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05 de mayo de 2024

Moto y coche oficial de la Ertzaintza

Moto y coche oficial de la ErtzaintzaEUROPA PRESS

País Vasco

El senegalés que cobró un millón en ayudas en el País Vasco con 62 identidades lo hizo presentando documentos con erratas

El hombre contó con la colaboración de senegaleses que no residían en España para usar sus identidades y conseguir las subvenciones

Un ciudadano senegalés ha sido acusado por cobrar más de un millón de euros en ayudas sociales utilizando 62 identidades falsas. Lo hizo sin mucho tiento e incluyendo, incluso, erratas en informes presentados para continuar con su farsa.
El hombre de 41 años usó identidades de personas residentes en Senegal que le convirtieron en un ciudadano con múltiples documentos. Aunque se desconocen los motivos por los que las autoridades descubrieron lo que estaba ocurriendo, anteriormente, el Servicio Vasco de Salud le pidió que acudiese a una cita a la que no asistió. En realidad, la petición se realizó a una de las identidades con las que estafaba. Para justificar su ausencia, y tal como relata El Mundo, presentó un documento por un presunto ingreso en un hospital de Bilbao. El escrito recogía fallos en la propia cabecera en la que se podía leer «Ungencia» en lugar de «Urgencias». Además, el documento no presentaba una fecha de salida de urgencias y únicamente reflejaba la de entrada.
El senegalés que ha sido puesto en libertad provisional llegó a utilizar 22 pasaportes y realizó empadronamientos ficticios en cuatro municipios de Vizcaya diferentes. La Policía le detuvo cuando volvía de Senegal y tras catorce años cobrando ayudas de manera fraudulenta.
La vicelehendakari, Idoia Mendia, ha asegurado que desconocía dicha investigación y culpó a la Policía Nacional por ser estos los que controlan los pasaportes. El Gobierno vasco asegura que durante el pasado año se detectaron más de 250 casos de fraude en la obtención de Ayudas.

El PP exige medidas

El Grupo municipal del PP de Bilbao llevará a pleno el próximo día 30 una proposición por la que insta a la junta de gobierno local a implantar un grupo especializado de inspectores antifraude en ayudas sociales, coordinando las áreas de Acción Social, Vivienda y la Policía Municipal.
«Este es otro caso más de fraude a la administración pública, pero de los cuales el Gobierno Vasco no tiene registro, aunque reconoce que en 2021 alrededor de 10.000 usuarios percibieron más ayudas de las correspondientes, pero que estos usuarios no han devuelto el excedente, ni responden a las peticiones de devolución. Desde el PP llevamos casi una década proponiendo distintas soluciones que siempre han sido rechazadas», han apuntado en un comunicado.
Algunas de las propuestas del PP han sido la creación de un Grupo de Control de Empadronamientos para evitar el fraude en las ayudas sociales (RGI), la implantación de la huella digital para el acceso a las ayudas sociales o la retirada inmediata de las ayudas sociales a los delincuentes condenados.
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