Irene Montero, la secretaria de Estado de Igualdad y la directora de Diversidad Sexual
Quien tuvo, retendrá
Montero y la cúpula de Igualdad tendrán derecho a indemnizaciones que suman un millón de euros
Solo Vicky Rosell está tranquila, porque es juez en excedencia. Las demás han sido excluidas de las listas de Sumar y no tienen plan B. De momento podrán vivir de la indemnización por cese
Irene Montero y su cúpula en el Ministerio de Igualdad tendrán derecho a unas indemnizaciones por cese que superan el medio millón de euros anuales durante dos años. Un millón en total. Ninguna de ellas –solo hay un hombre– ha sido incluida en las listas de Sumar, así que tendrán que pensar en un plan b. Salvo en el caso de Vicky Rosell, juez en excedencia.
De momento, la ministra de la ley del 'solo sí es sí' no quiere hablar de su futuro fuera de la política, sino que Podemos sigue presionando a Yolanda Díaz para que levante su veto. Aunque la vicepresidenta segunda no lo va a hacer.
La indemnización por cese es un derecho que tienen los altos cargos de éste o cualquier otro gobierno cuando son destituidos o dimiten por voluntad propia. Asciende al 80 % del sueldo durante el mismo tiempo que haya ocupado el puesto, hasta un máximo de 24 meses. Eso sí: es incompatible con cualquier otro salario público o privado, y el beneficiario tiene que solicitarla al Ministerio de la Presidencia.
En el caso de Montero, sus honorarios como ministra ascienden a 77.478 euros anuales, según el Portal de Transparencia. Así que su indemnización por cese, si la reclama, ascendería a 61.982 euros al año, por un máximo de dos. Son más de 5.100 euros mensuales.
Su pareja, Pablo Iglesias, percibió esa indemnización cuando dimitió como vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, en marzo de 2021. La estuvo ingresando entre el 1 de abril y el 4 de septiembre de ese año, a razón de 5.316,42 euros mensuales. Percibió en total 27.290,96 euros, porque en septiembre de 2021 renunció a esa compensación para iniciar sus colaboraciones en prensa y radio.
En el caso de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez «Pam», en 2022 percibió un total de 123.694,36 euros. Tras su marcha, y siempre que no emprenda otro camino laboral, le correspondería una indemnización de 7.068,24 euros al mes. A diferencia de Montero, la número dos del ministerio no lleva dos años en el cargo, sino que lo asumió en octubre de 2021.
Lo hizo en sustitución de Noelia Vera, que dimitió alegando «motivos personales». Vera contó entonces que necesitaba «tomar aire y emprender nuevos caminos». Sin embargo, ese «nuevo camino» fue acogerse a la indemnización por cese a la que tenía derecho: 7.049,12 euros mensuales. Todavía hoy sigue cobrándola, aunque el último mes que le corresponde es julio. Para entonces habrá percibido cerca de 148.000 euros.
Caso distinto es el de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rosell, juez en excedencia y también defensora a ultranza de la ley del 'solo sí es sí' tal y como fue aprobada inicialmente. El lunes, Rosell se jactó en Twitter de que tiene la vida resuelta cuando deje el Ministerio. «Yo gano más como magistrada que en el Gobierno», presumió. Y echó cuentas, aunque algún juez tuitero se las rebatió. En todo caso, es de prever que ella no pida ninguna indemnización, puesto que solicitará el reingreso en la carrera judicial (está descontada).
No así la directora del Gabinete de la ministra, Lidia Rubio, que en los últimos años ha seguido a Montero por todos sus destinos. Ella no es funcionaria. Además, en su caso le corresponde menos indemnización porque fue nombrada en junio de 2022. De ahí a final de año ganó 52.349 euros.
Tampoco se sabe nada del destino de la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti García, que lleva años viviendo del activismo. En su caso, el año pasado cobró 93.406 euros. Así que, si la solicita, tiene derecho a una indemnización de 74.724 euros anuales, que serían el doble si agotara los dos años de prestación.
Y lo mismo –mismo sueldo, misma indemnización– le corresponde a la directora General para la Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial, Rita Bosaho. Sin embargo, dos de las asesoras de cabecera de Montero, Isa Serra y Teresa Arévalo (incluso la han acompañado en sus viajes a Estados Unidos), no tendrán derecho a un solo euro porque no entran en la categoría de altos cargos.
En el caso de la directora del Instituto de las Mujeres, la que lo fue hasta abril, Toni Morillas, dimitió entonces para presentarse a la Alcaldía de Málaga. El sábado se espera que recoja su acta de concejal, en cuyo caso no podrá pedir indemnización. A su sustituta en Igualdad, Ana Varela, le corresponderá poco porque va a estar un periodo muy limitado, pero aun así tendrá derecho.
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