na multa de 400 euros por lanzar una piedra de más de 10 kilos contra un vehículo de la Guardia Civil es el castigo que tendrá que abonar un joven de la localidad oscense de Chía por el incidente que protagonizó en una noche de fiestas.
Un amigo suyo tendrá que abonar, además, 1800 euros de multa por agredir a los dos guardias civiles que pretendían identificarlos por el lanzamiento de la roca.
Para «evitar que parezca que existe patente de corso en las continuas agresiones a los agentes policiales y salga gratis agredir a los servidores públicos que velan por la seguridad de la ciudadanía», la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC), que ha llevado la acusación particular del caso, estudia presentar un recurso de apelación «para incrementar la condena tanto en extensión como en la inclusión del delito de atentado y que tenga un verdadero efecto disuasorio», afirman desde esta asociación.
Los hechos se produjeron el 29 de mayo de 2022 cuando uno de los condenados arrojó una piedra de grandes dimensiones contra un vehículo oficial de la Guardia Civil. La sentencia a la que ha tenido acceso El Debate explica que «tras un periodo de búsqueda en la que participaron parte de los vecinos del pueblo, se localizó una furgoneta estacionada en la parte trasera de la iglesia».
El texto continúa explicando que el otro condenado «tardó en salir de la furgoneta, haciendo caso omiso a los requerimientos del agente que lo hizo, se negó a identificarse, y obstaculizó la labor de la policía, haciendo aspavientos con las manos, dando manotazos, alguno de los cuales alcanzaron al referido agente; e intentando marcharse y quitarse de encima al agente que intentaba proceder a su detención; en ese ínterin, a la vez que intentaba zafarse del agente, con un deambular poco estable se golpeó la cabeza con la puerta del vehículo policial. Los agentes estaban uniformados y el vehículo era el característico de este Cuerpo».
Continuas agresiones a la Policía
Este caso es uno más de las múltiples agresiones que se registran contra los agentes de la Guardia Civil o la Policía Nacional, así como contra agentes locales a lo largo del tiempo. Por este motivo, tanto la asociación Independientes de la Guardia Civil como el resto de asociaciones y sindicatos de los agentes policiales piden que su trabajo sea considerado como «profesión de riesgo».