26 de septiembre de 2022

Carlos Lesmes (izquierda) y Pedro Sánchez, durante su último encuentro en Moncloa

Carlos Lesmes (izquierda) y Pedro Sánchez, durante su último encuentro en MoncloaEFE

Lo que España se juega en la renovación del CGPJ

Lesmes planea dimitir el 5 de octubre tras entregar el Constitucional a Sánchez

El presidente del Poder Judicial convocará un Pleno extraordinario el próximo 3 de octubre para nombrar, sin más dilación, a los dos magistrados del CGPJ para renovar la Corte de Garantías

Game over. La visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, a España, el próximo 29 de septiembre, será el último cartucho para desencallar la crisis del Poder Judicial, antes de aplicar medidas más drásticas. La llegada del belga en pleno bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la renovación del Tribunal Constitucional (TC) no será, exclusivamente, una magnífica oportunidad de mediación a la que se han entregado buena parte de los vocales conservadores del Consejo, sino que supondrá, también, el principio del fin del mandato de su presidente, Carlos Lesmes. Lesmes, quien amenazó con irse «en cuestión de semanas» si Gobierno y oposición no alcanzaban un acuerdo para designar un nuevo órgano de los jueces, con plenas facultades, planea pulsar el botón rojo de su salida el 5 de octubre.
Según ha podido saber El Debate, tan sólo dos días antes, el 3 del mismo mes, y tras la marcha de Reynders, Lesmes tiene marcada en su agenda la convocatoria de un Pleno extraordinario del CGPJ en el que nombrar, sin más dilación, a los dos magistrados de su cuota para el TC. Así las cosas, su marcha impondría el completo dominio del Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez sobre una Corte de Garantías de mayoría progresista –consumado el vuelco del actual equilibrio de fuerzas– llamada a decidir si tumba, o no, sus leyes más ideológicas.
Además, si Lesmes cumple con su ultimátum, dejará descabezado al CGPJ forzando su renovación inevitable. Un escenario en el que el Partido Popular, que reclama el compromiso político de Sánchez para cumplir con las exigencias de Bruselas para que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos «por sus pares» sin injerencias externas, no tendría ya ningún papel determinante.
Desde que el pasado 13 de septiembre venciese el plazo dado por el Gobierno al Consejo para elegir a sus dos magistrados del Supremo que pasarán al Constitucional, caducado en un tercio desde junio, la institución ha tratado de aproximar posturas, hasta en dos ocasiones, sin éxito. La resistencia del sector conservador de los vocales a las presiones de Sánchez ha sido determinante. Mientras los progresistas, afines al PSOE, han acelerado el goteo de «propuestas concretas», en los dos encuentros celebrados, sus compañeros del CGPJ han preferido fijar sus «propios tiempos», sentar «las reglas y los requisitos» para la elección de candidatos «excelentes» y apostar por consensos de «amplia mayoría» en los nombramientos finales.

Los nombres que «contaminan» el pacto

Más allá de las idas y venidas, las discrepancias manifiestas y las posturas enfrentadas, de los sectores conservador y progresista, en el seno del Consejo General del Poder Judicial, son varios los nombres que «contaminan» el pacto entre ambas sensibilidades de cara a la renovación definitiva del Tribunal Constitucional.
Pilar Sepúlveda. La firma de la vocal progresista del CGPJ entre las cuatro mil personalidades a favor conceder el indulto al expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, ha añadido un escollo adicional en la ya de por sí polémica renovación del Constitucional (TC). Seis de sus compañeros expresaron su rechazo al gesto de Sepúlveda –en un comunicado conjunto emitido este lunes– ante una decisión que «colisiona» con los «deberes de prudencia y neutralidad que deben guiar la actuación del Consejo». Su adhesión a la solicitud de perdón para el exregidor andaluz, ha reabierto las dudas sobre la idoneidad de que «participe en el nombramiento de los magistrados» de la Corte de Garantías.
Clara Martínez de Careaga. La situación es análoga para la también miembro del sector progresista del CGPJ Clara Martínez por su matrimonio con el favorito de la Moncloa a presidir un futuro y eventual Constitucional de mayoría progresista, el magistrado Cándido Conde-Pumpido. Si Conde-Pumpido se postula, vox populi, como cabeza visible del Pleno del TC una vez renovado, su mujer «debería abstenerse como vocal del Consejo en la votación de los dos magistrados» de la cuota institucional del Poder Judicial. Lo contrario provocaría un «conflicto de intereses» entre su papel como vocal y la elección de los dos nombres que, llegado el momento, tendrán que pronunciarse a su vez sobre su marido como posible presidente.
José Manuel Bandrés. Es uno de los candidatos que el propio presidente del Consejo, Carlos Lesmes, llevaba bajo el brazo al Pleno extraordinario del pasado 8 de agosto para enviarlo al Constitucional, como reveló El Debate en exclusiva. Sin embargo, su perfil «procatalanista» chirría en el seno de una institución que se resiste a recibir imposiciones desde el Gobierno central. El Ejecutivo, por su parte, ha mantenido conversaciones con representantes del Partido Socialista Catalán (PSC) para tratar de incorporar la situación política posterior al procés como una variable determinante a considerar en la renovación de la Corte de Garantías.
A nadie escapa que el Tribunal (TC) tendrá la última palabra en las causas de mayor trascendencia política para Sánchez como la ley educativa Celaá y el incumplimiento de la Generalitat con la sentencia del 25 % del español en las aulas. La candidatura del magistrado José Manuel Bandrés, miembro de la Sala de lo Contencioso del Supremo –que con su elección, además, quedaría inoperativa– parece partir con muy buenas perspectivas.

El Gobierno aspira a situar en el TC a un magistrado capaz de «reducir las tensiones» jurídicas con el separatismo catalán. Bien por designación del CGPJ o por elección propia

Ángeles Huet. La también magistrada de la Sala Tercera del supremo –cuya salida provocaría las mismas consecuencias para el Supremo que en el caso de su compañero Bandrés– votó en contra de admitir los recursos contra los indultos a los condenados por el referéndum inconstitucional del 1-O. Huet está en las quinielas, de los nueve nombres progresistas, para acceder al Constitucional.

Eliminar al PP de la ecuación

Hasta la fecha, y tras la llegada a Génova de Alberto Núñez Feijóo, el Partido Popular ha padecido la negativa del Gobierno en su mano tendida para la renovación conjunta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, designado por Pedro Sánchez para la tarea, ha despreciado cualquier iniciativa del PP que, recientemente, emplazó a los socialistas, en un escrito de once páginas, a sentarse y retomar las negociaciones con las que poner fin al bloqueo institucional que sufre la más alta magistratura de nuestro país.
Paradójicamente la última carta remitida por los populares a la Moncloa, a través de su interlocutor Esteban González Pons, lejos de acercarles a una mesa de diálogo, se convertía en la excusa perfecta para escenificar que Gobierno y oposición están instalados en dos posiciones incompatibles para un mínimo entendimiento. Mientras los primeros aspiran a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin condiciones, los segundos promueven como propias las directrices de Europa para que dos tercios de sus miembros, los doce de procedencia judicial, sean directamente elegidos por la carrera, sin reparto de cromos.

El Gobierno, que incumple su obligación de nombrar dos candidatos al Constitucional mientras presiona al CGPJ, carga ahora contra Bruselas por reclamarle un cambio en el sistema de elección de los vocales

Una futura y eventual dimisión de Carlos Lesmes, presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, provocaría una situación inédita para el órgano que, una vez descabezado, quedaría obligado a una renovación inmediata y sin vetos de acuerdo al sistema actual, eliminando de la ecuación al PP y su posición alineada con las exigencias de «reforma profunda» del CGPJ, por las que apuesta el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, desde Bruselas.
Este miércoles, la propia ministra de Justicia, Pilar Llop, ha apelado a la «soberanía» del «Estado español» y su «competencia» para decidir qué modelo se aplica en la elección de los vocales del Consejo. A menos de una semana de la visita de Reynders, LLop ha declarado que es un tema que «corresponde a los ciudadanos representados en las Cortes Generales, en el Poder Legislativo, en el Congreso y en el Senado».
«Si se abre un debate, ese debate no se va a resolver en dos meses porque tenemos un modelo institucional que está muy bien ensamblado (...). Y si se toca una pieza, se tocarán muchas piezas porque, por ejemplo, el modelo de Consejo que tenemos actualmente es el más independiente, del Ejecutivo hacia el Poder Judicial, de todos los sistemas europeos que tienen consejos», añadía la titular de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez. El PP, neutralizado.
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