Ley de Memoria Democrática
Análisis para entender la Ley de Memoria Democrática (II)
La otra Historia creada por la Ley de Memoria Democrática
Continuando con el análisis a la Ley de la Memoria Histórica toca hablar de la tercera clave. La cual está vinculada a la Transición. En concreto de 1978 a 1983. La ley plantea designar una comisión técnica que elabore «un estudio sobre vulneraciones de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983». ¿Qué significa esto?
Esta enmienda ha tenido el apoyo de EH Bildu, los herederos de ETA. Y amplían hasta 1983, una fecha clave, para incluir el GAL. Los Grupos Antiterroristas de Liberación fueron agrupaciones parapoliciales que practicaron terrorismo de Estado, también conocido como guerra sucia, contra la organización terrorista ETA y su entorno, de 1983 a 1987. El objetivo era eliminar a la banda terrorista ETA y su estructura de apoyo.
Lo que les interesa es el reconocimiento y la reparación de los miembros de ETA. No buscan otra cosa. Quieren hacer –como se dijo con los juicios del franquismo– que los miembros de ETA dejen de ser culpables de lo que se les ha acusado. Esto es, exculparlos de 850 asesinatos, 2.600 heridos y casi 90 secuestros, del 7 de junio de 1965 al 16 de marzo de 2010.
Según las investigaciones realizadas, los GAL fueron financiados por altos funcionarios del Ministerio del Interior del gobierno socialista de Felipe González. Los GAL fueron responsables de 27 asesinatos. Actuaron en el País Vasco francés. El periodo que han incluido tiene tres nombres como protagonistas. José Antonio Lasa, José Ignacio Zabala y Segundo Marey. Los dos primeros formaban parte del comando Gorki. Fueron detenidos, torturados y asesinados por miembros de la Guardia Civil, por orden del general Enrique Rodríguez Galindo. El tercero era un vendedor de mobiliario de oficinas, que fue secuestrado al ser confundido con el dirigente de ETA Mikel Lujua. En su momento la justicia española ya dictó sentencia contra José Barrionuevo, Rafael Vera, José Amedo o Julián Sancristóbal.
Los títulos del franquismo
La cuarta clave es la eliminación de los títulos nobiliarios concedidos por Franco. Se retirarán 33 títulos. Pero no sólo los concedidos por Franco, sino los primeros que otorgó Juan Carlos I. Al respecto podríamos hacer una pregunta: ¿podía Franco dar títulos nobiliarios?
Aunque históricamente los títulos nobiliarios han sido concedidos por los Reyes, la ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, del 27 de julio de 1947, constituyó el Reino de España sin Rey. Con lo cual el jefe del Estado español se arrogó el derecho de reconocer, renovar, rehabilitar y conceder títulos nobiliarios. Franco concedió cuatro ducados, 15 marquesados, 16 condados y una baronía. La ley de Memoria Democrática quiere suprimir estos títulos por «exaltar la Guerra Civil y la dictadura militar».
Hay algunos que difícilmente podían exaltar nada porque ya habían muerto, como es el caso de José Calvo Sotelo o Santiago Ramón y Cajal. Tampoco podíamos incluir los concedidos al oftalmólogo Hermenegildo Arruga; al consejero y presidente vitalicio del Banco Bilbao Julio de Arteche; al sobrino del nuncio de la Santa Sede en España, de 1921 a 1936 Federico Tedeschini; al ingeniero Eduardo Torroja, al presidente de los Altos Hornos de Vizcaya Alfonso de Churruca; a ramiro de Maeztu o a Víctor Pradera y Larumbe.
Han sido indultados, a posteriori y por darse cuenta del error, el de Víctor Pradera, Hermenegildo arruga, Ramón y Cajal, Tedeschini, Patricio Echeverría, Francisco Martín-Moreno, Eduardo Torroja, María Samaniego, Alfonso de Churruca y Ramiro de Maeztu.
El Rey Juan Carlos I concedió, en 1975, el Señorío de Meirás y el Ducado de Franco, ambos con grandeza de España, a Carmen Polo y Carmen Franco; el Marquesado de Arias Navarro, con grandeza de España, en 1976 a Carlos Arias Navarro; el Condado de Rodríguez de Valcárcel, en 1977, a Alejandro Rodríguez de Valcárcel; y el Condado de Iturmendi, en 1977, a Antonio de Iturmendi. Estos cinco títulos han sido suprimidos. No así el Ducado de Fernández-Miranda, en 1977, a Torcuato Fernández-Miranda Hevia.
Los mantras del gobierno de Sánchez
La quinta clave está vinculada al Valle de los Caídos, que pasará a llamarse Cuelgamuros. La primera medida que se tomó, antes de llegar al Congreso la ley, fue la exhumación del cuerpo de Franco y enterrarlo en el cementerio de El Pardo. Este procedimiento, polémico en su momento, no dejaba de ser la voluntad de Franco. Él quería ser enterrado en El Pardo y no en el Valle de los Caídos, pues ahí descansaban los caídos durante la Guerra Civil. Él no lo era. Por eso nunca se reservó una tumba. Llevarlo al Valle fue idea de Juan Carlos I y la tumba se tuvo que excavar con urgencia para poderlo enterrar.
La polémica sobre el Valle de los caídos, su nombre y la tumba de Franco es uno de los mantras del gobierno de Pedro Sánchez para tapar aspectos claves de su inoperancia política
La segunda parte es que las familias puedan recuperar el cadáver de sus familiares. En el Valle de los Caídos están enterradas 33.833 personas. No todas están ahí desde su inauguración en 1959. El último entierro tuvo lugar en 1983, durante el gobierno de Felipe González. Ahí reposan personas enterradas en fosas y cementerios de toda España, menos Orense, A Coruña y Santa Cruz de Tenerife. Se realizaron 491 exhumaciones en total.
De todos ellos, se calcula que unos 28.000 son soldados franquistas y el resto republicanos. Muchas familias dieron el consentimiento para que sus familiares fueran enterrados ahí, otras se negaron. Dos ejemplos. La familia de Francisco Javier de Alós, asesinado en la retaguardia catalana accedió a que fuera enterrado ahí. La hija de Vicente Mariner, Trinidad Mariner, se negó, aunque se lo pagaban todo, porque deseaba tenerlo cerca, en Nules (Castellón). La polémica sobre el Valle de los Caídos, su nombre y la tumba de Franco es uno de los mantras del gobierno de Pedro Sánchez para tapar aspectos claves de su inoperancia política.
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