La juez archiva la denuncia contra Pablo Casado y García Egea por revelación de secretos tras el 'espionaje' a Díaz Ayuso

Pablo Casado y el que fuera su mano derecha al frente del Partido Popular, Teodoro García-Egea, no tendrán que responder ante la Justicia por el presunto espionaje contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Así lo ha acordado la juez de Instrucción número 19 de Madrid tras inadmitir la denuncia presentada contra el exlíder del PP y el exsecretario general de la formación por un presunto delito de revelación de secretos en el caso del contrato de Tomás, el hermano de la líder madrileña. Un escándalo que convulsionó los cimientos de los populares y que hizo caer a su cúpula y que ha quedado finiquitado, también, en el ámbito judicial.

La decisión de la magistrada Inmaculada Iglesias se ha producido después de que el fiscal del caso solicitase su archivo de plano, al considerar que supone «un ejercicio de hipótesis y elucubraciones» a raíz de una serie de declaraciones realizadas en los medios de comunicación.

En la misma línea que el fiscal, la juez refleja en el auto de inadmisión, dictado el pasado 18 de mayo, que el denunciante, sobre la base de informaciones periodísticas, «pretende que se inicie una investigación penal para corroborar lo que en principio son meras sospechas o hipótesis». «No se aportan con la denuncia indicios o datos objetivos de la realidad de los hechos que imputa, limitándose a reproducir titulares de noticias», subraya la magistrada que, de manera indirecta, se apoya en la imposibilidad de iniciar investigaciones prospectivas en España.

La juez, además, concluye que «la denuncia formulada por quien no es perjudicado por el presunto delito de revelación de secretos basándose en meras informaciones difundidas a través de los medios de comunicación, sin aportar ningún indicio de comisión del tal delito, debe ser inadmitida por considerarse claramente prospectiva».

Meras «hipótesis y elucubraciones»

En su informe, el fiscal solicitó a la juez la inadmisión y archivo de la denuncia interpuesta por el abogado Esteban Gómez Rovira, quien se querelló contra los exdirigentes del PP por manejar, presuntamente, datos fiscales y bancarios del hermano mayor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, lo que consideraba un posible delito de revelación de secretos.

Sin embargo, para el representante del Ministerio Público, la denuncia es «un ejercicio de hipótesis y elucubraciones» a raíz de las declaraciones realizadas por ambos políticos en los medios de comunicación. Y es, a su juicio, como a través de las mismas que el denunciante llega a una conclusión «carente de apoyo» en hechos acreditados, para solicitar una diligencias de investigación «a los fines de corroborar sus sospechas, lo que resulta no ajustado a Derecho y debe conllevar su archivo».

No en vano, el abogado denunciante alegó que ambos exdirigentes populares podrían haber incurrido en el dicho delito a raíz de una entrevista radiofónica en la que Casado se refirió a un comportamiento «no ejemplar» por parte de Tomás Díaz Ayuso quien cobró 300.000 euros como contraprestación a las gestiones realizadas para conseguir un contrato que un tercero -la empresa Priviet Sportive SL- cerró con la Comunidad de Madrid para la provisión de material sanitario durante los meses más duros de la pandemia.

Del mismo modo, Rovira citó a García Egea porque en una comparecencia ante los medios también realizó unas declaraciones sobre un supuesto cobro de comisiones relativo a dicho contrato, que señaló como beneficio al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso.