Victoria Rosell confiesa forzada que acusó en falso a jueces de dejar impunes casos de pederastia
Victoria Rosell confiesa forzada que acusó en falso a jueces de dejar impunes casos de pederastia
Tras soliviantar al colectivo de magistrados por dedicarle una sarta de furibundos ataques, incluido el de tapar casos de pederastas en la Iglesia, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género se ve obligada a «confesarle» a El Debate que no tiene pruebas de nada ni ha denunciado a nadie
15 de febrero. La cita es en La Base, el programa de radio que dirige y presenta Pablo Iglesias en el periódico digital de Jaume Roures, Público. Su invitada es Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género e íntima colaboradora de la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Y es allí donde, en un ataque global a una parte de la judicatura, lanza la bomba con una acusación terrible contra los jueces, y sus supuestos encubrimientos:
«En casos de pederastia hemos visto a preparadores o a padres magistrados decirles a hijas juezas de pueblo: 'con el cura no', 'con el obispo no', 'con la Iglesia no'. Quizá de ahí venga parte de la impunidad de este país. Quiero decir, que hay veces que el sistema precisamente de comunicación de prejuicios y de sesgos ideológicos es mucho más sutil, pero no por eso no debemos romperlo con una mejor democratización del acceso».
Sus palabras, en la línea del ataque general a la Iglesia desde la izquierda más radical, provocaron la respuesta unánime de tres de las cuatro asociaciones de magistrados de España, todas menos la más cercana al Gobierno, Juezas y Jueces para la Democracia.
«Está admitiendo que ha tenido conocimiento de conductas que podrían llegar a ser constitutivas de graves delitos, sin que haya aclarado si procedió a denunciarlas por la vía correspondiente».
El escrito exclusivo para El Debate donde Rosell reconoce que no le consta nada de lo que ella mismo denunció
Rosell soltó la piedra y escondió la mano. Hasta hoy. Porque El Debate ha logrado obligar a la Delegada, magistrada de profesión, a dar explicaciones sobre sus acusaciones, y su respuesta es sorprendente: intenta justificarse alegando que no habló como miembro del Gobierno, sino a título personal, apela a la libertad de expresión, que no protege las calumnias ni las injurias; y reconoce que carece de prueba alguna que dé soporte a sus propias palabras.
«Las declaraciones a las que se hace alusión en la solicitud fueron emitidas en el curso de una tertulia en un medio de comunicación al que Dña. María Victoria Rosell no acudió en su condición de delegada del Gobierno contra la violencia de género. Su participación lo era en su condición de magistrada de carrera, que ha sido víctima de graves delitos de corrupción judicial, tal y como ha quedado probado por sentencia firme del Tribunal Supremo. En dicha tertulia puso de manifiesto su opinión personal acerca alguna de las deficiencias que presenta el sistema de acceso a la carrera judicial», intenta excusarse.
«Dichas declaraciones quedan amparadas por el derecho fundamental a la libertad de expresión que se reconoce en el artículo 20.1.a) de la Constitución Española que establece que se reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción», alega por escrito la delegada en un escrito con número de serie 001-066135 en propiedad de este periódico.
Y remata su huida hacia adelante confesando a este periódico que, pese a sus graves acusaciones, carece de cualquier prueba al respecto: «En virtud de lo anterior, no obra en poder de esta Delegación del Gobierno la información solicitada en la solicitud». Es decir, no conoce ni ha denunciado esos casos de pederastia que supuestamente habían perdonado determinados compañeros de judicatura.
Rosell
La tertulia donde soltó las acusaciones de las que ahora de algún modo intenta retractarse es La Base de Público, el programa de radio y televisión por internet que conduce el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y antiguo jefe de filas de la propia Rosell.
Ésta, además, fue presentada en todo momento en ese espacio como «magistrada y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género», un cargo que forma parte del organigrama del Ministerio de Igualdad comandado por Irene Montero.
Su participación en el programa se produjo a mediados del pasado mes de febrero y durante la misma Rosell se despachó a gusto contra el colectivo de jueces. Para empezar, atacó con dureza el sistema memorialístico y preparador articulado para el acceso a la carrera judicial, pues a su modo de ver no produce jueces independientes sino «dependientes» de su formador.
Este, a su vez, es «alguien de la cúpula judicial que no ha tenido formación en derechos humanos, menos en feminismo y además con un poco de suerte ya era juez en el franquismo». Un perfil que la delegada no justificó con datos fehacientes pese a tenerlo tan bien definido.
Pero Rosell fue más allá y denunció la existencia de «presiones más sutiles» en el entorno judicial, relativas a la ocultación supuesta de casos de abusos sexuales a menores ya glosada.
«Irresponsabilidad, oscurantismo y ocultación»
La reacción ante una acusación tan grave y directa no se hizo esperar y tres de las cuatro asociaciones de jueces de nuestro país, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, emitieron un comunicado conjunto para censurar la actitud «gravemente irresponsable» de la delegada del Gobierno al lanzar una «sospecha generalizada de connivencia con autores de graves delitos».
Tres de las cuatro asociaciones de jueces han exigido a Rosell que aclare sus graves denuncias al haber extendido una «sospecha generalizada de connivencia con autores de graves delitos»
En el comunicado también se señalaba a Rosell por haber admitido que «ha tenido conocimiento de conductas que podrían llegar a ser constitutivas de graves delitos, sin que haya aclarado si procedió a denunciarlas por la vía correspondiente». Y en caso de haberlas denunciado, las asociaciones le exigían que «aclare públicamente de cuántos casos se trata y cuál fue el resultado de su denuncia».
Entretanto, en el comunicado se le reclamaba que deje de «contribuir al oscurantismo y la ocultación que dice denunciar» al considera de una irresponsabilidad máxima que «un miembro destacado del Poder Ejecutivo extienda sobre toda la Carrera Judicial española (especialmente sobre las Juezas jóvenes) una sospecha generalizada de connivencia con autores de graves delitos, como la pederastia, razón por las que las anteriores exigencias resultan ineludibles».
Tras este duro rapapolvo, la delegada del Gobierno no ha emprendido ninguna acción aclaratoria. De acuerdo con la documentación que obra en poder de El Debate, se ha limitado a circunscribir sus tremendas acusaciones a la manifestación de una «opinión personal» en calidad de magistrada. Pese a que Iglesias, como se ha señalado, se encargó de presentarla en su condición de delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, ahora Rosell ha optado por desvincular sus palabras del cargo oficial que ostenta.
Víctima de la corrupción judicial y no cargo público
Para hacerlo, se ha servido de un documento oficial rubricado por ella misma donde asevera que las declaraciones «fueron emitidas en el curso de una tertulia en un medio de comunicación al que Dña. María Victoria Rosell no acudió en su condición de delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Su participación lo era en su condición de magistrada de carrera, que ha sido víctima de graves delitos de corrupción judicial, tal y como ha quedado probado por sentencia firme del Tribunal Supremo».
Rosell ha justificado sus acusaciones sin pruebas en que las pronunció ejerciendo su libertad de expresión como magistrada «víctima de la corrupción judicial»
Remarca, asimismo, que «en dicha tertulia puso de manifiesto su opinión personal acerca de alguna de las deficiencias que presenta el sistema de acceso a la carrera judicial», a la vez que reitera su derecho «a la libertad de expresión».
Lejos, por tanto, de aportar pruebas, aclarar, matizar o rectificar las acusaciones que lanzó sobre los jueces, corroboró sus palabras, como ya hizo en las redes sociales cuando aseguró que «los hechos de hace décadas no se pueden denunciar. Pero exigirlo a la única jueza que sí denunció corrupción judicial es sobreactuar por ideología».
De este modo, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha intentado desvincular al Ejecutivo de sus declaraciones, aunque éstas fueron pronunciadas en público ejerciendo inequívocamente como representante del mismo para soltar ahí lo que, en términos coloquiales, es similar a un bulo.
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