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22 de mayo de 2024

Pedro Sánchez y Cándido Conde-Pumpido, en enero en la Moncloa

Pedro Sánchez y Cándido Conde-Pumpido, en enero en la MoncloaEFE

Tribunales

Conde-Pumpido rectifica por segunda vez con una causa política en campaña tras retirar el CGPJ del orden del día

El presidente del Tribunal Constitucional trató de lograr un pronunciamiento del Pleno sobre la falta de renovación del Consejo del Poder Judicial antes del 23-J

Por segunda vez en lo que va de año y antes de una convocatoria electoral. El pasado viernes, el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido retiraba del orden del día un asunto de marcada carga política, tras las críticas recibidas por parte de los magistrados que integran el Tribunal. Si en una primera ocasión el veterano jurista gallego se veía obligado a renunciar a la admisión del recurso del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y otros de los condenados en la causa de los ERE –antes de las pasadas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo–, ahora ha tenido que dar marcha atrás en su intento por obtener un pronunciamiento del Pleno del órgano acerca de la sentencia, no firme, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que afea a España su inacción en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Tras conocerse el fallo de Estrasburgo, el presidente de la Corte de Garantías, se apresuró a incorporar dicho asunto a los contenidos inicialmente previstos para primera deliberación de la Sala Primera, previstos para este mismo lunes. Sin embargo, en una durísima carta remitida a Conde-Pumpido los magistrados Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y Ricardo Enríquez solicitaron que se eliminase el asunto, de acuerdo con la norma no escrita que rige los más altos tribunales de nuestro país, para no interferir en el proceso electoral del próximo 23-J, por ser el CGPJ un tema de calado político que afecta a las principales formaciones de nuestro país.
Los tres juristas apuntaron, también, a la conveniencia de que fuese el propio TC el que instase a la Abogacía del Estado a recurrir el fallo europeo para defender su jurisdicción.
Así las cosas, finalmente, el cónclave de la Sala Primera celebrado ayer no llegó a adentrarse en el estudio de la materia que se limitó, según han apuntado a El Debate fuentes próximas al TC, a una «mera conversación en la que cada uno de los miembros de la Sala dio su opinión» sobre la negativa del propio órgano a admitir el recurso que presentaron seis magistrados de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), en octubre de 2020. No en vano, dichos jueces formaban parte de los más de 50 candidatos seleccionados en 2018 para renovar el CGPJ, cuyo mandato expiró el 4 de diciembre de ese año sin que aún haya sido reemplazado.
El TC inadmitió dicho recurso en 2021, por haberse presentado de manera extemporánea, esto es, fuera del plazo legal máximo fijado de tres meses, algo que el TEDH declaró el pasado 22 de junio que fue una violación del derecho de estos seis magistrados a acceder a la tutela judicial efectiva porque el Constitucional no motivó de manera suficiente las razones que le llevaron a rechazar de plano la demanda de amparo.
Tras la condena de Estrasburgo, que apela directamente al TC, el presidente del Constitucional y de su Sala Primera, Cándido Conde-Pumpido, incluyó en el orden del día de ésta última el estudio del recurso inadmitido con una ponencia elaborada por él mismo que aboga por autocorregirse y darle trámite. Algo «inédito» en la trayectoria del Tribunal y que, además, según apuntan fuentes de toda solvencia a El Debate no es posible porque «excede las competencias de la Corte». Finalmente la cuestión quedaba excluida como tal y no se tomaba decisión jurídica alguna.
No obstante, el jurista gallego sigue insistiendo en la necesidad de tratar «cuanto antes» el debate sobre cuál debe ser la respuesta del Constitucional a la vulneración de derechos apreciada por el tribunal europeo mientras, como denuncian en el seno de la institución, «mantiene en la nevera el tema de la función de los nombramientos discrecionales hurtada al Consejo» por el actual Gobierno socialista de Pedro Sánchez.
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