De izquierda a derecha: Carolina Darias, Salvador Illa, Pedro Sánchez y Fernando Simón
Contratos covid
La Justicia mantiene abiertas diez de las doce causas contra los contratos del Gobierno durante la pandemia
Varias de las denuncias del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se remitieron a la Fiscalía Europea y otras han sido derivadas a los juzgados de Madrid
El Grupo Parlamentario Popular de la Comunidad de Madrid denunció el pasado mes de marzo ante la Fiscalía las presuntas irregularidades de un total de doce contratos de material y suministros concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia. Diez de ellos están aún siendo investigados por la Justicia.
Concretamente, los populares llevaron a la Fiscalía Anticorrupción una docena de contratos por valor de 326 millones de euros y 14 ayudas en forma de avales por un valor superior a 800.000 euros. Una vez en manos de la Fiscalía, el Departamento que dirige Alejandro Luzón abrió diligencias de investigación para depurar lo ocurrido. Como resultado, dos de las causas han sido remitidas a la Fiscalía Europea: la primera, sobre cuatro contratos de la empresa FCS Select Products S.L., con un valor de 263.126.600 euros; y, la segunda, la correspondiente a otro contrato de la empresa Weihai Textile Group, que ascendió hasta los 10.192.606 euros.
Por otro lado, Anticorrupción envió a los juzgados madrileños la causa correspondiente a FCS Select Products S.L. y las pesquisas relativas a la empresa Hyperin Grupo Empresarial, esta última valorada en 3.310.000 euros.
Así las cosas, fuentes del Partido Popular consultadas por El Debate aseguran que, hasta la fecha, tan solo se ha informado sobre el archivo de sendas líneas de investigación: la correspondiente a la concesión a Páginas Amarillas Soluciones Digitales –luego Beedigital– de avales ICO, con un valor de 532.400 euros y la correspondiente a las ayudas otorgadas a Industrias Plásticas Playbol, que recibió un importe de 896.000 euros.
El escrito del que desembocan estas causas, y al que tuvo acceso El Debate en primicia, se dirigió de forma amplia contra «todas aquellas autoridades, funcionarios y particulares que puedan aparecer como responsables de los hechos a continuación, detallados y fundamentados, de los que hemos tenido conocimiento a través de diversos medios de comunicación, por la presunta comisión de posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos» y en relación con su participación en la posible adjudicación irregular contratos por parte del Ejecutivo socialista, como consecuencia de la legislación excepcional aprobada por la crisis sanitaria de la covid.
Los populares sostuvieron que todos los contratos de suministro reflejados en su denuncia fueron otorgados «mediante la tramitación de urgencia, sin justificación, y sin el cumplimento de ningún requisito de publicidad y pública concurrencia». Una situación de emergencia sanitaria que «no puede justificar toda restricción de la competencia, cualquier contrato y la ausencia de cualquier forma de control para garantizar el interés público, que evita el despilfarro y el amiguismo», reza el cuerpo del escrito en el que el PP madrileño pidió a la Fiscalía que se investigase.
Contratos bajo sospecha
Los contratos que aún continúan con causa abierta son los relacionados con empresas como FCS Select Product. La compañía no tiene ninguna relación con el ámbito sanitario. La empresa, con sede en Barcelona, ofrece servicios de fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas. Además, su negocio experimentó una gran mejoría gracias a las concesiones de Sanidad. Si en 2018 facturó menos de un millón de euros, en 2020 sus ganancias fueron de 263 millones.
También están en entredicho aquellos relacionados con la compañía Weihai Textile. El precio de sus productos fue de 18,50 dólares la unidad (16,7 euros aproximadamente, según el tipo de cambio de aquellas fechas), lo cual representaba un coste mucho mayor del que en esas mismas fechas ofrecieron otros proveedores que resultaron adjudicatarios. De hecho, el propio Gobierno cerró contratos del mismo tipo de producto por 0,3 y 0,2 euros la unidad.
Además, está la empresa Hyperin a la que Sanidad eligió a para el suministro de 114 respiradores por el valor de más de 3,3 millones de euros. La compañía adjudicataria, tiene como objeto social «la fabricación de yesos para la construcción». Es decir, su objeto social nada tiene que ver con el suministro de productos sanitarios o máquinas especializadas de ventilación invasiva, como era el objeto de la contratación indicada.
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