Homenaje que se realizó a Lasa y Zabala en el paraje valenciano en el que fueron hallados sus restos
Una ley vasca aprueba indemnizar con 135.000 a los etarras Lasa y Zabala, primeras víctimas del GAL
El Constitucional rechazó en 2017 indemnizarles ante la sospecha de que pertenecieran a ETA
La comisión que valora los casos de violencia policial en el País Vasco ha acordado que el etarra Joxi Zabala, una de las primeras víctimas de los GAL tenga derecho a una indemnización de 135.000 euros. El mismo reconocimiento tendrá su compañero de huida a Francia, Joxean Lasa, aunque este reconocimiento vendrá un poco más tarde puesto que sus familiares presentaron la solicitud fuera de plazo.
Esta comisión es la que verifica que se cumpla lo estipulado en la ley vasca de «reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política»
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Joxean Lasa y Joxi Zabala fueron las primeras víctimas reconocidas por el Grupo Antiterrorista de Liberación (GAL), una organización que se dedicó a cometer atentados terroristas contra miembros de ETA que habían huido al País Vasco francés entre los años 1983 y 1987. Eso sí, la mayoría de las víctimas fueron equivocadas y no tenían relación con ETA.
Rechazo del Constitucional
Sin embargo, este no es el caso de Lasa y Zabala. La sentencia condenatoria de los autores de su secuestro, desaparición y asesinato, cuatro guardias civiles y un ex gobernador civil, reconoce la condición de miembros de ETA de los dos jóvenes, que habían huido de España precisamente para evadir la acción de la Justicia.
Precisamente esta sentencia condenatoria de los causantes de los asesinatos de los etarras es en la que se basó el Tribunal Constitucional en 2017 para avalar la negativa del Ministerio del Interior de entonces a indemnizar a las familias de Lasa y Zabala.
Las familias de Lasa y Zabala querían acogerse a la ley estatal de Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, sin embargo, según el Tribunal Constitucional, esta ley «limita la indemnización cuando los solicitantes han participado en la delincuencia organizada o pertenecen a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos».
Posteriormente, en 2016, llegó la ley vasca de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999 y esta ley es mucho más laxa y no tiene en cuenta si las víctimas pertenecen a organizaciones terroristas.
