15 de agosto de 2022

Ilustración: Pilar Llop, jueces

Lu Tolstova

Justicia pide a los jueces que reduzcan las «solicitudes de material» por falta de presupuesto

La Gerencia Territorial de Órganos Centrales de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia ha comunicado su imposibilidad de «continuar con el mismo nivel» de suministro de «consumibles informáticos»

Una escueta nota del Ministerio de Justicia de 21 de abril con un único asunto: «Suministro de material consumible informático para las sedes adscritas a la gerencia de órganos centrales» y una nítida petición, desde el departamento que dirige la exmagistrada socialista Pilar Llop, que «las solicitudes de material se reduzcan dentro de lo posible a lo estrictamente necesario».
Nota de restricción de material informático remitida por la Gerencia Territorial de Órganos Centrales del Ministerio de Justicia

Nota de restricción de material informático remitida por la Gerencia Territorial de Órganos Centrales del Ministerio de Justicia

«En el momento actual y por razones presupuestarias no es posible continuar con el mismo nivel de atención de las solicitudes», asegura en el texto la Gerencia Territorial de Órganos Centrales dependiente de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia. El organismo público explica, además, que no dispone de «recursos suficientes ni de capacidad de contratación para para los importes habitualmente precisos».
Por ello, la responsable del departamento, Yolanda Gómez Echevarría, solicita a los órganos adscritos a la gerencia de órganos centrales que comuniquen «las existencias disponibles en cada unidad, para poder efectuar una proyección de consumo» hasta la finalización de contrato actual con el proveedor del material –Servicios Microinformática SA– el próximo 29 de julio.
El déficit de efectos materiales viene siendo una constante denunciada por las diferentes asociaciones judiciales que representan las dificultades del personal de Justicia en su trabajo diario. Un escenario que, lejos de mejorar, y en ausencia de una digitalización real y efectiva de la Administración judicial, empeora tal y como pone de manifiesto la nota remitida «para conocimiento general».

«Déficit estructural» de plantilla

El propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alertaba este jueves del «déficit estructural» en la plantilla de la carrera judicial y pedía a la actual titular del Ministerio de Justicia, Pilar Llop, que aumente la oferta de plazas en las próximas convocatorias de oposiciones. Según las estimaciones del Consejo, a finales de 2023 la carencia de jueces será «cercana a los 200».
En la nota informativa emitida por el máximo órgano de gobierno de los jueces, se ha avisado que la situación es «especialmente grave en los órdenes jurisdiccionales civil y social, que en los últimos años han experimentado un importantísimo incremento de la litigiosidad», hasta el punto de que el nivel de entrada en 2021 fue incluso superior al que se registró en los años 2014/2015, cuando aún tenían incidencia en los datos los efectos de la crisis económica de 2008.
El Consejo ha asegurado que a finales de 2023 habrán ingresado en la carrera judicial 382 nuevos jueces y magistrados, mientras que las plazas vacantes serán 563, sin contar con las unidades judiciales que el Ministerio de Justicia prevea crear para ese año. Así las cosas, el déficit estimado será, como mínimo, de 181 jueces.

Según las estimaciones del Consejo, a finales de 2023, la carencia de jueces será «cercana a los 200»

Según ha explicado el CGPJ, presidido por Carlos Lesmes, la cifra de nuevos ingresos se corresponde al resultado de sumar los 171 alumnos de la 71ª promoción, actualmente en fase de prácticas tuteladas; los 161 alumnos de la 72ª promoción, que el pasado mes de enero iniciaron su formación inicial en la Escuela Judicial de Barcelona; y, las 50 plazas convocadas para el ingreso como magistrados del conocido como 'cuarto turno', los nombrados por su reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio profesional.
En el marco del comunicado, el CGPJ ha puntualizado que el número actual de plazas vacantes es de 342. Una cifra que incluye los 58 nombramientos discrecionales que no podrán ser cubiertos mientras el CGPJ siga en funciones –resultantes de las bajas por jubilaciones, fallecimientos y otras causas producidas en los últimos años y de las vacantes producidas por los concursos de traslado– a las que hay que sumar las que se prevé que se producirán en los próximos años por jubilación o por el pase a situación de servicios especiales: unas 60 en lo que queda de 2022 y alrededor de 85 en 2023.
En conclusión: 487 vacantes, a las que deberán añadirse las seis plazas correspondientes a unidades judiciales creadas por los Reales Decretos 1050/2020 y 1052/2021 que aún no tienen fecha de entrada en funcionamiento y otras 70 correspondientes a otras tantas unidades judiciales previstas en la programación del Ministerio de Justicia para 2022. Y, todo ello, sin computar las unidades judiciales que puedan crearse correspondientes a la programación de 2023, el total de vacantes a finales de ese año ascendería por tanto a 563.

Una «preocupante» interinidad

El CGPJ ha explicado, además, que una de las principales causas de la elevada cifra de vacantes existente en la actualidad es la «distinta evolución de la planta judicial –las plazas en órganos judiciales– y del escalafón de la Carrera Judicial –el número de jueces–». Así, el 1 de enero de 2014 había 5.373 jueces y magistrados en el escalafón, mientras que la planta judicial era de 5.230 plazas. Por su parte, el pasado 1 de abril el escalafón contaba con 5.521 jueces (148 más) y la planta ascendía a 5.726 plazas (496 más).
Ante tal déficit, el Consejo ha venido en recordar que los órdenes jurisdiccionales civil y social son en los que mayor repercusión han tenido los efectos de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus y las medidas adoptadas para enfrentarla, y también los que han experimentado un aumento de la litigiosidad consecuencia de diversas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Supremo, entre ellas las relativas a las cláusulas abusivas bancarias en los contratos celebrados con consumidores.
Un escenario en el que se da un «preocupante» incremento del número de jueces y magistrados interinos, que ha pasado de 951 en el año judicial 2015/2016 a 1.088 en el actual 2021/2022. Según los datos que manejan, para el próximo ejercicio la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia han propuesto un total de 1.166.
«El órgano de gobierno de los jueces observa con preocupación este incremento y considera que la Justicia interina no es acorde con los principios contemplados en el artículo 117 de la Constitución, que establece que la Justicia se administra por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial», sentenciaba el comunicado.
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