El CGPJ eleva a 1.155 las rebajas de penas y 117 las excarcelaciones por la 'ley del sí es sí'
Consecuencias de las leyes ideológicas
El Parlamento Europeo debatirá la ley del 'solo sí es sí' de Irene Montero
Vox consigue que el próximo septiembre la Comisión de Peticiones celebre un debate sobre la rebaja de penas a miles de agresores sexuales
El Parlamento Europeo ha decidido esta mañana investigar las consecuencias legales de la conocida como ‘Ley del Sí es Sí’ del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, dirigido por Irene Montero, tras aprobar la tramitación de una petición popular presentada por Jesús Muñoz, vicepresidente y portavoz de la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de la Violencia Doméstica (ANAVID).
La reunión de coordinadores de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha establecido como fecha para debatir el próximo mes de septiembre. Sean cuales sean los resultados de las elecciones del próximo 23-J, las políticas de la época de Sánchez podrían acarrear consecuencias a sus responsables.
El objetivo es investigar el proceso legislativo en todas sus fases, desde su motivación hasta su aplicación, así como todos los casos en los que se ha rebajado la pena. Son más de 1.000 los condenados beneficiados por Irene Montero aun sabiendo de las consecuencias que tendría aprobar una legislación semejante.
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La petición de estudio también reclama la inmediata derogación o, en su defecto, la profunda reforma, así como una misión de investigación a España para conocer testimonios directos de víctimas. El documento se presentó el pasado 15 de febrero y, hasta ese momento, una de cuatro revisiones terminaba en rebaja penal a un agresor sexual. El Ministerio de Igualdad siempre negó que esto ocurriría. El texto de la denuncia no se olvida de Ángela Rodríguez «Pam», secretaria de Estado de Igualdad y, junto a Irene Montero, una de las principales responsables de que esta ley se llevara a cabo.
Sin consenso en Europa
Esta investigación también provocó el enfrentamiento entre en Partido Popular y Vox. El partido de Santiago Abascal presentó una solicitud para aplicar el procedimiento de urgencia el pasado 8 de marzo pero el PP lo bloqueó el mismo mes para que el debate se retrasara hasta pasadas las elecciones autonómicas y municipales. Esto se entendió como una ayuda al Gobierno de Sánchez en un momento de extrema debilidad.
La insistencia de Vox ha tenido sus frutos y la Eurocámara reconoce, a menos de una semana de las elecciones generales en España, que existen suficientes indicios para abrir una investigación ante un posible abuso de ley que ha permitido que agresores sexuales de todo tipo hayan visto rebajadas sus penas.
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