El expresdiente catalán Carles Puigdemont
Investigación
Puigdemont encargó la cartelería del referéndum ilegal a la pareja de la jueza que frenó el caso Negreira
El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont encargó la cartelería para promocionar la celebración del referéndum ilegal del 1-O a la empresa Artyplan. Esta compañía es propiedad de Ignasi Pietx, pareja de Silvia López Mejía, la jueza de refuerzo que dirigió la instrucción del caso Negreira en su fase inicial. El Debate ha desvelado este lunes en exclusiva que la magistrada no se abstuvo por conflicto de intereses a pesar de que su cónyuge figura en la lista de patrocinadores y proveedores del Fútbol Club Barcelona.
Tal y como ha podido saber este periódico, dos semanas antes de que se llevara a cabo el referéndum ilegal de 2017, la Guardia Civil registró los almacenes de Artyplan. Los investigadores habían recibido el chivatazo de que en el interior de la nave, ubicada en el Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), podían encontrarse las urnas que Puigdemont había encargado para la votación fraudulenta. Sin embargo, para sorpresa de la unidad policial encontraron a los trabajadores de Pietx imprimiendo la cartelería que la Generalitat tenía previsto usar para promocionar el 1-O.
Artyplan fue registrada por un grupo de 15 agentes de la Guardia Civil
En concreto, los agentes interceptaron un encargo de 456.000 pancartas divididas en 400.000 dípticos, 15.000 flyers formato Din A3, 11.000 flyers formato Din A4 y 30.000 carteles. La inscripción que estaba grabada en ellos decía: «Vas naixer amb la capacitat de decidir. Hi renunciarás? 1-Oct Referendum d’Autodetrminació de Catalunya. GeneraIitat de Catalunya» (traducido, «Naciste con la capacidad de decidir. ¿Renunciarás? 1 de octubre, Referéndum de Autodeterminación de Cataluña. Generalitat de Cataluña»).
La contratación de Artyplan por parte de la Generalitat se llevó a cabo usando como pantalla a la entidad independentista Ómnium Cultural, que en aquel momento estaba presidida por Jordi Cuixart. Una trabajadora de la pareja de la jueza declaró en el Tribunal Supremo en el conocido como juicio del procés que la persona que hizo el encargo a Artyplan fueron dos personas conectadas con Antoni Molons, en aquel momento secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat. Según el testimonio de la empleada, se recibieron tres indicaciones en el momento en que hizo el encargo: que era urgente, que el pedido era voluminoso y que pagaba la Generalitat.
Un grupo de independentistas se manifestó en apoyo a Artyplan durante el registro policial
La sentencia del procés refleja que los contratos para realizar la publicidad del referéndum ilegal se adjudicaron a Artyplan y a dos empresas más. El objetivo de este reparto era «minimizar los riesgos de ser interceptados por si intervenía la Guardia Civil». Otra de las precauciones que tomó el cónyuge de Silvia López Mejía fue no emitir factura por el encargo. De esta manera, no quedaría rastro documental y, además, se eludía a Hacienda.
Cataluña, fuera de España
Ignasi Pietx es un empresario abiertamente independentista. Su primera declaración pública fue en 2012, cuando participó en un reportaje de la revista Presencia. La pareja de la jueza que frenó el caos Negreira se declaró en favor de una Cataluña fuera de España y defendió la viabilidad del proyecto separatista. De la misma manera, aseguró no temer ni boicots ni represalias. Desde entonces su apoyo ha sido continuo. De hecho, en sus redes sociales difunde contenido con el lazo amarillo, símbolo del independentismo.
El empresario Ignasi Pietx, pareja de la jueza Silvia López Mejía
Desde 2018 es miembro del patronato de FemCat, una asociación privada de empresarios conformada por un centenar de altos ejecutivos partidarios de la realización de un referéndum ilegal. El lema de la entidad es «hacer de Cataluña uno de los mejores países del mundo». Pietx comparte patronato con destacadas empresas que se han significado por su apoyo al separatismo. Algunas de ellas son Agrolimen, de la familia Carulla, que comercializa marcas como Gallina Blanca); Mediapro, representada por Tatxo Benet, socio de Jaume Roures; o la cadena de supermercados Bon Preu, presidida por Joan Font.
En el FemCat también figura la empresa informática Seidor (que recibió contratos de la Generalitat por importe de más de 400 millones de euros tras fichar al cuñado de Artur Mas, Joan Antoni Rakosnik) y constructoras como Comsa y Copisa, que pagaron comisiones del 3 % al PDeCAT a cambio de la adjudicación de contratos públicos, según la Fiscalía Anticorrupción.
En el punto de mira
Silvia López Mejía, la magistrada que instruyó el caso Negreira durante cuatro meses, está en el punto de mira tras El Debate haber publicado que ocultó a la Audiencia Provincial de Barcelona que su pareja era patrocinador y proveedor del Barça. Este hecho debería de haber motivado que la juez, tras llegarle el asunto, hubiera dictado un auto acordando su abstención como consecuencia del conflicto de intereses. Sin embargo, no lo hizo. Durante los cuatro meses que estuvo al frente de la instrucción, causó extrañeza la paralización de la instrucción.
Este periódico ha publicado la existencia de un documento de Artyplan donde reconocen ser el «proveedor preferente de toda la producción gráfica del club desde el año 2003». Paralelamente, el Barça tiene registrada a la empresa del cónyuge de la jueza en su programa de patrocinio. El club también ofrece un descuento del 10 % a los socios que contraten los servicios profesionales de Artyplan. Para poder beneficiarse de la rebaja tan sólo hay que presentar el carnet azulgrana.
La instrucción que hizo la jueza Silvia López Mejía entre los meses de marzo, cuando de destapó el escándalo, y julio causó malestar en altas instancias judiciales al apreciarse continuos retrasos. No se decretó ningún registro, todo se encontraba paralizado, los plazos se apuraron hasta el final y su acción se limitó a tramitar cuestiones meramente burocráticas. De hecho, como consecuencia de la inactividad de la magistrada, la tesis que el Barça difundió es que el caso no avanzaba porque no había nada en contra del club y que, por este motivo, la investigación estaba abocada al archivo.
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