Margarita Robles y Pedro Sánchez en el acto solemne de la Pascua Militar
Audiencia Nacional
El juez del caso Pegasus abre una investigación por revelación de secretos y centra las fechas del espionaje a Sánchez y Robles
El titular del Juzgado de Instrucción Central número 4 ha recibido la denuncia de la Abogacía del Estado, tras el reparto del Decanato de la Audiencia Nacional. El espionaje en el móvil de Sánchez se habría producido el 19 y el 31 de mayo de 2021
La última derivada del conocido como caso Pegasus, la que afecta al presunto espionaje al que fueron sometidos los teléfonos móviles del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la ministra de Defensa Margarita Robles, ya tiene asignado instructor y será el magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional. Así ha resultado tras el reparto de las causas recibidas en el órgano judicial, a partir de una denuncia de los hechos presentada por la Abogacía del Estado que ya ha sido admitida como parte personada en el procedimiento.
El juez Calama se ha puesto manos a la obra para tramitar la causa con la mayor agilidad y en un auto emitido este mismo martes ha centrado las fechas en las que se produjo el presunto delito de revelación de secretos sobre los miembros del Gobierno: el móvil de Sánchez resultó infectado el 19 y el 31 de mayo de 2021, mientras que el de la ministra de Defensa fue en junio de ese mismo año.
Ex presidente de la Generalitat
Torra demanda a Pedro Sánchez por haber sufrido espionaje con Pegasus
El escándalo saltaba cuando el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, anunciaba este pasado lunes en una rueda de prensa convocada junto a la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, que el teléfono del jefe del Ejecutivo y el de la titular de Defensa fueron infectados con el software Pegasus.
Una circunstancia que el Gobierno puso en conocimiento de la Justicia, adjuntando sendos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional en los que se detallaban los pormenores del presunto delito cometido contra ambos miembros del Consejo de Ministros. En concreto, las intrusiones en el móvil de Sánchez se habrían producido el 19 y el 31 de mayo de 2021.
En un primer momento, era el propio Calama el que recibía, como Juzgado de Guardia, durante el último festivo, una denuncia que envió a reparto y que, finalmente, él mismo ha asumido por las normas habituales de asignación de la Audiencia Nacional.
El juez ha dado traslado a la Fiscalía para que informe sobre la práctica de las diligencias de investigación necesarias para esclarecer la naturaleza y las circunstancias en las que se produjeron las extracciones de información, además de identificar a las personas que hubieran podido participar en los mismos.
Calama ha considerado que los hechos relatados en la denuncia de la Abogacía del Estado encajan en los delitos que el Código Penal tipifica como de descubrimiento y revelación de secretos, en el marco de los «delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio». El magistrado ha declarado, por ello, la competencia «meridianamente clara» de la Audiencia Nacional para hacer averiguaciones sobre una causa penal que, como prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial, afectan a altos organismos de la nación.
Informes confidenciales
El magistrado dirigirá, a partir de ahora, las pesquisas para depurar responsabilidades en un caso que se ha complicado a medida que han avanzado los días. Si inicialmente eran los independentistas catalanes las víctimas del Gobierno detrás supuestamente del espionaje con el cuestionado sistema de vigilancia israelí, era el propio Ejecutivo quien hacía trascender ayer mismo a la opinión pública que dos de sus miembros también habían sido víctimas del robo de datos con el mismo malware. Una preocupante fisura en la seguridad nacional española que habría favorecido la obtención ilegal de la información manejada por los representantes del Estado.
Los informes confidenciales, desvelados por Moncloa en una comparecencia inédita que ha molestado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), reflejan cómo Pegasus infectó el móvil oficial de Sánchez en una primera ofensiva de la que se obtuvieron datos por valor de 2,6 gigas. Casi la totalidad del contenido del teléfono. Más tarde serían transferidos otros 130 megas. Por último, en junio, el objetivo fue el terminal de la ministra Margarita Robles del que se robaron, presuntamente, nueve megas de información.
Comentarios
