El líder de Vox, Santiago Abascal, y la nueva portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán
Vox propone blindar el español en el Congreso la víspera de que se implanten las lenguas cooficiales
El partido de Abascal propone también, entre otras cosas, que se impida la «constitución fraudulenta» de grupos parlamentarios mediante la cesión de diputados
Vox ha registrado este lunes una proposición de reforma del Reglamento del Congreso para que, entre otras cosas, se blinde el uso del español como única lengua permitida en el ejercicio parlamentario. En el texto, el partido de Santiago Abascal pide modificar el artículo 15 del citado reglamento para que en él se recoja que «los diputados están obligados a utilizar el español en el ejercicio de su actividad parlamentaria, tanto en sus intervenciones orales como en los escritos que presenten en el Congreso».
Lo hace un día antes de que se debata en el Pleno de este martes la toma en consideración de la reforma del Reglamento de la Cámara Baja para permitir el uso de las lenguas cooficiales, una propuesta del PSOE, Sumar y sus socios independentistas contra la que Vox anunció la pasada semana una enmienda a la totalidad. Según denunció su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, esta iniciativa del Gobierno «no busca una España más democrática ni plural», sino «convertirnos en extranjeros dentro de nuestra propia nación» y «profundizar» en la división entre españoles.
En el escrito presentado este lunes en el Congreso, la formación critica que «se ataca directamente la importancia de la lengua como elemento de cohesión política y territorial». También, subraya que emplear lenguas distintas al español vulnera el derecho fundamental al ejercicio de la función representativa y supone «privar» a la mayoría de los españoles de la posibilidad de «comprender al momento» las intervenciones o actuaciones que se produzcan en la sede de la soberanía nacional.
Prohibir la «cesión» de diputados
El partido de Abascal propone también que se impida la «constitución fraudulenta» de grupos parlamentarios mediante la cesión de diputados de otras formaciones políticas. Para Vox, esta cesión constituye un «fraude de ley». Según dicta la norma de la Cámara, 15 diputados es el número mínimo para tener grupo propio o el 15 % de los votos en las circunscripciones en las que se presenta o un 5 % a nivel nacional. En este sentido, el partido denuncia que en las últimas legislaturas la Mesa ha permitido que se constituyan grupos que no cumplían estos requisitos. Por ello, propone que se modifique el artículo 23 de forma que quede «prohibida explícitamente» esa cesión de diputados.
Por otra parte, y para evitar «falsos juramentos», propone que, ante la pregunta formulada por el presidente de la Cámara «¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?», el diputado responda «Sí, juro» o «Sí, prometo», de forma que se eviten otras fórmulas para jurar el cargo en el hemiciclo y adquirir así la condición plena de diputado. Ya cuando el pasado agosto se constituyeron las Cortes, Vox denunció que las fórmulas empleadas por algunos diputados –algunos aludieron, por ejemplo, a la «república catalana» o «vasca»– incumplían el reglamento.
Además, en el texto el partido critica que el Gobierno se ausentó «sistemáticamente» del debate y votación en el Pleno de muchas iniciativas, algo que es, a su juicio, «incompatible con el espíritu» del marco constitucional en cuanto a las relaciones entre el poder legislativo y el ejecutivo. Por ello, quiere modificar el artículo 55 para que se establezca que al menos dos miembros del Ejecutivo estén «siempre presentes» en las sesiones del Pleno y particularmente en el debate y la votación de las «iniciativas de la función de control político».
Asimismo, quiere modificar el artículo 126 para evitar que se tramiten como proposiciones de ley iniciativas que «materialmente» son proyectos de ley, de manera que propone que cuando se trate de proposiciones de ley que hayan sido iniciativa de diputados o grupos parlamentarios que sustenten al Gobierno, estas sean remitidas, además de al Gobierno, a los «órganos a los que el ordenamiento jurídico encomendase informar por razón de la materia» si fuera un proyecto de ley y al Consejo de Estado para que emitan un «dictamen preceptivo y no vinculante» en un plazo de 20 días. Por otro lado, también piden reformar el artículo 82.2 para que se amplíen los motivos para que se conceda el uso del voto telemático.
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