiscal general «intervino, contrariamente a lo que se informó al Consejo Fiscal, de manera muy relevante, en el conjunto de actuaciones penales que se abrieron contra el fiscal Sr. D. Ignacio Stampa, manteniéndose las mismas abiertas de manera artificial durante el tiempo necesario para hacer imposible que el mismo tuviera oportunidad alguna de obtener una plaza que solicitaba y que llevaba aparejado continuar con el asunto que involucraba a varios individuos defendidos por el despacho de la pareja de la Fiscal General». Esto es, el exjuez Baltasar Garzón.
Ocultación sistemática de datos
«La ocultación de la intervención de la FGE al Consejo Fiscal; la calificación de «gravísimas difamaciones» a las imputaciones que se le hacían» por este asunto; «la intervención del Secretario Técnico en la prórroga de las diligencias, sin ningún tipo de competencia para ello, en forma de 'sugerencias' al Instructor; los ataques vertidos en el mismo Consejo Fiscal contra el Instructor de las Diligencias (Sr. Ruiz de Alegría) que se negaba a seguir con el juego diseñado desde la cúpula de la Fiscalía General, mientras se le negaba la posibilidad de defenderse en el propio Consejo donde se le injuriaba; la ocultación sistemática de datos a los interesados en el asunto; o el hecho de que hasta en el mismo Senado español, la Fiscal General sostuvo que se la estaba difamando por algo que ahora se revela como cierto, convierten este caso en un asunto de insólita gravedad», han denunciado públicamente desde la APIF.
«El documento ahora publicado que revela que el fiscal jefe del TSJ de Madrid», Jesús Caballero Klink, comunicó «el conjunto de incidencias que afectaban al caso del Sr. Stampa, en lo que afectaban al conocimiento de éste» y de las recomendaciones «del Secretario Técnico para prolongar el asunto vivo, acreditan que fue la FGE quien 'solicitó' dicha información; que la solicitó con 'urgencia'; y que se le informó cumplidamente de 'los datos objetivos, sin realizar valoraciones', ofreciéndole asimismo las ampliaciones que se estimaran. Es decir, que intervino», han remarcado los fiscales en su escrito.
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