Vista aérea del complejo urbanístico de la Isla de Valdecañas (Cáceres)
La 'Marbella extremeña'
El interminable laberinto jurídico de la urbanización de lujo de la Isla de Valdecañas
Mientras que el caso se encuentra en el Constitucional, el PSOE extremeño ha aprobado en solitario una ley que establece la legalidad del complejo, y los ecologistas se van a querellar contra ellos por prevaricación
Continúa el enredo con la urbanización de la Isla de Valdecañas. Ahora el PSOE ha aprobado en solitario en la Asamblea de Extremadura –donde tienen mayoría absoluta– una ley que pretende evitar el derribo del complejo urbanístico. La norma, que salió adelante el pasado jueves 9 de marzo, califica a 55 espacios como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), e incluye en su disposición adicional segunda que las construcciones realizadas en la conocida como Marbella extremeña «no causan perjuicio a la integridad ambiental del lugar», y que «quedan legalizadas, sin perjuicio de la ejecución de las medidas ambientales que sean procedentes».
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó una sentencia en febrero del año pasado que decretaba la total demolición de la urbanización de lujo. La isla cuenta con un hotel de cuatro estrellas, una playa artificial, 185 viviendas –que alcanzan los 550.000 euros– e instalaciones deportivas. Entre los propietarios de las casas se encuentran personalidades como el hijo mayor de José María Aznar, el cantante Carlos Baute, o el primo del Rey Felipe VI, Beltrán Gómez-Acebo.
Lo que ha hecho la Asamblea de Extremadura es una aberración jurídica de un calibre inestimableCoordinador de Ecologistas en Acción en Extremadura
El caso llegó a la Sala Tercera del Supremo después de que Ecologistas en Acción-CODA interpusiera un recurso, que se estimó íntegramente, contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La resolución determinaba que solo había que derribar las fincas que se encontraban a medio construir, permitiendo que permanecieran las ya terminadas.
Tras la sentencia del Alto Tribunal, la propia Junta de Extremadura, los propietarios de las viviendas, y los Ayuntamientos de Berrocalejo y el Gordo acudieron por la vía de amparo al Tribunal Constitucional. El Órgano de Garantías admitió los tres recursos, y actualmente se encuentra revisando sobre si se debe paralizar la demolición total.
La postura de los ecologistas
Ángel García Calle, coordinador de Ecologistas en Acción-CODA, entidad que interpuso el recurso que estimó el Tribunal Supremo, ha manifestado a El Debate que: «Lo que ha hecho la Asamblea de Extremadura es una aberración jurídica de un calibre inestimable. Valoramos la nueva Ley como un delito, y ya estamos planteando la correspondiente querella». «Con esta acción la Asamblea pretende burlar la acción de la justicia y evadir el cumplimiento de la sentencia del Supremo. Además, están incurriendo en un delito de prevaricación y en otro posible de desobediencia a la autoridad», ha añadido García Calle.
Igualmente, desde CODA aseguran que: «Las zonas ZEPA no pueden ser declaradas por las Comunidades Autónomas porque es una competencia que tiene la Unión Europea. Ya hubo una sentencia en 2019 del Tribunal Constitucional que determinó que la Junta no tiene facultad para establecer estas zonas. Asimismo, como Ecologistas en Acción intentaremos que se plantee recurso de inconstitucionalidad, (que pueden interponerlo 50 diputados o senadores), y por eso vamos a contactar con los grupos del Congreso y del Senado».
El complejo de lujo Isla de Valdacañas (Extremadura)
García Calle también ha destacado que el PP, que en alguna ocasión se ha posicionado a favor del complejo, «no ha votado a favor de esta ley porque lo que no quieren es que jugarse que alguien les pueda imputar un delito. Al final, con esto se abre un nuevo proceso de recursos, y lo que consiguen es que se de una patada para delante al asunto». Además, ha advertido de que: «Este asunto puede tener importantes consecuencias para España porque la UE ha mandado fondos para mantener la conservación del espacio, y si no se emplean alguien tendrá que devolver el dinero comunitario».
Los vecinos, de acuerdo con la Ley
Los propietarios de Isla de Valdecañas, tras la aprobación de la nueva ley, han remitido un comunicado que asegura que: «Ahora la Asamblea de Extremadura aporta orden ante una situación que era anómala y de clara inseguridad jurídica. Creemos que la decisión responde al sentir del conjunto de la sociedad extremeña», ya que «la inmensa mayoría de los ciudadanos entiende que la situación vivida durante casi 15 años es injusta y que derribar Valdecañas traería más daños que beneficios».
En la asociación también expresan que: «Desde el primer momento, los propietarios actuamos de buena fe. Por esta razón, todos nuestros esfuerzos en las diferentes instancias judiciales se han centrado en defender la pervivencia del complejo». También resaltan que: «A lo largo de todos estos años, las familias de Valdecañas hemos forjado un gran arraigo con toda la comunidad del Campo Arañuelo. Hemos construido vínculos profundos con esta tierra y jamás hemos pretendido cobrar indemnizaciones e irnos de Extremadura. Hoy reafirmamos nuestra plena voluntad de seguir en Valdecañas y nuestro compromiso con el desarrollo económico y la protección ambiental de la zona».
El origen del caso
La causa se remonta a 2007, cuando el Gobierno socialista de Carlos Rodríguez Ibarra aprobó que la Isla de Valdecañas fuera un Proyecto de Interés Regional. De esta manera se pudieron recalificar los terrenos, que en principio estaban declarados como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), e incluidos como territorio no urbanizable de la Red Natura 2000. Así pues, las obras comenzaron ese mismo año, y ya en 2010 se abrió parte de lo construido.
Los ecologistas llevaron el caso hasta la justicia, y el TSJE dictaminó que se debía derribar lo construido. Para modificar la situación el Ejecutivo extremeño modificó la Ley del Suelo, permitiendo de esta manera el complejo. Sin embargo, una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura decidió que solo había que derribar las construcciones que no se habían terminado. Tras ello, llegó a el Supremo, y agotada la vía judicial, ahora está en el Constitucional.
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