El Gobierno maniobra para eludir un pago de 115 millones de euros a Toyota por las primas de las renovables

Hace ahora un año, en noviembre de 2022, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) publicó la sentencia del caso Eurus Energy, una filial de la marca nipona Toyota que decidió iniciar el proceso contra España, en 2016, tras acogerse al Tratado de la Carta de la Energía, ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, reclamando una indemnización de 173 millones de euros por los perjuicios causados por la retirada retroactiva de las primas a las renovables.

Eurus Energy puso en marcha un total de 21 instalaciones de energía limpia en nuestro país que se vieron gravemente comprometidas tras la decisión política de suprimir, una vez aprobadas, los incentivos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a los inversores que apostasen por la energía verde española. Y recibió un laudo favorable de 106 millones de euros más los intereses de demora acumulados desde la publicación de la resolución arbitral, el pasado mes de abril, que ascendían a 2,9 millones de euros más.

Sin embargo, hasta la fecha, y en su línea de impagos de las indemizaciones por las primas a las renovables, el Gobierno de España se niega a atender Además, el proceso se saldó con una condena en costas que obliga a España a pagar otros 4,1 millones de euros (4,4 millones de dólares) a la empresa japonesa. Por lo tanto, habida cuenta de la acumulación de más intereses de demora, las obligaciones del caso se sitúan ya en el entorno de los 115 millones de euros.

Este mismo mes de noviembre, nuestro país ha formalizado el proceso mediante el que pretende anular el laudo del caso Eurus. De esta forma, se pone en marcha la enésima estrategia legal con la que el gobierno de España pretende desgastar a los acreedores a base de seguir dilatando los plazos y continuar aumentando los desembolsos legales asociados a este tipo de litigios.

El comité que resolverá la petición de anulación está presidido por el jurista belga Bernard Hanotiau. Completan el tribunal la experta franco-panameña Katherine González Arrocha y la neozelandesa Penelope Ridings.