La ministra de Igualdad, Irene Montero
Igualdad gasta 139.000 euros en analizar el racismo de los sanitarios, profesores y propietarios de viviendas
El ministerio quiere que las «potenciales víctimas» ofrezcan su versión sobre el racismo en España
El Ministerio de Igualdad ha puesto en marcha los trámites para dar comienzo a la realización de un estudio sobre racismo en ámbitos tales como la sanidad pública o privada, la educación o el acceso a vivienda. Para ello gastará 139.000 euros concedidos a través de un contrato público.
El informe se publicará bajo el título «Estudio sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico en España por parte de las potenciales víctimas» y completará a otros anteriores financiados por el ministerio dirigido por Irene Montero.
Dicho estudio versará sobre la «evolución en el tiempo de la percepción y las experiencias de discriminación motivadas por el origen racial o étnico y otras formas conexas de intolerancia de las víctimas potenciales». El documento explicativo relata que la intención es medir «por medio de la aplicación de un cuestionario presencial», en qué medida estas personas perciben que son discriminadas por el hecho de pertenecer a grupos poblacionales o étnicos que sufren, «con más asiduidad, como víctimas, la discriminación racial y en que ámbitos y circunstancias se produce esa discriminación, prestando, en todo caso, una especial atención al empleo, el consumo, la vivienda, los asentamientos informales, el empadronamiento, la sanidad pública y privada, la educación, el acceso a servicios públicos y privados, la seguridad pública y privada, y los medios de comunicación e internet».
La licitación detalla que el estudio debe incorporar la intensidad en que las personas son discriminadas por motivos racistas, la evolución de dichas discriminaciones, las situaciones más frecuentes y las denominadas como «discriminaciones múltiples e interseccionales». Además, se deberá analizar el racismo desde un punto de vista estructural, es decir, calificando el problema como un asunto arraigado en la sociedad y las instituciones.
El ministerio exige que se realicen un mínimo de 1.800 encuestas con una duración de 20 minutos a media hora. Por otro lado, deberán figurar un mínimo de 15 opiniones de expertos a quienes tendrán que realizar una entrevista en profundidad analizando la situación del racismo en España.
Para la realización del estudio se contratará un coordinador, un consultor senior, ocho investigadores y un analista de datos como apoyo para la configuración del informe.
Con el estudio, Igualdad hará hincapié en la idea de que el racismo es un problema estructural instaurando en España y que, por tanto, su tratamiento debe basarse en solucionarse en las instituciones. Concretamente, el ministerio quiere supervisar el racismo entre los profesores, los profesionales sanitarios, los periodistas y los propietarios de viviendas.
La licitación publicada en el portal de contratación del Estado aún no ha sido resuelta y, por lo tanto, aún no se ha elegido la empresa para su realización.
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