Pedro Sánchez, junto al borrador de la nueva Ley de Seguridad Nacional
Los riesgos de la norma
La Ley de Seguridad Nacional: una vía que podría dar a Sánchez poderes ilimitados en situación de crisis
El presidente contó con la oposición para aprobar solo el primer paso de una polémica legislación
Le permitiría gozar de poderes casi ilimitados en circunstancias de crisis, apropiarse de bienes privados o poner a trabajar para el Estado a los mayores de 18 años
Pedro Sánchez podría reclutar a todo español mayor de 18 años para ponerle a trabajar para el Estado. E incautarse de cuantos bienes privados, básicamente industriales, considerara necesarios, con una única premisa fácil de cumplir: que el Gobierno considere que España vive una situación de «crisis» y decida «nacionalizar» todo aquello que estime oportuno.
Ese es en síntesis el espíritu, cuando no la letra, de la reforma de la Ley de Seguridad Nacional aprobada primero en el Consejo de Ministros y después en el Congreso que, de no modificar su contenido en la fase de tramitación, daría a Pedro Sánchez poderes casi absolutos en cuando declare una emergencia nacional, sin tener que recurrir necesariamente a los estados de alarma bien conocidos durante lo peor de la pandemia.
El Gobierno podría requisarlo casi todo
La ley, que reforma y amplía la anterior vigente desde 2015, tuvo en sus inicios la oposición parcial del Consejo de Estado por el insólito intervencionismo que consagra, resumido en varios pasajes literales como éste, ya provisionalmente aprobado:
«Cuando la naturaleza de la situación de interés para la Seguridad Nacional lo haga necesario, las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad funcional, podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como a la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades.
Quienes como consecuencia de estas actuaciones sufran perjuicios en sus bienes y servicios, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes».
La redacción, según fuentes jurídicas consultadas por El Debate, es lo suficientemente imprecisa como para disparar las alarmas: primero por el responsable de la decisión, que sería un cargo político –ahora mismo Félix Bolaños– sin respaldo judicial. Después por la ausencia de límites a los bienes susceptibles de ser requisados, que podrían ser incluso los ahorros por la falta de precisiones. Y finalmente por la duración, que no está acotada en ningún plazo concreto.
Esa invasión se extiende también a los ciudadanos a título personal, con otro párrafo inquietante incluido en la ley: «En los casos de situación de interés para la Seguridad Nacional, cualquier persona, a partir de la mayoría de edad, estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad funcional, sin derecho a indemnización por esta causa, y al cumplimiento de las órdenes e instrucciones, generales o particulares, que aquellas establezcan».
La Ley no avanzará si Sánchez insiste en reservarse un mando arbitrario, sin necesidad de plácet del Congreso ni de la Justicia
Tal y como está redactada la ley, Pedro Sánchez no necesitaría permiso de nadie para, a través de Bolaños, intervenir empresas, industria, comercios y hasta el tiempo de los ciudadanos si considera que existe una situación de crisis que, además, no necesita pactar con nadie ni requiere del visado de ninguna instancia judicial.
«No lo compartimos»
Fuentes del PP, que salió al auxilio del Gobierno ante el nuevo plantón de sus socios y aliados, intentan tranquilizar a la opinión pública, algo despistada por el rescate a Sánchez en un asunto tan delicado.
«No compartimos el texto, enmendaremos en profundidad el mismo para proteger la seguridad nacional de un presidente como Sánchez», explican a El Debate desde el cuartel general popular, donde cunde la sensación de que han hecho lo correcto para fijar el marco de la defensa y de que ahora el Gobierno tendrá que asumir sus enmiendas «o quedará bloqueado».
«Solo hemos respaldado la tramitación de la Ley, no su contenido», insisten ante la inquietud que suscita haber auxiliado a un presidente que no se inmutó por la inconstitucionalidad de los dos estados de alarma y ha hecho del manejo del poder a su antojo una seña de identidad.
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