El secretario general del Partido Regionalista, Miguel Ángel Revilla
Caso Carreteras
La Fiscalía archiva la denuncia por el chivatazo de la delegada del Gobierno a Revilla
El Ministerio Público ha determinado que la llamada de Ainhoa Quiñones al presidente cántabro se produjo a las 7.43 horas, cuando la Policía ya había iniciado el registro de la Consejería de Obras Públicas, salpicada por el caso Carreteras
La Fiscalía de Cantabria ha archivado las diligencias contra la delegada del Gobierno, Ainhoa Quiñones, por la denuncia que planteó Ciudadanos por un presunto «chivatazo» tras su llamada al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, el día del registro de la Consejería de Obras Públicas.
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria registraron el pasado 22 de febrero la sede de la Consejería de Obras Públicas dentro de una investigación, cuya causa está en manos del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, por la supuesta trama de corrupción con contratos de obras, que mantiene en prisión el jefe de servicio de carreteras, y en libertad con cargos a su esposa, sus dos hijas y cuatro empresarios.
Al estar decretado ese día el secreto de sumario, la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez, aceptó investigar a petición de Ciudadanos esa llamada, por si supuso un delito de revelación de secretos.
Según las diligencias de la Fiscalía, a las que ha tenido acceso Efe, de la declaración de Revilla y Quiñones, que acudieron a dar explicaciones a la sede del ministerio público en Santander, se ha concluido que esa llamada se produjo a las 7.43 horas.
Ciudadanos denunció estos hechos porque en rueda de prensa, el presidente cántabro afirmó que esa llamada se había hecho a las 7.20 horas, aunque el jefe del Ejecutivo regional ha subrayado en varias ocasiones que la delegada del Gobierno no le dio información privilegiada y en su declaración ante la fiscal señaló que la llamada fue a las 7.43 horas porque así aparecía en el registro de Quiñones.
Los agentes rodearon el inmueble a las 6.15 horas
La fiscal, quien también requirió información sobre esa operación a la Dirección General de la Policía, señala en las diligencias que el dispositivo que se desplegó ese día, que supuso, además del registro de ese edificio público, el de varios domicilios particulares y empresas, comenzó a las 6.15 horas.
En concreto, en la Consejería de Obras Públicas los agentes rodearon el edificio a las 6.15 horas y se comunicó a la seguridad privada que iban a entrar a las 7.10 horas, comenzando la custodia del despacho del jefe de servicio a las 7.15 horas.
Por lo tanto, concluye la fiscal, esa llamada «no pudo repercutir» en el resultado de la operación, porque ya estaba en marcha y puntualiza que «no se ha detectado ninguna incidencia» relacionada con ella.
«La llamada efectuada por la delegada del Gobierno se produjo a las 7.43 horas desde el teléfono oficial, pero aunque se hubiera hecho a las 7.20 horas como se afirmó inicialmente, al parecer por error, habría tenido lugar después de que estuviese totalmente desplegado el dispositivo policial», razona.
Además, afirma que Quiñones «no tuvo intención de menoscabar» la acción de la Justicia, ya que se limitó a informar del acordonamiento del edificio.
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