Juristas explican distintas fórmulas que podrían usar el PSOE y Sumar para no tener que hablar de amnistía

Dos días después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se reuniera en Bruselas con el prófugo de la justicia y líder de Junts, Carles Puigdemont, Jaume Asens –dirigente de Sumar encargado de negociar con el secesionismo– dejó entrever en una entrevista en Atresmedia que la amnistía no es la única fórmula para beneficiar a los políticos independentistas del 1-O, y, en consecuencia, «desjudicializar el conflicto».

«Sí que es verdad que hay diferentes posibilidades para intentar pasar página, para intentar curar las heridas de los hechos ocurridos en el 2017, y, para digamos, ir al terreno político. Porque nuestra opinión, y en eso sí que estamos de acuerdo con Puigdemont, es que ahora es un momento para intentar volver a terreno político», aseguró Asens.

De igual manera, el político de Sumar subrayó que «él (Puigdemont) habló efectivamente de ley de amnistía, pero a mí me parece importante destacar que no descartó otras vías que puedan lograr el mismo efecto, el mismo resultado, y que tengan otro nombre. Creo que no nos tenemos que quedar atrapados en el nombre porque en verdad hay diferentes opciones».

Las distintas fórmulas

Pablo Nuevo, profesor Derecho Constitucional y director del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Abat Oliba CEU, ha comunicado a El Debate que en el caso de que no quieran materializar una «ley de amnistía» hay «otras dos maneras distintas». «La primera, simplemente cambiarle nombre, que sería una cosa muy burda, porque en Derecho las cosas son lo que son, y no lo que se dicen que son», ha explicado.

«La segunda opción, que yo creo que no convence a parte del independentismo, es que la amnistía con otro nombre se refiera solo a algunos delitos. Claramente a lo que sería la sedición, que es el principal horizonte penal que tiene Puigdemont. Y entonces ahí habría que ver cómo lo hacen o de qué manera buscan un cambio en la definición del delito para que pueda dejar fuera del tipo penal lo que se hizo a partir de la sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes condenados», ha agregado Nuevo.

De igual manera, el profesor de Derecho Constitucional de la Abat Oliba ha afirmado que «el problema está en que las causas de los independentistas son muchas –más allá de la que pueda afectar a Puigdemont– porque hay muchos que han sido condenados por utilización de datos personales de manera ilícita o malversación de caudales públicos. Y diseñar un traje a medida me parece muy complicado ya que a ver de qué manera justifican que la malversación de un señor dirigida a conseguir dinero para fomentar la independencia no es delito».

Ley de punto final

Carlos Pérez del Valle, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Abat Oliba CEU, ha contado a este periódico que «lo que se propone en España es una ley de punto final». «Una ley de punto final –al estilo leyes de amnistía en el Cono Sur, que son el modelo– la dicta un gobierno militar cuando va a establecer el inicio de una democracia, y lo establece propio gobierno perdonándose ellos a sí mismos», ha añadido.

«Una ley de punto final condicionada necesariamente y que beneficie a quien lo dicta, que es lo que se da en el caso español porque –aunque evidentemente será el Parlamento el que decida– quien lo está exigiendo es quien va a ser beneficiado exclusivamente, y no está pidiendo un pacto», ha apostillado Pérez del Valle.

Por su parte, Pablo Nuevo considera que «las leyes de punto final son mucho más cuestionables». «Las leyes de punto final son normas que se hicieron en Argentina y Chile cuando se pasó de la de la dictadura a la democracia. Y lo que vienen a decir es aquí ha habido un conflicto que en ocasiones ha tenido repuntes terroristas y se perdona a las dos partes».

«En España sería sería una especie de ley 'para proteger a todos'; es decir, a los separatistas y a los policías que pudieran haber actuado mal. De manera implícita se está diciendo que los policías que defendieron la legalidad en el año 2017 e intentaron hacer cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional se comportaron del mismo modo que la policía argentina cuando hizo desaparecer y torturó a activistas políticos en la década de los 70. A mí me parece que para los que se han jugado su carrera defendiendo la legalidad es algo claramente insultante ya que algunos han tenido que pagar un precio muy alto», ha apuntalado Nuevo.

De hecho, el ministro de Universidades Joan Subirats –que pertenece a la cuota de Podemos en el Gobierno– consideró el pasado domingo 17 de septiembre que una posible ley de amnistía debería incluir a los policías procesados por el 1-O porque «lo que se tiene que intentar es incorporar todos los elementos que formen parte del conflicto».