16 de agosto de 2022

Lourdes Ciuró

Lourdes CiuróEl Debate

La Generalitat también presiona con la imposición del catalán en la Justicia

Pretende exigir el C1 a los profesionales que trabajan en este ámbito. La consejera de Justicia, Lourdes Ciuró, lo justifica por la «preocupante situación» de esta lengua

El Gobierno de la Generalitat también ve preocupante la situación del catalán en la justicia. La consejera Lourdes Ciuró habla de «emergencia lingüística» en este ámbito, reconoce que no se encuentra el catalán en una situación óptima, y como prueba, según ella, es que sólo el 6,2% de las demandas se presentan en catalán y menos del 7% de las sentencias están redactadas en esta lengua.
Son unos «datos alarmantes», decía la consejera, que también lamentaba que ocho de cada diez peticiones en catalán que se hacen de forma telemática no son atendidas por los jueces. De ahí que se cree una web para recoger las incidencias que se produzcan en los juzgados en este ámbito.
Y para revertir esta situación, la consejera ha avanzado que «exigiremos que los profesionales del ámbito de la justicia que actúen en Cataluña tengan un nivel C1 de catalán». Precisaba Ciuró que ésta no es una medida nueva, porque ya se está aplicando en Valencia, con el objetivo de conseguir un «uso normal y normalizado» del catalán en la justicia. También ha avanzado la consejera que se crearán becas destinadas a jueces y fiscales para que aprendan el catalán. Serán 200 las que se convoquen cada año con un valor similar al del salario mínimo interprofesional para facilitar que puedan ejercer en Cataluña.

Abogados Catalanes por la Constitución

En cualquier caso, desde la asociación Abogados Catalanes por la Constitución, Ramón de Veciana recuerda que la consejería «no tiene competencia sobre cuerpos nacionales», y por lo tanto, si se quiere aplicar este requisito sobre el nivel de catalán sólo afectaría a «los funcionarios que son de su competencia». Además, defiende que en el caso de los letrados se les tendría que medir por su trabajo y no «por nuestra competencia lingüística».
De Veciana explica que ya hay medidas de estímulo para utilizar el catalán, como un plus para los abogados de oficio por cada escrito que presenten en esta lengua, «pero imponerlo coercitivamente como requisito es un despropósito». Este abogado cree que lo que se pretenden es «crear un ambiente enrarecido» y que el catalán sea «el nuevo caballo de batalla de los independentistas», como una forma de «estimular a las bases» ahora que la independencia, políticamente, no tiene recorrido.

Ya computa como mérito

Y desde la Asociación Profesional por la Magistratura recuerdan que el conocimiento del catalán ya computa como mérito en los concursos de traslado y ascenso de jueces y magistrados en Cataluña (como en el resto de territorios con lengua propia). Sin embargo, imponerlo como requisito, dicen, puede ser «una competencia que excede del ámbito de la Generalitat y por lo tanto y siendo un cuerpo estatal, debería regularse a nivel nacional».
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