El presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, durante la toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, este lunes, en Madrid. EFE/ Chema Moya POOL
Tribunales
González-Trevijano se despide con un discurso duro: «Este Tribunal protege a la Constitución frente al resto de Poderes, incluido el Legislativo»
La toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados, celebrado este lunes en la Corte de Garantías ha sido el escenario elegido por Pedro González-Trevijano para reivindicar
«Muchas cosas sabe el zorro pero el erizo sabe una sola y grande», con esta sugerente afirmación arrancaba el jurista Pedro González-Trevijano el que ha sido su último discurso como presidente del Constitucional. Tribunal al que ha definido, precisamente, como una mezcla híbrida de ambos, y tan diferentes, animales. Erizo en las formas, como «visión central y sistematizada de la vida» y zorro en cuanto al fondo y la «visión dispersa de la realidad de los hombres». Un doble aspecto que busca el equilibrio de las cosas que ampara la Constitución y la Corte que la interpreta. «Una sociedad en la que no se observan los principios fundamentales no tiene Constitución», precisamente, porque nuestra «Norma Suprema proclama un orden específico de valores que es el marca la convivencia general», ha recordado al González-Trevijano al comienzo de su reflexión.
La intervención del expresidente de la Corte ha sido severa y moralizante. Una llamada de atención frente a todos los que, en las últimas semanas, han tratado de olvidar que «la gestación de nuestra Carta Magna superó la dialéctica entre amigo y enemigo». No en vano, «los españoles sentimos que la Constitución está llamada en su esencia a unir –y no a dividir– en la amistad cívica y la concordia». «Blandir la Constitución frente al otro supone un fracaso del consenso de todos los ciudadanos», ha afeado el jurista madrileño tras los recientes episodios en los que el Gobierno ha tratado de colar dos enmiendas, al margen del control parlamentario, para reducir las mayorías reforzadas constitucionalmente previstas para la elección de los vocales del Poder Judicial.
Y esto no significa que «nuestra Ley de leyes requiera de una adhesión positiva, porque en nuestro ordenamiento no cabe la democracia militante, ni que la Constitución impone un modelo uniforme de vida política, pero sí hay un límite infranqueable que el legislador constituyente ha de prevenir: el respeto a los procedimientos previstos para reformarla es siempre, y en todo caso, inexcusable», ha advertido González-Trevijano.
El Tribunal Constitucional no puede resolver los conflictos de la arena política
«La Constitución ampara la multiplicidad de sensibilidades políticas e ideas pero desde el respeto de todos a la misma. No podemos avalar mutaciones de la esencia de la Constitución que sean, en esencia, inconstitucionales» ha reflexionado González-Trevijano sobre el pluralismo político, a su vez, contenido en la misma. Eso sí, siempre respetando de que «el Tribunal que la protege se aleja de los tres Poderes clásicos» ya que la propia Carta Magna lo «sitúa como garantía al respeto de la voluntad del Poder Constituyente frente al resto de los poderes constituidos, incluido el Legislativo».
Legislar siempre con «límites»
González-Trevijano no ha escatimado recursos en defensa de cómo el Tribunal que ha encabezado durante el último año es «muy respetuoso» con la «presunción de constitucionalidad de las leyes». Una «autocontención que nos impide interferir en el margen a apreciación del legislador democrático» y solo se dirige a pronunciarse «no sobre la oportunidad o no de sus medidas» sino «únicamente» sobre si las mismas son «plenamente razonables o carentes de toda racionalidad». Sea como sea y con dichas prevenciones, «existen límites» al propio legislador, ya que para el veterano jurista «la interpretación de la Constitución no puede ser contra legem», ni tampoco puede convertirse en excusa para la «creación de una nueva norma» porque ésta no haya sido «explícitamente definida».
Así las cosas, «la sociedad habiéndose dado una Constitución espera que ésta se adapte a sus anhelos», lo que «obliga a leer el texto constitucional no siendo los jueces series inanimados» sino que los magistrados del Tribunal «desde la prudencia, el cumplimiento de la ley y el sentido de Estado», deben «actualizar siempre los preceptos que están llamados a proteger, sin que ello suponga renunciar a su fuerza o a su rigor».
Así las cosas, y después de todo lo ocurrido, González-Trevijano ha dejado lugar para la autocrítica «necesaria y pertinente» sobre cómo «es justo reconocer» que el TC «ha de mejorar su proximidad a la ciudadanía».
Crítica abierta contra los decretos
Para el expresidente de la Corte de Garantías –que será recordado como el ponente de las dos sentencias con las que el Tribunal anuló los dos estados de alarma del Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia– la mayoría de los decretos que se han aprobado «durante las últimas legislaturas» han adolecido de una «laxa convalidación de los requisitos de urgente y extraordinaria necesidad» que exige la Constitución a dichos mecanismos.
Una «maladada hipertrofia» de la técnica legislativa «que altera el sistema de fuentes, desapodera a las minorías y descentraliza al Parlamento». González-Trevijano ha sido, en este punto, tremendamente crítico con los decretos como herramienta del Ejecutivo para alterar el ordenamiento.
Además, ha dejado muy claro que no comparte «la falsaria dicotomía entre jueces conservadores y progresistas» ni en la necesidad de que el Constitucional adquiera en sus sentencias posiciones «unánimes» que «no se dan en otros ámbitos (...) aunque todos anhelamos su mayor respaldo posible». Y, todo ello, en relación indirecta al señalamiento que recibieron tanto él como el Tribunal, durante las deliberaciones del órgano que presidía, fruto de la necesidad de desacreditar al Consejo de Ministros que aprobó, fuera de las exigencias legales previstas, el confinamiento de los españoles y el cerrojazo del Congreso, durante los meses más duros del coronavirus.
En España sólo hay «una soberanía»
«Una de las principales labores históricas del TC ha sido la de garantizar los derechos fundamentales y libertades públicas, recogidos en nuestro catálogo constitucional», ha insistido González-Trevijano ante todas las autoridades y asistentes al acto. Motivo por el que «los ciudadanos y los Poderes Públicos han de acudir al Tribunal cuando se hayan agotado todas las vías anteriores y no como fruto de la refriega política». «El Constitucional no constituye una tercera cámara, ni una cuarta instancia ni una suerte de supercasación», ha reprochado el jurista en presunta referencia al elevado número de recursos, más de medio centenar, que ha ido acumulando la Corte contra las leyes más polémicas e ideológicas del actual Gobierno.
No han sido tiempos fáciles, nunca lo son, pero la función del TC no es tomar decisiones políticas sino resolver debates jurídicos
«No nace la Constitución para proteger y acatar a la autoridad sino que es la autoridad la que debe protegerla y atacarla a ella», ha sentenciado González-Trevijano en una despedida en la que no ha querido dejar de referirse a que así lo ha establecido la jusrisprudencia del Tribunal desde sus comienzos y de manera frecuente: «la primacía de la Constitución somete a cualquier faceta del Poder».
«Ante la Carta Magna de 1978 no son oponibles soberanías populares. En España sólo hay una soberanía, la nacional, la del pueblo español –que consagra la indisoluble unidad del Estado– y ante él »no caben reservas de jurisdicción, ni paralelas soberanías parlamentarias", ha desmontado Trevijano el relato de la izquierda. Y es que, tras el auto que suspendió cautelarísimamente la votación en el Senado de la maniobra legal con la que el Gobierno trató de retocar , por la puerta de atrás, dos leyes orgánicas del Poder Judicial, los miembros del Gobierno señalaron al Tribunal por invadir una competencia del Congreso.
«Soberanía nacional, imperio de la ley y, ahora, Constitución están indisolublemente hermanados. Acatemos, por tanto, sus preceptos sustantivos como sus procedimientos. Porque se pueden compartir o no los fines políticos pero estos han de encajarse siempre a través de los cauces previstos», ha apostillado.
«Conjuguemos la voluntad política con la existencia de la razón jurídica. Cumplamos las obligaciones constitucionales que no pueden posponerse sean cuales sean las razones esgrimidas. No convirtamos los consensos y mayorías constitucionalmente previstas en automáticos sistemas de cuotas. La historia nos previene que si no atendemos a estas señales los más sombríos pozos de la autocracia nos aguardan», ha lanzado su última advertencia quien hoy ha cesado como quinta autoridad del Estado.
En busca de su sucesor o sucesora
Los cuatro nuevos miembros del Constitucional: Juan Carlos Campo, Laura Díez, César Tolosa y María Luisa Segoviano, tomaban posesión de sus cargos -tras el plácet del Pleno saliente y la jura o promesa de los mismos ante el Rey, el pasado 31 de diciembre- en un acto solemne que ha tenido lugar este mismo lunes en la madrileña sede de la Corte de Garantías, en la calle Domenico Scarlatti. Con este trámite se consumaba la renovación parcial de un órgano que ha sido objeto de presiones, señalamientos y descalificaciones políticas, sin precedentes, en las últimas semanas.
Tras la salida del hasta ahora presidente del órgano, Pedro González-Trevijano, su vicepresidente Juan Antonio Xiol y los magistrados Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez, y con las nuevas incorporaciones se ha materializado un cambio de fuerzas en el seno de la institución que pasará de mayoría conservadora -de 6 frente a cinco- a un bloque de izquierdas que, por el momento, quedará en un 7 a 4 provisional, a la espera de que el Senado avance con el proceso de reemplazar al juez Alfredo Montoya Melgar quien, en julio, dimitía por problemas graves de salud dejando una vacante en el bloque conservador que todavía no se ha reemplazado.
En este sentido, y de acuerdo al «mandato constitucional» y para garantizar el carácter «completo» de la institución, el ya expresidente del Constitucional, González-Trevijano ha exigido «que se proceda a cubrir la vacante que dejó a la mayor brevedad posible». Instando, además, a no olvidar que «el proceso de designación» de los magistrados del Tribunal «no responde a un mecanismo de representación», sino que una vez designados están «a solas con su conciencia y sólo a ella responden».
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