Miguel Ángel Revilla, a la salida de las dependencias de la Fiscalía de Cantabria, este lunes en Santander
Cantabria
Vox denuncia ante la UE el uso fraudulento de 82 millones de euros por parte del Gobierno de Revilla
El partido ha trasladado a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude que el Ejecutivo regionalista cántabro transfirió fondos europeos finalistas al pago de gastos corrientes y nóminas
Dice el refrán que «a perro flaco todo son pulgas» y eso parece ser exactamente lo que le está sucediendo al presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a quien se le acumulan los escándalos. A la trama Carreteras se le sumaron el supuesto chivatazo de la delegada del Gobierno y un caso de nepotismo en el seno de la Consejería de Presidencia.
Ahora, según ha denunciado el Grupo Parlamentario de Vox Cantabria ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), se le une el hecho de que el Ejecutivo que lidera el líder regionalista presuntamente ha desviado unos 82 millones de euros de fondos comunitarios a gastos corrientes y al pago de nóminas.
Según ha informado Vox en un comunicado, el portavoz de esta formación en el Parlamento cántabro, Cristóbal Palacio, ha trasladado este martes a la OLAF que el Gobierno autonómico ha transferido fondos destinados a financiar proyectos con fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y del REACT-EU al pago de gasto corriente y nóminas durante el último trimestre del 2022.
«Los fondos europeos son finalistas; es decir, no pueden ser utilizados para financiar otro tipo de proyectos y, ni mucho menos, gasto corriente del Gobierno», ha aseverado Palacio, quien ha avanzado que esta entidad encargada de investigar fraudes y otras irregularidades graves analizará la denuncia con el fin de verificar la información enviada.
En el caso de que se detecte un posible fraude, abrirá un caso de investigación para conocer el destino de esos fondos. Según estima Vox, en base a la documentación aportada al Parlamento regional desde el Gobierno de Revilla, se ha incumplido esa finalidad, al usar ese dinero comunitario en cubrir las insuficiencias económicas de algunas consejerías.
«El 40 % de los fondos finalistas que se han recibido de Europa se han desviado a la cuenta de imprevistos. Incluso, se da la circunstancia de que existen programas enteros que se han desviado de su objeto inicial y han sido destinados en su totalidad a dicha cuenta», ha indicado Palacio, quien ha calificado este hecho de «gravísimo» y ha advertido de que «hipoteca los presupuestos futuros» de la comunidad autónoma.
Aunque la denuncia ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude se produzca ahora, los hechos los denunció públicamente el partido liderado a nivel nacional por Santiago Abascal a comienzos de este mes de marzo.
«Una auténtica y absoluta barbaridad»
Entonces el Gobierno de Cantabria, conformado por el PRC y el PSOE, emitió un comunicado en el que tildaba las aseveraciones de Palacio de «una auténtica y absoluta barbaridad» y «un disparate mayúsculo» que «sonrojan a cualquier persona que tenga unos conocimientos mínimos sobre la materia».
«Debería saber distinguir entre lo que es crédito presupuestario, lo que es la tesorería, lo que es la financiación afectada y lo que es el remanente», apuntaron desde el Ejecutivo cántabro, desde el cual precisaron que fondos y crédito presupuestario eran cosas «muy distintas».
El Gobierno de Revilla afirmó que la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) tiene un horizonte temporal de 2021 a 2026 y que «si no ejecutas algo en una anualidad, lo puedes trasladar a la siguiente, siempre cumpliendo los objetivos establecidos».
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«No hay nada que ocultar», enfatizó el Ejecutivo en el comunicado, en el que animó a Vox a llevar sus «barbaridades» a la Comisión Europea y a hacer pública la respuesta de la institución.
No será finalmente la Comisión Europea, sino un organismo de la Unión Europea el que determine si estamos ante un caso de uso fraudulento de esos fondos comunitarios o de una práctica perfectamente legal. Lo que está claro es que esta denuncia constituye una nueva «pulga» que incomoda a un dirigente autonómico en horas bajas.
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