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03 de mayo de 2024

Pedro Sánchez junto a las ministras Irene Montero e Ione Belarra

Pedro Sánchez junto a las ministras Irene Montero e Ione BelarraEFE

Irene Montero descarta dimitir si no alcanza un acuerdo con Sánchez sobre la reforma del 'sólo sí es sí'

Pedro Sánchez dio la orden el pasado lunes de que la proposición de ley con la reforma tenía que estar registrada en el Congreso esta semana

La Ministra de Igualdad, Irene Montero, confía en alcanzar un acuerdo con el PSOE para reformar la ley del 'solo si es sí', pese a la existencia de una «discrepancia fuerte» entre los socios de Gobierno, pero ha descartado dimitir si este acuerdo no se produce.
«Mi obligación es dar la cara y es estar ahí para tratar de proteger el principal avance feminista en estos 20 años. Mi función es esa», ha destacado la ministra en una entrevista en RNE.
La titular de Igualdad ha asegurado «no poner límites» a la hora de negociar el acuerdo y ha expresado su confianza en el acercamiento de posturas. «Confío porque hemos mantenido negociaciones muy difíciles y no ha habido ley feminista en la que no hayamos tenido discrepancias y, al final, hemos llegado a acuerdos y esperemos que ahora las resolvamos».
Con esta finalidad, ha explicado que «las conversaciones son múltiples» para conseguir «dar una respuesta unitaria», aunque ha declinado dar detalles al respecto. En lo que si ha insistido es en la voluntad de Unidas Podemos en no renunciar a poner el consentimiento en el centro y no ha rechazado la posibilidad de elevar penas. «Se pueden cambiar o subir pero eso no tiene por qué cambiar la definición de agresión sexual», ha añadido.
Las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos sobre la reforma de la ley del 'solo sí es sí' siguen en marcha con el objetivo de llegar a un acuerdo que contente a ambas partes, que coinciden en la necesidad de mantener la centralidad del consentimiento y elevar penas, pero difieren en la forma de lograrlo.

Siguen las negociaciones

Aunque este jueves tanto morados como socialistas aseguran que «no hay novedades» en las conversaciones, en el PSOE existe la confianza de que las negociaciones fructifiquen y pueda registrarse la iniciativa legal lo antes posible.
Pese a ello, no descartan presentar una proposición de ley en el Congreso unilateralmente si las conversaciones con Unidas Podemos no llegan a buen puerto, como ha advertido este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Las negociaciones de la reforma se hicieron públicas el pasado lunes junto con un documento propuesto por expertos del Ministerio de Justicia que, entre otros aspectos, plantea retomar las penas anteriores a la ley del solo sí es sí y elevar las mínimas cuando haya violencia o intimidación.

La propuesta de Justicia

La propuesta de Justicia no vuelve a separar los delitos de abuso y agresión, ni tampoco elimina el concepto de consentimiento del texto, pero sí establece escalones en el delito de agresión sexual en función de si el agresor utiliza la violencia, intimidación o anulación de la voluntad de la víctima para perpetrar los hechos.
Esto es, una agresión sexual se castigaría con penas más graves si se lleva a cabo con violencia o intimidación, de manera que estas dos circunstancias pasarían de ser agravantes a integrarse en un nuevo tipo penal.
La introducción de la violencia y la intimidación es, precisamente, el mayor escollo entre los socios de Gobierno, ya que para el Ministerio de Igualdad significa diluir en la práctica la centralidad del consentimiento y «volver al modelo anterior», puesto que la víctima debería pasar de nuevo por el «calvario probatorio» de demostrar que las relaciones no eran consentidas.
Igualdad descarta esta idea y asegura que desde diciembre ha enviado hasta cinco propuestas al PSOE para reformar la ley, en las que se abren a «algún retoque» en las penas mínimas.
El ministerio defiende, sin embargo, que esta modificación no servirá para frenar la rebaja de condenas, algo en lo que coinciden expertos consultados, que apuntan que la eventual nueva reforma solo se aplicaría a quienes delincan después de su entrada en vigor, mientras que los ya condenados podrían seguir pidiendo revisiones en base a la ley del solo sí es sí si es más beneficiosa.

Acto sexual sin consentimiento

Siguiendo esta premisa, Podemos ha organizado un acto este domingo en Madrid para exigir que el consentimiento se mantenga como eje central de la norma, al que acudirán la Ministra de Igualdad, Irene Montero, y la de Derechos Sociales, Ione Belarra, que compartirán escenario bajo el lema «¿Consentiste o no? Solo sí es sí».
La catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga Patricia Laurenzo cree que incluir en el delito de agresión sexual un tipo agravado que diga que si existió violencia e intimidación la pena es más alta supone en la práctica volver al sistema anterior y construir un delito distinto.
Según explica, el gran cambio de la ley fue dejar claro que se lesiona la libertad sexual de una persona siempre que haya un acto sexual sin su consentimiento, independientemente del medio que se utilice para doblegar la voluntad de la víctima.
«Si se crea un tipo agravado de la agresión sexual, se elevarán las penas, pero se dará la sensación de que la anulación de la voluntad de la víctima a través de la violencia y la intimidación constituye un hecho distinto. Los jueces actuarán exactamente igual a como actuaban cuando había un delito de abuso y otro de agresión. La violencia y la intimidación volverán a ser decisivas», asegura.
Esta jurista propone incluir la violencia y la intimidación en la lista de agravantes, junto a, por ejemplo, la sumisión química o que la agresión se cometa en grupo, ya que ahora solo se recoge la violencia de extrema gravedad.
En cualquier caso, no comparte la necesidad de reformar la ley por sus efectos en la aplicación a hechos pasados y pone el acento en el cambio de modelo que supuso la norma.
«La magnitud de la pena no es lo mas importante; lo que no había antes y ahora hay es una estructura de protección integral para las víctimas», desde protocolos de detección precoz, a ayudas económicas o asistencia psicológica y jurídica gratuita, recuerda.
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