El líder del PCE, el diputado Enrique Santiago
Pese a su historial
El diputado comunista Enrique Santiago asesorará al Gobierno sobre desinformación y fake news
Unidas Podemos le ha incluido en el equipo de diputados y senadores que elaborará un listado de recomendaciones para luchar contra este fenómeno
El secretario general del PCE, Enrique Santiago, será uno de los diputados encargados de elaborar un listado de recomendaciones para la lucha contra las fake news, que las Cortes entregarán al Gobierno en unos meses.
Unidas Podemos ha incluido a Santiago en el equipo de diputados y senadores, todos miembros de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional de las Cortes, que redactará una Ponencia para el estudio del fenómeno de la desinformación y de las fake news, con efectos disruptivos en la sociedad. Así se ha llamado.
Desde su escaño, y también el tiempo que fue secretario de Estado para la Agenda 2030, el líder del PCE ha venido vertiendo duras acusaciones contra los jueces españoles por «perseguir» a Podemos. También ha negado algo tan fácilmente demostrable -porque insistió en ello el comisario de Justicia en su reciente visita a España- como que a la Comisión Europea no le convence el sistema de elección de jueces en España. «No es verdad que Europa exija a España que los jueces elijan a los jueces», llegó a escribir en un artículo.
La ponencia cobra especial actualidad después de que se haya producido la primera condena en España por difundir fake news. En este caso, 15 meses de cárcel a un guardia civil por compartir información falsa en Twitter sobre menores no acompañados.
Se constituyó a finales de octubre, después de que en el último año hayan comparecido ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional varios expertos para hablar de la desinformación y sus peligros: la directora de Políticas Públicas de Twitter, la decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y el jefe de comunicaciones estratégicas del Servicio Europeo de Acción Exterior, entre otros.
Está presidida por el diputado popular Carlos Aragonés y de ella forman parte 13 diputados y dos senadores. Por parte del PSOE, Sonia Ferrer, José Antonio Rodríguez Salas y Lourdes Retuerto. Por la del PP, Juan Antonio Callejas, Fernando Gutiérrez y Fernando de Rosa. Por Unidas Podemos, Enrique Santiago e Ismael Cortés. Por el PNV, Mikel Legarda. Por Vox, Manuel Mariscal y Víctor Sánchez del Real. Por Ciudadanos, Miguel Gutiérrez. Por ERC, Gerard Álvarez. Por el grupo mixto, Isidro Martínez Oblanca. Y por el grupo plural, Josep Pagès.
La mano del Gobierno
Fuentes de la ponencia explican a El Debate que, aunque no se han marcado plazos, el objetivo es poder reunirse antes de fin de año para poner en común los papeles elaborados por cada ponente. El objetivo que persigue la oposición es acotar el campo de juego del Gobierno para que éste no se arrogue el poder de decidir qué es desinformación y qué no.
Por ejemplo, una de las propuestas del PP pasará por designar dentro del Tribunal Supremo un magistrado que se encargue de las fake news y que tenga que autorizar cualquier cierre de una cuenta o similar. Sería un modelo parecido al del CNI, cuyas actividades están bajo el control de la Sección Tercera del alto tribunal.
No obstante, la ponencia hará una seria de propuestas, pero después estará en la mano de Pedro Sánchez asumirlas o no. En este sentido, el Ejecutivo tiene activa una misteriosa Comisión Permanente contra la Desinformación desde finales de octubre de 2020, hace más de dos años.
Es un órgano que la oposición rebautizó como «Ministerio de la Verdad» y que está formado únicamente por miembros del Gobierno, más de una veintena. Supuestamente monitoriza medios y redes sociales con el argumento de proteger la seguridad del Estado frente a agentes internos o externos que supongan una amenaza. «Prevenir, detectar riesgos y neutralizarlos», es su lema. Está presidido por el director del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de Pedro Sánchez, el general Miguel Ángel Ballesteros.
Desde su creación, el PP, Vox y Cs han intentado conocer -a través del Congreso y del Portal de Transparencia- quiénes forman parte de esta comisión y en qué trabajan. Pero el Ejecutivo siempre se ha escudado en que son todos funcionarios y van cambiando las personas de unas reuniones a otras. En eso y en la seguridad nacional, el comodín de la coalición para cualquier asunto incómodo.