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Así cocinó el Gobierno el traslado de etarras exigido por Otegi para engrasar su liberación
El Debate publica por primera vez los expedientes que demuestran cómo Sánchez apaña la liberación de etarras a pesar de que los expertos penitenciarios rechazan darles privilegios
Pedro Sánchez ha trasladado a un centenar de etarras desde que está al frente del Gobierno, con una intención bien distinta a la de sus predecesores: Felipe González, José María Aznar o Mariano Rajoy lo hicieron para quebrar al potente colectivo de presos cuando ETA estaba en su apogeo.
Él lo ha hecho para garantizarse el respaldo de Arnaldo Otegi, que lo ha vinculado sistemáticamente a la liberación de los terroristas aun con los historiales más sanguinarios de la banda. Y lo ha logrado.
El Debate ha accedido tras una larga investigación de meses a los expedientes que demuestran el montaje con siete etarras con delitos de sangre y desvelan el modus operandi que, con seguridad, se ha seguido también con Txapote y Henri Parot, los dos últimos beneficiarios de un acuerdo político que blinda el respaldo de Bildu a Sánchez a cambio de impunidad para asesinos con condenas firmes que no han renegado de su pasado.
En el primero de los documentos, se percibe cómo el Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska intentó durante meses esconder los pasos dados para beneficiar a los terroristas, hasta que la ley le obligó, a instancias de El Debate, a entregar todos sus expedientes relativos a las comunicaciones mantenidas con el Gobierno Vasco para ejecutar los traslados, pieza angular para lograr el auténtico objetivo: concederles a continuación el tercer grado, que es prácticamente la libertad.
Los expertos penitenciarios recalcan que los etarras no merecen el régimen de semilibertad y que sus conductas no son favorables
En el segundo, se demuestra que el plan estaba perfectamente calibrado casi desde el comienzo: en junio de 2018, nada más ser investido presidente con una moción de censura contra Rajoy, ya anunció que estaba dispuesto a «trasladar» terroristas y anticipó que transferiría al PNV las competencias penitenciarias: ese documento demuestra ahora cómo cumplió ese compromiso, utilizando el Real Decreto 474/2021 para «regalar» las llaves de las celdas al Gobierno Vasco tras enviarle a los terroristas a sus cárceles.
Y en el tercero queda claro cómo ese montaje prescindió incluso de la opinión de los profesionales de los centros penitenciarios: el documento al que ha accedido este periódico demuestra cómo, en el caso de la etarra que asesinó a Ernest Lluch, por ejemplo, los expertos desechaban con rotundidad darle los beneficios que finalmente obtuvo.
Sobre Lierni Armendaritz, que descerrajó dos disparos en la cabeza al célebre dirigente socialista en el garaje de su casa, se afirma literalmente en los informes escondidos hasta ahora por Interior y firmados por los responsables de la prisión de El Dueso, que «de la conducta global no se desprende una evolución suficientemente favorable, por el momento, que permita inferir una capacidad para llevar en lo sucesivo un régimen de vida en semilibertad».
Pese a ello, Interior la trasladó al País Vasco, al penal de Martutene, paso previo para obtener el tercer grado este mes de agosto, lo que la permite vivir en completa libertad durante el día y, a lo sumo, regresar a dormir al centro penitenciario o al lugar que le señale éste.
Esa clasificación, contraria a la expresada por los expertos de El Dueso, está reservada tradicionalmente para reclusos con delitos menores o enfermos terminales, dos requisitos que incumple Lierni Armendaritz y buena parte de los beneficiarios del apaño a tres bandas entre el PSOE, Bildu y el PNV.
La terrorista fue condenada en 2002 a 33 años de prisión por el asesinato de Ernest Lluch; en 2003 a otros 34 años por matar al concejal del PP en San Adrián del Besós José Luis Ruiz Casado; en 2004 a 47 años más por asesinar al guardia urbano Miguel Gervilla cuando su comando ultimaba un atentado contra el periodista Luis del Olmo y, por último, ese mismo 2004 a 47 años más por el crimen de Francisco Cano, un humilde fontanero que era concejal popular en una pequeña localidad limítrofe con Tarrasa.
La responsable de esas matanzas, junto a sus compañeros del siniestro Comando Barcelona, está hoy en libertad gracias a la decisión política de Pedro Sánchez, impuesta por Otegi, escondida hasta ahora por Marlaska, ejecutada por el Gobierno de Íñigo Urkullu y rubricada por un juez que rara vez contradice una decisión previa de los responsables penitenciarios a favor de una reclasificación favorable de un preso.
El modus operandi es claro: Otegi exige; Sánchez da instrucciones a Marlaska; Interior traslada escondiendo las razones y finalmente Urkullu les da la semilibertad
Un modus operandi que, con seguridad, es el mismo que ahora se ha empleado con otros criminales, incluidos Txapote, asesino de Miguel Ángel Blanco, o Henri Parot, responsable de la muerte de cinco niños en un brutal atentado en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza.
«Nosotros tenemos a 200 dentro y tienen que salir. Si para eso tenemos que votar los presupuestos, los votaremos, sin problemas. Muy tranquilos». Las palabras son del líder de Batasuna, Sortu y Bildu a la vez, Arnaldo Otegi, y las pronunció entre tantas otras ocasiones en un encuentro con simpatizantes en Éibar, en octubre de 2021. Él cumplió con su parte. Y Pedro Sánchez también.
Más beneficiarios
El mismo procedimiento engrasado para la asesina de Lluch, y previsiblemente ahora para Txapote y Parot, se siguió para otros sanguinarios terroristas, según consta en la documentación en posesión de El Debate.
Es el caso de Ángel Aramburu Sudupe que en 2005 fue condenado a penas de 25 años de prisión como autor del asesinato del guardia civil Antonio Molina Martín.
Y los de Asier García Justo y Manuel Miner Villanueva, ambos autores del asesinato del ertzaina Iñaki Totorika en un atentado perpetrado en Hernani (Guipúzcoa) el 8 de marzo de 2001 y que también causó importantes heridas a su compañero de patrulla, lograron el acercamiento.
Pese a que el primero fue condenado a 97 años de prisión y el segundo también tiene sobre sus espaldas la responsabilidad del atentado contra el estadio Santiago Bernabéu, en el que resultaron heridas 22 personas por la explosión de un coche bomba el 1 de mayo de 2002, y por atentar con un coche-bomba contra un edificio de Repsol ubicado en el madrileño Paseo de la Castellana la noche del 22 de abril de 2002.
Los otros tres son Víctor Franco Martínez, condenado a 20 años por asesinato frustrado e incendio al atacar en 2001, con cócteles molotov, a una patrulla de la Ertzaintza en Portugalete; José Ignacio Reta de Frutos, sentenciado a seis años de cárcel por haber formado parte del aparato logístico de ETA; y Xabier Zabalo Beitia, condenado a 72 años de prisión por el intento de asesinato de un concejal del PSE en 2001 y los delitos de estragos, incendio, tenencia de explosivos y de armas prohibidas, además de haber sido responsable de la colocación de un coche bomba en el aeropuerto de Málaga en julio de 2001 que no llegó a explotar.
El resto de traslados que Marlaska revelados en abril por este periódico corresponden a 'históricos' miembros de la banda terrorista como Ana Belén Egües Gurruchaga, integrante del 'comando Madrid', que fue condenada por la Audiencia Nacional a 83 años por el asesinato del policía nacional Luis Ortiz de la Rosa; a 323 años de prisión como autora del atentado que acabó con la vida del militar Justo Oreja Pedraza; y a otros 30 años por el asesinato del también militar Pedro Antonio Blanco García.
También Maite Pedrosa Barrenechea fue trasladada a la prisión de San Sebastián para terminar de cumplir sus condenas por participar en el atentado contra Fernando Jiménez Pascual, así como el de Miguel Ángel Ayllón. Además, el Tribunal Supremo la consideró cómplice del asesinato del concejal sevillano del PP Alberto Jiménez-Becerril.
Junto a ellas, está Francisco Javier Gallaga Ruiz, condenado a 343 años de prisión por su participación en el atentado que acabó con la vida de Miguel Ángel Ayllón y que además cumple condena por la colocación de un artefacto en la urbanización Jardín de la Reina en 1997, que acabó con la vida de Domingo Puente y dejó varios heridos.
José María Dorronsoro Malaxecheberría, es otro de los ‘históricos’ de la banda beneficiados del montaje; y fue partícipe en el atentado con coche-bomba contra un convoy de la Policía Nacional, el 11 de junio de 1987 y en el atentado contra el Gobierno Militar de San Sebastián en 1987.
Al igual que Luis Enrique Garate Galarza que cumple condena en la actualidad por participar en el secuestro del industrial alavés Lucio Aguinagalde Aizpurua. En el operativo policial para liberar al empresario, el 2 de noviembre de 1986, resultó muerto Genaro García de Andoain Larrinaga.
Mikel Mirena Otegui Unanue, por su parte, es otro de los etarras acercados al País Vasco y en 2012, la Audiencia Nacional le condenó a 34 años de prisión por el asesinato en 1995 de José Luis González Villanueva e Ignacio Mendiluce Etxeberri.
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