El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la bancada del Gobierno en el Congreso de los Diputados
El Supremo tumba una oposición de 2.500 policías porque Marlaska incumplió sus medidas cautelares
El Poder Judicial suspendió cautelarmente la exclusión de personas con lentes fáquicas de los requisitos de la convocatoria pero el ministro la mantuvo en los pliegos
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado nula la resolución de la Dirección General de la Policía, de 15 de noviembre de 2022, por la que se convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos de la Escuela Nacional de Policía al incumplir la medida cautelar que estableció el propio Tribunal Supremo en septiembre de 2021, cuando suspendió la exclusión relativa a llevar cuerpos intraoculares o lentes fáquicas, que se implantan en el ojo mediante cirugía.
El Supremo considera que la omisión en la convocatoria de la indicación de que dichas exclusiones están suspendidas cautelarmente y que, en consecuencia, no pueden ser legítimamente aplicadas «conduce a que la resolución de convocatoria de la oposición incluya requisitos que no pueden, en este momento, ser exigidos; y en todo caso, provoca confusión y manifiesta falta de transparencia sobre las condiciones que deben reunir quienes aspiren a participar en dicha oposición». El Supremo ha tumbado así la convocatoria de plazas que dependen, en última instancia, del ministerio del Interior, con Fernando Grande-Marlaska a la cabeza. La convocatoria ofrece 2.456 plazas de agente.
La decisión de la Sala responde a un escrito presentado por algunos aspirantes que recurrieron el Real Decreto 326/2021 por el que se aprobó el cuadro médico de exclusiones para el ingreso en la Policía Nacional. En el marco de ese recurso es en el que la Sala acordó la suspensión cautelar de las exclusiones citadas. La resolución de ese recurso está pendiente.
En su auto, el tribunal rechaza la alegación del Abogado del Estado que había presentado un escrito en el que decía que la Dirección General de la Policía había decidido subsanar la resolución impugnada y publicarla en el Boletín Oficial del Estado. El tribunal contesta que esa justificación «no resulta convincente, puesto que no especifica en qué consiste exactamente la rectificación que dice haber adoptado la Dirección General de la Policía, ni cuáles serían sus efectos».
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