La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante la rueda de prensa
Vox lleva al Congreso una iniciativa para impedir que miembros del Gobierno pacten con prófugos o condenados
El partido de Abascal insta a impulsar una «regulación del indulto que proscriba su aplicación» para los casos en los que el delito sea cometido por miembros del Gobierno y autoridades o funcionarios en el ejercicio de sus cargos
Continúa la ofensiva parlamentaria de Vox tras la reunión mantenida en Bruselas por la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, con el expresidente catalán condenado por el 1-O y prófugo de la justicia, Carles Puigdemont en plena ronda de contactos para recabar apoyos de cara a una eventual investidura de Pedro Sánchez.
Después de registrar una batería de preguntas y las correspondiente solicitud para que Díaz comparezca para explicar, entre otras cosas, los motivos de ese viaje, en calidad de qué acudió a ese encuentro y qué se acordó, el partido de Santiago Abascal ha dado un paso más y ha registrado este jueves en la Cámara Baja una proposición no de ley para impedir que miembros del Gobierno o cualquier autoridad o funcionario colaboren, negocien o pacten con prófugos o condenados por la Justicia. Así lo ha anunciado la portavoz del grupo parlamentario, Pepa Millán, que ha tildado de «bochornosa» la imagen de Díaz y Puigdemont.
En el escrito presentado, Vox denuncia que la reunión de la vicepresidenta con el exdirigente catalán se produjo «sin conocimiento del Tribunal Supremo», algo que, según señala la formación, pone de manifiesto un «grave incumplimiento» de los deberes básicos que le corresponden en tanto que es representante público. Así, remarca que la actuación de la número tres del Gobierno son de extrema gravedad, en tanto que suponen «contradecir» la resolución del Alto Tribunal que acusa al expresidente catalán fugado de desobediencia y malversación.
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Pese a que desde Moncloa quisieron desvincularse del encuentro en Bruselas, el partido de Abascal recuerda que las acciones e intervenciones públicas «no pueden ser ajenas» a su condición de miembro del Gobierno en funciones, y considera que el Ejecutivo es responsable «del «descrédito y del desprecio» que, a su juicio, estos hechos suponen para el Estado de derecho, la democracia y las instituciones y autoridades judiciales españolas.
«Constituye un verdadero escándalo que un miembro del Gobierno de España esté actuando de esta manera», subraya Vox, haciendo hincapié en que se produce además en un contexto de negociaciones con partidos separatistas con objetivos políticos «alejados totalmente de la Constitución y el ordenamiento jurídico», y cuando ni siquiera se ha celebrado la sesión de investidura del candidato propuesto por el Rey, Alberto Núñez Feijóo, de finales de este mes.
Asimismo, Vox, que recalca que España se encuentra en una situación de «emergencia de excepción nacional y democrática», insta al Gobierno a impulsar una «regulación del indulto que proscriba su aplicación» para los casos en los que el delito sea cometido por miembros del Gobierno, autoridades o funcionarios en ejercicio o en contra del criterio del Tribunal que ha dictado la sentencia o de la víctima.
También pide que se establezcan las medidas necesarias para impedir que las actuaciones relacionadas con negociaciones o acuerdos políticos «menoscaben» la unidad nacional y el prestigio de sus instituciones y su imagen a nivel internacional. Y finalmente, exige en su escrito que se garantice que «bajo ningún pretexto» se utilizarán fondos ni medios públicos para facilitar la negociación, contacto o pacto político con prófugos o condenados por la Justicia.
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